domingo, 1 de febrero de 2015

Funcionario, con salario más alto que fondo para víctimas

Jaime Rochín, presidente de la CEAV, percibe al año un sueldo tres veces mayor que el monto destinado a la reparación del daño, que asciende a 500 mil pesos 
INFORMES. A pesar de los esfuerzos de la CEAV, actualmente no cuentan con registro alguno de beneficiarios del fondo de ayuda. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Sergio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), percibe un salario que, al año, significará tres veces más la cantidad con la que cuenta actualmente el Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Este fideicomiso se constituyó el 24 de noviembre de 2014 y se depositaron 500 mil pesos el 1 de diciembre de 2014 para atender a las víctimas que así lo solicitaran. El salario de Rochín del Rincón es de 125 mil pesos netos (175 mil pesos brutos) mensuales, lo cual dará un total de 1 millón 500 mil pesos al año.

A pesar de los esfuerzos de la CEAV, actualmente no cuentan con registro alguno de beneficiarios del fondo de ayuda.

Los viajes de Rochín

A escasos dos meses de haber tomado posesión de su cargo en junio de 2014 —cuestionado por su antecesora María Olga Noriega Sáenz—, Rochín del Rincón viajó, con cargo al erario, a Santiago de Chile y Valparaíso, en una comisión de trabajo que tuvo una duración de siete días —incluyendo un fin de semana— del 24 al 31 de agosto.

El costo total del viaje fue de 35 mil pesos y el objetivo era para “intercambiar experiencias en materia de desarrollo de política pública” en el marco del encuentro “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México y Programa de Apoyo a Víctimas de Chile”.

Este diario solicitó el reporte o documento que haya elaborado el funcionario para justificar el viaje realizado, de acuerdo con la solicitud de información 0063300023214. En la argumentación entregada a este diario se incluyeron encuentros con el embajador de México en Chile, visita al Museo de la Memoria y Tolerancia y reunión con el director del Museo, así como visitas a los centros de atención a víctimas del delito de la comuna de Providencia y la municipalidad de Pudahel, entre otros.

Los contratos

Desde 2012 y hasta el año pasado, la CEAV realizó contratos por diversos montos, algunos de ellos, millonarios. EL UNIVERSAL encontró que, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contrató a Estudios Churubusco para realizar, entre otras cosas, un spot en el que se difundiría el mensaje del organismo. Para ello pagó más de ocho millones de pesos.

Otra empresa que llama la atención por el monto y el tipo de servicio es Tecno Alta Distribución SA de CV, dedicada a la renta de vehículos. La dependencia pagó 12 millones de pesos en un contrato otorgado en febrero del año pasado y a través de adjudicación directa.

Las empresas que han costado las mayores erogaciones a la dependencia en menos de dos años se muestran en la infografía anexa.

Pocos piden la reparación

Para obtener los beneficios del fondo, es requisito estar en un Registro de Víctimas.

De acuerdo con datos proporcionados por la misma comisión, el Registro Nacional de Víctimas recibió mil 963 solicitudes de inscripción, de las cuales, 793 fueron aceptadas, pues de manera general solicitaron la intervención de la CEAV para obtener los beneficios de la Ley General de Víctimas.

Según la misma CEAV, el objeto del fondo es “brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

La normatividad exige diversos “requisitos de procedibilidad”, entre los que destaca el estar inscrita la persona o los familiares en el Registro de Víctimas, presentar una solicitud, declarar que no ha recibido con anterioridad otro tipo de indemnización y contar con una resolución de tipo judicial o de alguna organización de protección de los derechos humanos.

Además, el afectado deberá presentar copias certificadas de la recomendación o sentencia y presentar elementos probatorios del daño material. La comisión, además, hará una evaluación “integral” del entorno familiar y social “con el objeto de contar con los elementos suficientes” para determinar el tipo de ayuda y/o compensación.

El procedimiento es tan complejo que hasta hoy, de acuerdo con la misma CEAV, ninguna persona ha sido beneficiada con este fondo, de acuerdo con la solicitud de información número 0063300026814.

—¿Número de personas que se estén beneficiando con este tipo de ayuda?—, se preguntó.

— Con recursos del fondo, ninguna—, respondió la Unidad de Enlace de la comisión.

Sin embargo, la misma dependencia defendió su existencia al señalar que el fondo fue de reciente creación —24 de noviembre de 2014— y que ingresaron los fondos hasta el 1 de diciembre del mismo año.

“Independientemente de la fecha de constitución del fondo, se ha brindado asistencia y atención a las víctimas de delitos”, insistió en su argumentación la dependencia.

De acuerdo con datos más recientes, la comisión informó a este diario que, hasta el 25 de noviembre de 2014, en cuanto a asesoría jurídica federal, se continuó trabajando con 502 expedientes que recibió de la extinta Províctima (organismo antecesor a la CEAV), así como el procesamiento de tres mil 515 expedientes provenientes de las delegaciones regionales.

