-CFE construirá subestación eléctrica en Paseo de la Reforma y Circuito Interior
- Concluyen comisiones discusión de leyes de Pemex y CFE
Fueron aceptadas a discusión las reservas presentadas por el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD
Para este jueves se abordará el cuarto y último dictamen de las leyes reglamentarias de la reforma energética
Las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, concluyeron el análisis y discusión del proyecto para expedir las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.
En el debate en lo particular del tercer dictamen de las leyes reglamentarias en materia energética participaron 16 senadores del PRI, PAN y PRD, con más de ocho horas de discusión. Además, los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática se reservaron todo el articulado del dictamen.
Al término de la reunión, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub, citó para mañana, a las 15:30 horas, a fin de abordar el cuarto y último dictamen que este día se distribuyó a los integrantes de las comisiones dictaminadoras y se publicó en la página del Senado.
En lo particular, las comisiones aceptaron la discusión de las reservas presentadas por el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD.
A hacer uso de la palabra, el legislador aseguró que en el grupo parlamentario del PRD “no estamos cerrados” a que Pemex y la CFE incorporen nuevos procedimientos de inversión para generar mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana.
Lo que hemos denunciado, advirtió, es el interés manifiesto del Ejecutivo federal para abrir estas dos entidades a una transición que no busca que se conformen en empresas altamente competitivas, por el contrario, en los proyectos para expedir las nuevas leyes de Pemex y CFE se confirma su paulatino debilitamiento hasta su desmantelamiento.
Ante ese escenario, Robles Montoya presentó reservas a los artículos 1, 2, 15, 36, 38, 57, 59, 71, 72, 73 y 97 de proyecto para expedir la Ley de Petróleos Mexicanos, así como sus correlativos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Propuso que las dos entidades permanezcan como propiedad del Estado, con verdadera autonomía de gestión para organizar sus actividades con fundamento en criterios administrativos, técnicos, económicos, financieros, estratégicos, ambientales y de seguridad.
Planteó que el auditor externo de Pemex sea designado por la Cámara de Diputados y consideró que el régimen de remuneraciones de estas empresas no debe estar sujeto al libre mercado, pues podría ser causa para desplazar a los trabajadores de nuestro país en favor de empleados impuestos por las empresas extranjeras, por lo que esta disposición se debe detener.
También propuso que los consejeros sean designados por el Senado de la República, que la Comisión de Energía de ésta Cámara --previa consulta al Consejo de Administración, a la Auditoría Superior de la Federación, los órganos reguladores, trabajadores y al Instituto Mexicano del Petróleo, sea la que someta a el Pleno senatorial una terna para cada vacante, privilegiando la perspectiva de género.
Al pronunciarse en contra de las propuestas, el senador Salvador Vega Casillas, del PAN, indicó que si bien se puede integrar transparencia, eficacia, eficiencia, honestidad y productividad, estas disposiciones se encuentran en los artículos que integran el dictamen.
En cuanto al método de elección de consejeros, señaló que el objetivo es que “la política saque las manos de Pemex”. Advirtió que de modificarlo se corre el riesgo de formar un Consejo que tenga una “visión o empuje” partidista y “eso es lo que no queremos”.
En tanto, el senador Enrique Burgos García, del PRI, señaló que no está a discusión la propiedad originaria, exclusiva, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y la electricidad, tal como lo establece el artículo 27 constitucional.
Afirmó que el gobierno es quien representa y administra a la nación, de acuerdo a la voluntad del pueblo que está expresada en la Constitución. Ésta, a su vez, tiene la supremacía jurídica y todos los demás ordenamientos están subordinados a ella.
Por su parte, el senador del PAN, Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, dijo que respecto a las filiales y subsidiarias, con este dictamen se pretende darles normas de funcionamiento para establecer reglas y candados que minimicen los riesgos de abusos y corrupción.
Señaló que uno de los logros es la modificación del Consejo de Administración, donde se acaba con la participación del sindicato en este Consejo y se busca fortalecer la participación de los consejeros independientes.
Al hablar a favor de las modificaciones, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, sostuvo que en los artículos discutidos se pierde el objetivo central de la reforma energética de dotar de autonomía a Pemex y la CFE, pues se les impone un régimen fiscal diferenciado e incluso con un dividendo anual que sangrará sus finanzas e impedirá su fortalecimiento.
Consideró además que la designación de los integrantes del Consejo de Administración y del auditor de Pemex no puede establecerse como una facultad discrecional del Ejecutivo, sino que el Senado y la Cámara de Diputados deben de participar, para garantizar su autonomía de manera efectiva.
