martes, 6 de enero de 2015

Van por médico y directivos de Liverpool por encubrimiento en muerte de empleada

Protesta en Liverpool Perisur por empleada asesinada. 
Foto: Alejandro Saldívar

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercitará acción penal en contra del médico y los directivos de la tienda Liverpool de Perisur que intentaron hacer pasar como infarto el homicidio de la trabajadora de limpieza Angélica Trinidad Romero Severiano, el pasado 15 de noviembre.

Por lo pronto, la dependencia ya solicitó a un juez penal que libere las órdenes de aprehensión correspondientes para poder detener a los implicados en ese incidente.

El fiscal del caso pretende imputarles el delito de encubrimiento por favorecimiento al aparentar que la muerte de la empleada de limpieza de la tienda fue por infarto, cuando la necropsia reveló que fue asfixia por estrangulamiento.

Rodolfo Ríos Garza, procurador capitalino, confirmó el hecho, aunque se reservó detalles:

“No comentaremos quiénes fueron, exactamente por el tema de la secrecía y para evitar la evasión de la justicia, no diremos los nombres, los cargos. Solamente, insisto, ya solicitamos ante un juez, ya pusimos a consideración alguna determinación de varias personas”.

En los próximos días el juez determinará si gira la orden de aprehensión, aunque el delito se considera no grave, por lo que los inculpados podrían alcanzar libertad bajo fianza.

El lunes pasado se difundió que las autoridades judiciales buscan al médico Mariano Espinosa, quien en el acta de defunción aseguró que la mujer murió por un infarto. Sin embargo, la necropsia de ley realizada en el Instituto de Ciencias Forenses del DF un mes después, informó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Además, se investiga al apoderado legal y al gerente de la tienda Liverpool del centro comercial Perisur, para determinar quién intentó entorpecer las investigaciones.

Y es que, cuando personal de limpieza descubrió el cadáver en un cuarto de servicio de la tienda, las autoridades de la misma ordenaron que una funeraria particular lo sacara y preparara los servicios de incineración, sin dar cuenta a las autoridades ministeriales.

Los familiares de la víctima exigieron ver el cadáver y le encontraron huellas de golpes. Fue entonces cuando dieron parte al Ministerio Público. Durante esos días hubo protestas de grupos feministas frente a la tienda para exigir la investigación del crimen como un feminicidio.

El pasado 23 de diciembre, la PGJDF detuvo a Marco Antonio Ochoa Almazán, con quien la mujer tenía una relación sentimental, y trabajaba como auxiliar de mantenimiento de la misma tienda al momento del asesinato. El 2 de enero, el juez 28 Penal del Reclusorio Preventivo Oriente le dictó auto de formal prisión.

Fuente: Proceso| La Redacción