La oficina de la ONU contra la discriminación de la mujer puso en evidencia al gobierno de Enrique Peña Nieto por desatender los compromisos contraídos por el Estado mexicano desde 2012 para la elaboración de un registro de desapariciones forzadas y despenalizar el aborto.
En una carta dirigida al representante permanente de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, la relatora de seguimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), Bárbara Bailey refiere que en julio pasado el gobierno mexicano debió rendir un informe sobre tres recomendaciones del grupo de expertos formuladas dos años antes y publicadas en agosto de ese año.
Fechada el 25 de noviembre pasado, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la representante de la ONU señala que “aun cuando la información solicitada por el Comité debía ser envida en julio de 2014 hasta la fecha no se ha recibido”, por lo que pide al representante permanente ante la ONU una “aclaración respecto del estado actual del gobierno y sobre cuándo se enviará la información solicitada”.
La especialista invita al diplomático mexicano revisar el documento publicado en agosto de 2012 CEDAW/C/MEX/CO/7-8, en específico los puntos recomendatorios 19 b) y 33 a) y b), “que puede seguir a partir del párrafo 41 de las conclusiones finales”, en los que se instruye a dar respuesta puntual en julio de 2014.
Si hay duda sobre lo instruido, la especialista señala que en el primer punto México debió dar cuenta de la conformación del “registro oficial sistemático de las desapariciones forzadas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas” así como de la revisión de los códigos penales locales para tipificar el delito de desaparición forzada.
En ese mismo punto, se recomendó a México “simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial”.
El segundo párrafo recomendatorio el comité CEDAW dio a México dos años para notificar sobre las medidas tomadas para “armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos”, así como una recomendación general formulada por los expertos en 1999.
Sobre esta última recomendación, Bailey insistió en su petición de que el gobierno de Peña Nieto “informe a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades en las que incurren”.
Decenas de organizaciones sociales expresaron su preocupación por el desdén del gobierno de Peña Nieto ante las recomendaciones de los organismos internacionales, pues “la importancia de la información que debe suministrar México no es menor” al tratarse de temas trascendentales como “brindar información sobre políticas relacionadas con desapariciones de mujeres, informar sobre los procesos de armonización legislativa y dar insumos sobre el actuar del personal médico que atiende a niñas y mujeres”.
En un comunicado para referirse a la carta enviada por Bailey, las organizaciones consideraron que “México tiene una deuda con el respeto y garantía de los derechos humanos para todas las personas, lo cual se agrava con diversos sectores de la población como son las mujeres”.
Tras celebrar que la relatora de seguimiento del comité CEDAW pida cuentas al Estado mexicano sobre sus compromisos internacionales, las activistas urgieron al gobierno de Peña Nieto que entregue la información solicitada y que los involucre en “todos los procesos que tengan que ver con la definición, implementación y evaluación de políticas relacionadas con el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas y mujeres en México”.
Entre las decenas de organizaciones que firman el comunicado destacan el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Asociadas por lo Justo (JASS), Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, así como las organizaciones que integran la Red por los Derechos de la Infancia y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Humanos para Todas y Todos”.
Fuente: Proceso| GLORIA LETICIA DÍAZ