En tanto, la senadora Dolores Padierna Luna refirió que a las filiales y subsidiarias con las que cuenta actualmente Pemex no les aplica la Ley de Entidades Paraestatales, no rinden cuentas, tienen amplia flexibilidad jurídica y pueden contratar deuda al margen del Congreso, lo cual es inconstitucional.
Por ello, consideró que con el dictamen se pretende legalizar a este tipo de empresas que se crean con recursos públicos, pero que no están sujetas a fiscalización y las cuales han dañado severamente no sólo al sector energético sino a toda la industria nacional.
El también senador del PRD Zoé Robledo Aburto destacó que las directrices de la Organización para Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, mencionan que a la hora de desarrollar y actualizar la política de propiedad del Estado, “los gobiernos deberían de hacer un uso adecuado de la consulta pública”.
La entidad coordinadora o propietaria debería ser responsable ante órganos de representación como el parlamento y mantener unas relaciones claramente definidas con los organismos públicos relevantes, incluyendo las instituciones superiores controladas por el Estado.
El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub indicó que no comparte las propuestas para modificar el dictamen, porque los conceptos de fondo que propone están incluidos.
También expresó que con la reforma se podrá reponer la caída de la producción de un millón de barriles en menos de 10 años y dejar de importar 18 mil millones de dólares cada año en petroquímica.
En esta segunda ronda de debate, se pronunciaron en contra los senadores Ernesto Gándara Camou, David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, y Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN, mientras que los legisladores Rabindranath Salazar Solorio, Isidro Pedraza Chávez y Fernando Mayans Canabal se manifestaron a favor de la propuesta de su compañero de bancada, Benjamín Robles Montoya.
-Votarán comisiones del Senado leyes energéticas el lunes y el martes
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá una subestación eléctrica en la avenida Paseo de la Reforma y Circuito Interior, sin embargo, los detalles de esa obra y las autorizaciones otorgadas por las autoridades locales fueron clasificados como “información reservada” por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (SEDUVI).
Ante tal situación, el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf) ordenó a esa dependencia del gobierno capitalino dar a conocer esos datos.
Ese asunto fue abordado durante la sesión de esta tarde del Infodf, y en su resolutivo los comisionados ciudadanos mencionaron que en su respuesta a un particular la Seduvi argumentó que la reserva se debió a que divulgar esa información pondría en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito Federal, y generaría una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.
Sin embargo, al debatir el asunto el pleno de los comisionados determinó que las razones de tal clasificación carecían de fundamento, por lo que ordenó revocar la respuesta, e instruyó al Ente Obligado a echar atrás esa decisión y proporcionar al particular lo que está solicitando.
Además, concluyó que la difusión de la obra no lesiona ningún interés público o particular, sino que abona a la transparencia en las decisiones de un acto de gobierno.
En otro asunto, el Pleno del InfoDF resolvió que la delegación Benito Juárez es competente para dar respuesta a la solicitud de información de un particular que pidió conocer el contenido de las quejas o sugerencias incluidas en el Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal.
El particular solicitó número de quejas o sugerencias contempladas en dicho Programa de la Ley de Desarrollo Social para el DF, así como el contenido de cada una de ellas.
En respuesta, las autoridades delegacionales se declararon incompetentes para proporcionar la información y orientaron al interesado a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO).
El particular se inconformó toda vez que ya había realizado la solicitud a la SEDESO, que a su vez la canalizó a la delegación Benito Juárez, por lo que pidió se revise a qué autoridad compete atender su gestión.
Durante el análisis del recurso y de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, el InfoDF resolvió que la demarcación es parcialmente competente para responder lo relacionado con el contenido de las quejas o sugerencias; y respaldó la orientación a la SEDESO para que Benito Juárez responda sobre el número de éstas.
Por lo anterior, los comisionados determinaron modificar la respuesta de la delegación a fin de que conceda el acceso a la información solicitada y explique, de manera exhaustiva, por qué no es competente para dar respuesta al resto de la solicitud.
En la sesión de este miércoles, se resolvieron 37 recursos de revisión en materia de transparencia, cinco de datos personales y dos acuerdos.
Fueron aceptadas a discusión las reservas presentadas por el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD
Para este jueves se abordará el cuarto y último dictamen de las leyes reglamentarias de la reforma energética
Las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, concluyeron el análisis y discusión del proyecto para expedir las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.
En el debate en lo particular del tercer dictamen de las leyes reglamentarias en materia energética participaron 16 senadores del PRI, PAN y PRD, con más de ocho horas de discusión. Además, los grupos parlamentarios de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática se reservaron todo el articulado del dictamen.
Al término de la reunión, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub, citó para mañana, a las 15:30 horas, a fin de abordar el cuarto y último dictamen que este día se distribuyó a los integrantes de las comisiones dictaminadoras y se publicó en la página del Senado.