Un dato adicional es que al 30 de septiembre del mismo año se iniciaron dos mil 409 expedientes y se concluyeron dos mil 319.

De enero a septiembre de 2014, del total de asuntos que aceptó, asesoró y representó la CEAV, contabilizó dos mil 522 casos durante la etapa de averiguación previa y el proceso penal y participó en un total de 93 procedimientos civiles, familiares y administrativos.

Por otra parte, la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto (UAIPC) de la misma comisión dio a conocer que en enero de 2014 se recibieron de Províctima 630 expedientes en activo, de la entonces Subprocuraduría de Atención a Víctimas u Ofendidos de Delitos.

De éstos expedientes, 483 pertenecían al fuero común y 147 al orden federal.

Entre el 9 de enero y el 30 de septiembre de 2014, la misma unidad atendió a 521 víctimas del delito de la instancia federal; 81 de ellas remitidas al área jurídica de la CEAV y 321 permanecen en la UAIPC para su atención, ya sea médica, sicológica o jurídica y de trabajo social de primera instancia, mientras que concluyeron 119 asuntos.

La UAIPC llenó 629 cédulas de orientación y asesoró a personas que comparecieron ante la CEAV en el llenado del Formato Único de Declaración en 338 ocasiones.

Una comisión de pleitos

La tarde del 29 de abril de 2014 sesionó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Conforme avanzaba la reunión, el tono y los modos entre los mismos comisionados subió de temperatura hasta que estallaron.

Con base en copias del acta de la sesión de la CEAV de ese día, María Olga Noriega Sáenz exclamó que renunciaba a su cargo como presidenta por estar en desacuerdo con los seis integrantes restantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Renuncio. Les dejo la presidencia”, soltó a gritos Noriega Sáenz, según relataron testigos del pleito, pues no se podían poner de acuerdo en unos gastos de la comisión.

EL UNIVERSAL documentó en junio de 2014 las diferencias entre los comisionados, debido a que Noriega Sáenz impugnó ante tribunales que, al abandonar la sala de la sesión, sus compañeros le tomaron la palabra y designaron a Rochín del Rincón como nuevo titular.

Sin embargo, la renuncia de Noriega Sáenz como presidenta de la CEAV debió quedar asentada en un documento oficial y con la firma correspondiente, así lo advirtió el comisionado Adrián Franco Zevada y consta en el acta de la sesión obtenida por este diario.

Noriega Sáenz denunció entonces que la removieron de manera injustificada, hecho por lo que solicitó un amparo que al final fue sobreseído porque justo concluyó el periodo legal para el que fue electa.

La ex comisionada presidenta también acusó a sus ex compañeros de que ella y su personal fueron víctimas de acoso laboral.

Por su parte, el comisionado Julio Hernández Barros indicó en esa misma sesión, que ante la renuncia de Noriega Sáenz, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entró en un “estado de cisma”.

Renuncia y denuncia

Carlos Ríos Espinosa dijo el pasado 30 de enero a este diario, que presentó su renuncia como comisionado de la CEAV, porque en su seno se toman decisiones arbitrarias y poco claras.

Según el ex comisionado, la Ley General de Víctimas debe ser modificada para normar la integración orgánica de la CEAV.

La carencia de reglas empuja a que “constantemente se determinen cambios y tareas de los comisionados con razones poco claras y lleva incluso a arbitrariedades”.

No obstante, el ex comisionado Ríos Espinosa sostiene que no podría calificar esas decisiones como ilegales.

Según un comunicado oficial, el pleno de la CEAV lo integran ahora Susana Pedroza de la Llave, Jaime Rochín del Rincón (presidente), Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros, y “continúa su labor y reitera el compromiso en la atención y acompañamiento de personas víctimas de delito”.

Pero Ríos Espinosa insiste en que las decisiones “súbitas” terminan afectando a las personas a quienes se supone que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas está obligada a atender, por lo que “las víctimas son revictimizadas”.

Ríos Espinosa confirmó que el pleito con Noriega Sánez derivó precisamente de las decisiones “arbitrarias” de quienes integran la CEAV.

El maestro Ríos Espinosa se desempeñó como comisionado de la CEAV desde el 10 de octubre de 2013, cuando rindió protesta ante el Senado de la República.

CEAV, a cuentas

Roberto Gil Zuarth (PAN), presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, informó que esta semana se reunieron con los comisionados.

El legislador criticó que en un año de existencia se hayan suscitado dos escándalos.

“La renuncia de Carlos Ríos es el segundo caso de dificultades y conflictos. Debemos nombrar a un comisionado en su lugar y analizar la gestión de la CEAV, lo cual ya estamos haciendo. Los grupos parlamentarios vamos a tomar decisiones al respecto. Lo que no puede estar sujeto a conflicto, es la atención a las víctimas”, aseguró el panista Gil Zuarth.



Fuente: Lilia Saúl y Jorge Ramos| El Universal