En lo particular, las comisiones aceptaron la discusión de las reservas presentadas por el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD.
A hacer uso de la palabra, el legislador aseguró que en el grupo parlamentario del PRD “no estamos cerrados” a que Pemex y la CFE incorporen nuevos procedimientos de inversión para generar mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana.
Lo que hemos denunciado, advirtió, es el interés manifiesto del Ejecutivo federal para abrir estas dos entidades a una transición que no busca que se conformen en empresas altamente competitivas, por el contrario, en los proyectos para expedir las nuevas leyes de Pemex y CFE se confirma su paulatino debilitamiento hasta su desmantelamiento.
Ante ese escenario, Robles Montoya presentó reservas a los artículos 1, 2, 15, 36, 38, 57, 59, 71, 72, 73 y 97 de proyecto para expedir la Ley de Petróleos Mexicanos, así como sus correlativos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Propuso que las dos entidades permanezcan como propiedad del Estado, con verdadera autonomía de gestión para organizar sus actividades con fundamento en criterios administrativos, técnicos, económicos, financieros, estratégicos, ambientales y de seguridad.
Planteó que el auditor externo de Pemex sea designado por la Cámara de Diputados y consideró que el régimen de remuneraciones de estas empresas no debe estar sujeto al libre mercado, pues podría ser causa para desplazar a los trabajadores de nuestro país en favor de empleados impuestos por las empresas extranjeras, por lo que esta disposición se debe detener.
También propuso que los consejeros sean designados por el Senado de la República, que la Comisión de Energía de ésta Cámara --previa consulta al Consejo de Administración, a la Auditoría Superior de la Federación, los órganos reguladores, trabajadores y al Instituto Mexicano del Petróleo, sea la que someta a el Pleno senatorial una terna para cada vacante, privilegiando la perspectiva de género.
Al pronunciarse en contra de las propuestas, el senador Salvador Vega Casillas, del PAN, indicó que si bien se puede integrar transparencia, eficacia, eficiencia, honestidad y productividad, estas disposiciones se encuentran en los artículos que integran el dictamen.
En cuanto al método de elección de consejeros, señaló que el objetivo es que “la política saque las manos de Pemex”. Advirtió que de modificarlo se corre el riesgo de formar un Consejo que tenga una “visión o empuje” partidista y “eso es lo que no queremos”.
En tanto, el senador Enrique Burgos García, del PRI, señaló que no está a discusión la propiedad originaria, exclusiva, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y la electricidad, tal como lo establece el artículo 27 constitucional.
Afirmó que el gobierno es quien representa y administra a la nación, de acuerdo a la voluntad del pueblo que está expresada en la Constitución. Ésta, a su vez, tiene la supremacía jurídica y todos los demás ordenamientos están subordinados a ella.
Por su parte, el senador del PAN, Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, dijo que respecto a las filiales y subsidiarias, con este dictamen se pretende darles normas de funcionamiento para establecer reglas y candados que minimicen los riesgos de abusos y corrupción.
Señaló que uno de los logros es la modificación del Consejo de Administración, donde se acaba con la participación del sindicato en este Consejo y se busca fortalecer la participación de los consejeros independientes.
Al hablar a favor de las modificaciones, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, sostuvo que en los artículos discutidos se pierde el objetivo central de la reforma energética de dotar de autonomía a Pemex y la CFE, pues se les impone un régimen fiscal diferenciado e incluso con un dividendo anual que sangrará sus finanzas e impedirá su fortalecimiento.
Consideró además que la designación de los integrantes del Consejo de Administración y del auditor de Pemex no puede establecerse como una facultad discrecional del Ejecutivo, sino que el Senado y la Cámara de Diputados deben de participar, para garantizar su autonomía de manera efectiva.
En tanto, la senadora Dolores Padierna Luna refirió que a las filiales y subsidiarias con las que cuenta actualmente Pemex no les aplica la Ley de Entidades Paraestatales, no rinden cuentas, tienen amplia flexibilidad jurídica y pueden contratar deuda al margen del Congreso, lo cual es inconstitucional.
Por ello, consideró que con el dictamen se pretende legalizar a este tipo de empresas que se crean con recursos públicos, pero que no están sujetas a fiscalización y las cuales han dañado severamente no sólo al sector energético sino a toda la industria nacional.
El también senador del PRD Zoé Robledo Aburto destacó que las directrices de la Organización para Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas, mencionan que a la hora de desarrollar y actualizar la política de propiedad del Estado, “los gobiernos deberían de hacer un uso adecuado de la consulta pública”.
La entidad coordinadora o propietaria debería ser responsable ante órganos de representación como el parlamento y mantener unas relaciones claramente definidas con los organismos públicos relevantes, incluyendo las instituciones superiores controladas por el Estado.
El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub indicó que no comparte las propuestas para modificar el dictamen, porque los conceptos de fondo que propone están incluidos.
También expresó que con la reforma se podrá reponer la caída de la producción de un millón de barriles en menos de 10 años y dejar de importar 18 mil millones de dólares cada año en petroquímica.
En esta segunda ronda de debate, se pronunciaron en contra los senadores Ernesto Gándara Camou, David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del PRI, y Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN, mientras que los legisladores Rabindranath Salazar Solorio, Isidro Pedraza Chávez y Fernando Mayans Canabal se manifestaron a favor de la propuesta de su compañero de bancada, Benjamín Robles Montoya.
-Votarán comisiones del Senado leyes energéticas el lunes y el martes
Los cuatro dictámenes de las leyes secundarias energéticas se votarán en comisiones lunes y martes, a fin de que el próximo miércoles la Comisión Permanente cite a un período extraordinario de sesiones, para comenzar a discutir en el pleno del Senado esa legislación reglamentaria de los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales.
El anuncio lo formuló el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, al reanudarse la discusión del tercer dictamen. Anunció asimismo que el cuarto dictamen ya había sido entregado a los integrantes de las dictaminadoras y se prevé que manaña se discuta.
Penchyna reveló en entrevista que la intención es que el período extraordinario en el Senado se inicie el próximo jueves 17 de este mes, aunque todo depende de que los plazos que se han fijado se cumplan y el martes, por ejemplo, estén aprobados ya los cuatro dictámenes en que se agrupan las 17 leyes secundarias que correspondió dictaminar a esa cámara.
Por lo que toca al cuarto dictamen, incluye expedir la ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
El dictamen contiene diversas modificaciones a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en la materia, las más relevantes, para incrementar las facultades de la Secretaría de Energía, tanto en materia petrolera como de generación de electricidad.
Asimismo, en el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, organismo creado a propuesta del PVEM en la reforma constitucional energética, hay una modificación encaminada a eximir de los requisitos previamente establecidos de no haber sido accionista, consejeros, directivos, comisarios o apoderados de empresas del sector hidrocarburos, a quién será al primer director ejecutivo de esa empresa.
Ese director ejecutivo será designado por el Presidente de la República. Entre las facultades de esa comisión están ordenar medidas de seguridad como suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones. Asimismo, ordenar la suspensión temporal de suministros, asegurar sustancias, materiales, equipos, accesorios, ductos instalaciones, sistemas y vehículos de cualquier especie.
Además, tendrá la atribución de imponer sanciones derivadas de acciones como la restricción o entorpecimiento de acceso a instalaciones relacionadas con actividades del sector a los inspectores y verificadores por el incumplimiento de la obligación de informar o reportar cualquier situación relacionada con la Ley o por proporcionar información falsa, alterada o simular registros.
La Agencia estará obligada a denunciar ante la Procuraduría General de la República cualquier hecho que pudiera constituir un delito contra el ambiente, en las actividades del sector hidrocarburos. Otros cambios son para adicionar un grupo de artículos en materia de combatir la de corrupción. Se establece que los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que otorguen o celebren los órganos reguladores estarán sujetos a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como a las demás leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.
-Padierna: el SAE contrató al abogado de Amado Yáñez
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) contrató al mismo abogado de Amado Yañez, accionista mayoritario de Oceanografía, empresa investigada por el fraude de alrededor de 5 mil millones de pesos contra Banamex, informó la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, quien acusó que en este caso se ha cometido el delito de prevaricación.
Asegura que se trata de un “fraude controlado, que es donde participa el gobierno, el empresario y el banquero; entre ellos se tapan. El abogado incurre en prevaricación por lo que tiene que investigarse cómo se condujeron los bienes de Oceanografía y pronto se sabrá que hubo un fraude a Pemex”, agregó la legisladora.
Esta mañana un juez federal declaró en concurso mercantil a Oceanografía, investigada con un fraude por 5 mil mdp contra Banamex, y ordenó suspender la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) para concursar en licitaciones del gobierno de nueva cuenta, adjudicaciones directas y realizar contratos con Pemex Exploración.
“El documento del SAE hace constar que el abogado de Amado Yáñez es al mismo tiempo abogado del SAE y está incurriendo en el delito de prevaricación, dado que es abogado de las dos partes en conflicto, cuando el interventor se supone debe de estar del lado del interés general y no del particular que está defendiendo, en este caso Amado Yáñez”, dijo.
-Pregúntele a Calderón dónde quedó el dinero del petróleo: Romero Deschamps
Sin mayor discusión ni debate, más que un escarceo inédito entre el dirigente del sindicato petrolero, el senador priista Carlos Romero Deschamps, y el panista Francisco Domínguez Servién, las comisiones dictaminadoras de la reforma energética continuaron por segundo día consecutivo con el análisis del tercer paquete de 21 leyes reglamentarias que corresponden al Senado.
De acuerdo con el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, el próximo lunes 14 se completará la ruta para aprobar los cuatro dictámenes, en lo general, y después discutir en lo particular esos cuatro grupos de 21 leyes, que incluyen las reglamentarias del artículo 27 (Ley de Hidrocarburos), la nueva Ley de Pemex, la Ley de Energía Eléctrica, así como adiciones y modificaciones a la Ley de Aguas y LA Ley de Geotermia, entre otras.
Penchyna informó desde la tribuna que el cuarto paquete de leyes reglamentarias ya está disponible en la Gaceta del Senado. Este último incluye las leyes de Órganos Reguladores en Materia Energética, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley General de Seguridad Industrial y Ley de Protección al Medio Ambiente.
El PT abandonó la sesión de comisiones unidas acusando de “farsa” el ejercicio, mientras que el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, insistió que este formato se debe al acuerdo entre el PAN y el PRI.
“Aquí lo que se pretende es acomodar todo en un acuerdo del PRI y del PAN que está a la vista de todos”, afirmó Barbosa.
Por su parte, Penchya señaló en conferencia de prensa que no existen irregularidades en el proceso de dictaminación, y de nueva cuenta acusó al PRD de pretender “dilatar” la aprobación de las reformas energéticas.
“Les guste o no, la reforma constitucional ya fue aprobada por 95 votos, que son más de las tres cuartas partes del Congreso”, indicó Penchyna.
La furia de Romero Deschamps
El único momento que salió del guión de la larga lista de oradores en contra ocurrió en la sesión vespertina del pasado martes 8.
El senador priista Carlos Romero Deschamps, quien llegó a la sesión acompañado del coordinador priista Emilio Gamboa Patrón, rompió su largo silencio en este proceso cuando el panista Francisco Domínguez Servién estaba presentando su voto a favor.
–¿No ha sido Pemex empresa productiva? –preguntó el dirigente del sindicato de la paraestatal al senador del blanquiazul, cuando éste leía su alegato.
Nervioso, Domínguez le respondió que “ahora va a ser más productiva” con la reforma.
–En 76 años de vida, la vida de Pemex ha sido la de una empresa competitiva –le espetó Romero Deschamps, molesto.
Domínguez Servién continuó con su discurso. Reprochó que de 2008 a 2014, por falta de productividad, se perdieron un millón de barriles diarios.
–¿Dónde se quedó el dinero del millón de barriles diarios que se perdieron, señor Romero Deschamps? –le reviró Domínguez al líder sindical, quien lo tenía enfrente, en clara referencia al Pemexgate.
Romero pidió la palabra “para hechos”, ante un confundido David Penchyna, quien no sabía qué hacer ante las ganas de hablar del dirigente del gremio petrolero.
En ese momento ya no estaba en el salón de comisiones unidas Gamboa Patrón, que siempre trata de “vigilar” al poderoso líder sindical.
–Pues ¿dónde quedó el dinero? Pregúnteselo al expresidente Felipe Calderón –respondió molesto, desde su asiento, Romero Deschamps.
-Bloquean campesinos pozos de Pemex en cuatro municipios de Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab.- Campesinos afectados por las actividades petroleras bloquearon alrededor de 800 pozos e instalaciones de Pemex en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Centla y Cunduacán.
La protesta se suma a la de pobladores inconformes de Nacajuca y Jalpa de Méndez, que desde el pasado lunes 7 tienen tomadas las oficinas de Pemex Exploración y Producción (PEP) y el Centro Administrativo de la paraestatal en esta capital.
Salacaín Leyva Velázquez, líder de los campesinos de Cárdenas, Huimanguillo, Centla y Cunduacán, informó que desde ayer iniciaron el bloqueo de las instalaciones petroleras en esos municipios.
“La gente está bien plantada y decidida a defender sus derechos. Son plantones por tiempo indefinido hasta que haya una mesa de soluciones”, subrayó.
Precisó que entre las instalaciones tomadas está la petroquímica de Villa La Venta, además de baterías de separación y los campos petroleros Montes de Oro, Villa Benito Juárez, San Ramón y Mantillas.
“Tenemos bloqueados más de 800 pozos desde ayer y no vamos a dar marcha atrás. Nosotros tenemos esta lucha desde hace tres años y Pemex sólo nos da mesa de diálogo. Hemos firmado minutas hasta con notarios públicos y no las respetan, se tiran culpas unos con otros, pero no hay ninguna solución”, manifestó.
Leyva Velázquez detalló que en Huimanguillo hay 40 comunidades afectadas por las actividades petroleras, sobre todo por los quemadores a cielo abierto.
Denunció que en muchas comunidades “hay muertes por cáncer y leucemia y han fallecido niños, ancianos y jóvenes”.
Según el líder campesino, Tabasco tiene el primer lugar en contaminación y el primer lugar por muerte por cáncer, “pero Pemex dice que no hace daño. Esperemos que en su próxima visita el director de Pemex (Emilio Lozoya Austin) venga a evaluar los daños que le hacen a los campesinos, a la fauna, a los cuerpos de agua y ríos de Tabasco, donde la producción agrícola ha mermado en un 70%”, señaló.
Y se quejó de que a las zonas del bloqueo ha llegado personal de Petróleos Mexicanos para tratar de solucionar el conflicto, pero sin capacidad de decisión. “Ahora no vamos a ceder hasta que haya una mesa de solución”, advirtió.
Insistió: “Vamos a defender el derecho de nuestros hijos, no puede ser que Pemex nos esté matando lentamente. Si ya nos están dañando el derecho a la vida, nos vamos a defender porque, si no, dentro de unos años moriremos asfixiados por tanta contaminación”.
Una comitiva de campesinos de los cuatro municipios se entrevistó con la diputada local perredista, Verónica Pérez Rojas, que encabeza a los inconformes de Nacajuca y Jalpa de Méndez, y le manifestaron su respaldo.
Anunciaron que sólo negociaran en bloque con Pemex para buscar una solución definitiva a sus añejas demandas de pagos por daños y obras de beneficio social.
Por su parte, la diputada lamentó que hasta hoy no se hayan acercado funcionarios de Pemex o del gobierno del estado para negociar y establecer una mesa de diálogo, a fin de solucionar el conflicto, y reiteró que no suspenderán el bloqueo a las oficinas de Pemex.
“No nos vamos a mover, vamos a permanecer el tiempo que sea necesario, pero tiene que haber una solución”, advirtió.
Frente a la llamada Pirámide de Pemex –donde se ubican las oficinas de PEP–, los inconformes sacrificaron un cerdo al que le pintaron la leyenda “Pemex” y lo rodearon de pancartas con consignas de repudio hacia el alcalde perredista del municipio de Nacajuca, Pedro Landero.
“Perro Landero vendiste al municipio, traidor, vendiste al pueblo”, decía una de las pancartas.
Posteriormente destazaron al animal y los inconformes comieron carnitas.
-Pedían a FCH atacar pobreza y no al narco
El “caballito de batalla” del ex presidente fue la lucha contra el narcotráfico, y mientras la población decía que el crimen se solucionaría mitigando la pobreza y el desempleo, él emprendió una cruzada antidrogas
El primero de diciembre de 2006, desde el Auditorio Nacional, donde dio su primer mensaje como presidente, Felipe Calderón aseguró que la seguridad sería una de las tres prioridades de su gobierno.
Por ello encabezaría una lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad, y aunque advirtió que costaría tiempo, dinero y vidas, ésta se ganaría.
Ese mismo día, Encuestadores Profesionales (Encpro) realizó una encuesta telefónica a 500 personas sobre ese tema. La primera de cientos que vendrían:
—En su discurso, Felipe Calderón afirmó que recuperará la seguridad pública y la legalidad. ¿Usted le cree o no le cree?
El 56% dijo que sí, 30% no.
Diez días después, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el arranque de la Operación Conjunta Michoacán, que consistía en el despliegue de 7 mil elementos del Ejército, Marina, Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La caída
Al día siguiente, el 12 de diciembre de 2006, Encpro preguntaría a 800 mexicanos, vía telefónica, sobre la implementación de este operativo, donde arrancaba oficialmente la guerra contra el narcotráfico que caracterizaría al gobierno de Calderón.
—Una de las acciones del operativo es la instalación de retenes y cateos. ¿Usted qué tanto aprueba o desaprueba su instalación?
Un 85.8% estuvo de acuerdo con la medida, 9.6% en contra.
—Con las acciones realizadas por el gobierno federal, ¿usted cree que disminuirá o no disminuirá el narcotráfico y la delincuencia en Michoacán?
Un 70.5% opinó que disminuirían, 22.2% que no.
Presidencia quería saber si tras las acciones realizadas en Michoacán la opinión que se tenía de Calderón mejoraba o empeoraba. Un 64.5% dijo que mejoraba y 3.1% que empeoraba.
El 21 de mayo, cinco meses después de que arrancó la lucha contra el crimen organizado, por primera vez se preguntó a los habitantes de Michoacán quién iba ganando: si el gobierno federal o el crimen organizado. El 75.3% de los ciudadanos dijo que el gobierno. Pero este triunfo se revirtió un año después de la implementación de los operativos.
Para el 13 de diciembre de 2007, 37.7% de la gente le daba el triunfo al crimen y 36.7% al gobierno.
Pese a que la percepción de la gente era que el gobierno federal iba perdiendo la guerra, la aprobación de los operativos seguía muy alta: 84.6% de ciudadanos apoyaba el despliegue militar y policiaco y sólo 6.1% lo desaprobaba.
Además, 57% creía que con las acciones realizadas por el gobierno federal disminuiría la inseguridad en el país, mientras que 33.7% decía que no.
En otra encuesta realizada en mayo de 2007, 74% dijo que aunque hubiera un desbordamiento incontrolado de violencia, la lucha contra el narcotráfico se debería mantener hasta sus últimas consecuencias. Para 2011 el porcentaje era menor, 66.7%.
Pese a que sus tres objetivos de gobierno planteados el 1 de diciembre eran la reducción de la pobreza, la creación de empleos y recuperar la seguridad pública, el gobierno de Calderón siempre concentró sus baterías en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, los ciudadanos no veían en el combate frontal la solución para reducir el crimen; al contrario, le apostaban más al combate a la pobreza, según una encuesta a nivel nacional aplicada en mil 200 viviendas, el 31 de mayo de 2007, por la empresa Opina.
—Algunas personas dicen que el crimen y la inseguridad son causados por malas personas que son criminales, por lo que la manera de reducir el crimen es aumentar el número de policías, aumentar su efectividad y la honestidad en los cuerpos policiacos, sentenciar a los criminales con largas condenas y construir más prisiones para mantenerlos fuera de las calles. Otras personas dicen que la manera de reducir el crimen es eliminar la pobreza, combatir el desempleo y crear mayores oportunidades. ¿Con cuál de estas dos formas de pensar está más de acuerdo?
Un 20.3% dijo estar de acuerdo con más policías, más prisiones y sentencias más largas, y 78.3% con eliminar pobreza, desempleo y mayores oportunidades.
Aunque parecería que Calderón desoyó la opinión ciudadana, Ricardo de la Peña, quien elaboró diversas encuestas sobre el tema, asegura que muchas de las acciones de seguridad no necesariamente pasaron por el tamiz de la aprobación ciudadana, simplemente eran una política definida. “En el sexenio de Calderón muchos actores dentro del gobierno percibían como imprescindible mantener una resistente lucha contra el crimen… y pensaban que no sólo era lo adecuado, sino que era la vía idónea para resolver un problema, aunque no necesariamente los ciudadanos compartieran ese punto de vista”, afirma.
Cada gobernante adopta un “caballito de batalla”, y mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto han sido las reformas estructurales, con Calderón fue el combate al crimen organizado.
El desencanto
A dos años y medio de que iniciara la guerra contra el narcotráfico, en la opinión de los mexicanos los objetivos que formaban parte de la Estrategia Nacional de Seguridad no se estaban cumpliendo. Esto lo revela una encuesta aplicada el 24 de junio de 2009 por Técnicos Encuestadores de Campo.
—¿Considera que la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal:
¿Está evitando que la droga llegue a los niños y jóvenes?
Un 46.2% respondió que sí, 50% que no.
¿Está disminuyendo la violencia en las calles?
Por el sí votó 44.1%, por el no, 52.2%.
¿Está disminuyendo el consumo de drogas?
Un 41.8% respondió que sí, 53% dijo que no.
A tres años de iniciada la lucha contra el narcotráfico, sólo tres de cada 10 mexicanos decían que la seguridad pública estaba mejor y apenas cuatro de cada 10 creían que iba a mejorar.
Para junio de 2010, al menos en la opinión pública la guerra contra el narco estaba perdida. El 51.2% decía que el crimen iba ganando y apenas 23.6% le daba la victoria al gobierno federal. Pero para 2011 los resultados se revirtieron.
—En la lucha del gobierno federal en contra del crimen organizado, ¿quién cree que va ganando?
El gobierno federal, 39.1%; el crimen, 33%, ninguno, 11%.
Hasta el 7 de julio de 2011, cuatros años y medio después de declarar la guerra a los cárteles, se preguntó sobre la viabilidad de la estrategia del gobierno federal.
—Desde su punto de vista, en la lucha contra el crimen organizado, ¿el gobierno federal debe seguir trabajando con la misma estrategia o debe cambiarla?
Debe seguir con la misma estrategia, 31.6%. Debe cambiarla, 57.9%
El 20 de septiembre de 2012, a unos 70 días de que acabara el sexenio de Calderón, Perspectiva preguntaría por última vez quién iba ganando en la “lucha del gobierno federal en contra del crimen organizado”.
Esta vez el marcador cerraría con números poco favorables para la administración panista: 42.4% de los mexicanos le daba la victoria al crimen organizado y 34.1% al gobierno.
La evaluación final
Antes de terminar su encargo, Calderón mandaría hacer una evaluación de su gobierno. Los resultados de la encuesta aplicada el 20 de septiembre de 2012 serían polarizados.
—Pensando en todo el sexenio, ¿usted diría que el Presidente ha trabajado muy bien, bien, mal o muy mal en cuanto a...
Seguridad Pública: bien, 39.1%, mal, 34.2%.
Lucha contra el crimen organizado: bien, 42%, mal 30%.
Aunque el gobierno federal siempre se negó a dar a conocer la cifra real de muertos y desaparecidos producto de la guerra antinarco, en una encuesta aplicada el 8 de noviembre de 2012 se adjudicaba una cifra hasta entonces no reconocida oficialmente.
—Algunas personas dicen que el presidente Calderón es responsable de las 60 mil muertes que ha habido en su sexenio por haber iniciado la lucha contra el crimen. Otras dicen que no es responsable porque la mayoría de esas muertes fueron provocadas entre los delincuentes. ¿Usted qué opina?
El Presidente es responsable de las muertes, 27.8%. El Presidente no es responsable, 58%.
También preguntaron si el Presidente hizo mal en emprender la lucha anticrimen y si abrió un camino que habría que seguir en el futuro.
—Algunas personas dicen que el presidente Calderón desató la violencia que se vive en el país; otras dicen que las causas de esa violencia ya estaban antes de que iniciara su sexenio. ¿Usted qué opina?
El Presidente desató la violencia, 28.7%. La violencia ya estaba desde antes, 64.5%.
Además, aunque un porcentaje mayor (37.2%) consideraba que, comparada con un año atrás, la seguridad pública en esos momentos era peor, los mexicanos tampoco perdían la fe: a unos días del inicio del nuevo gobierno, 34.8% pensaba que de esa fecha a un año la situación iba a estar mejor.
Rafael Giménez Valdés, coordinador de Opinión Pública con Felipe Calderón, aseguró que las encuestas sí fueron tomadas en cuenta por el gobierno federal para tomar decisiones de seguridad.
“El Presidente sí tenía mucha sensibilidad de lo que los ciudadanos estaban diciendo, de ahí tomó la decisión de participar en el diálogo con Javier Sicilia; yo te diría que sí fue influyente”, dijo Giménez.
Desde años atrás, la seguridad y la economía habían sido temas de preocupación para los mexicanos, y aunque Calderón quiso ser el Presidente de la economía, cuando la inseguridad empezó a ser un inhibidor, decidió abordar el problema.
“Una vez que el Presidente tomó la decisión, como oficina decidimos investigar el tema, darle ese peso en las encuestas, porque vimos un énfasis en la decisión del gobierno y nuestro deber era ayudar a comprender el fenómeno y qué implicaciones iba a tener al gobierno esa decisión”, dice Giménez.
-Notifican a 15 familias ante riesgo de deslaves en Atizapán
Protección Civil municipal notificó de riesgo a 15 familias de la colonia Ampliación Higuera, cuyas viviendas se localizan a la orilla del río Moritas, donde existe peligro de deslaves en Atizapán.
"Pues sí nos da miedo, pero a dónde vamos. Para aquí nos alcanzó lo que compramos, el pedacito, y no tenemos suficiente dinero para comprar en otro lugar", dice Angelina García Hernández, una de las afectadas.
Héctor Elorriaga Mejía, director de Protección Civil y Bomberos de Atizapán, menciona que por la temporada de lluvias aumenta considerablemente el nivel de agua del río Moritas y se registran deslaves de tierra, lo que puede provocar el derrumbe de las viviendas que están junto al cauce.
Añade que el gobierno municipal advirtió a las familias del riesgo que existe y les recomendó desalojar sus viviendas, sin que les ofrezca alternativas de reubicación, pues "no podemos apoyar a quien en forma ilegal ha invadido los cauces".
Asegura que fueron notificados los propietarios de 15 viviendas, en las que habitan 16 familias, con alrededor de 100 personas en total.
Raymundo Guzmán Vilchis, director del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (Sapasa), dice que en total unas 100 viviendas del municipio fueron construidas irregularmente en zona de riesgo, sobre todo en cauces de ríos.
"Lo que tenemos que hacer es la conciencia hacia la gente, que no puede estar ocupando terrenos que no son de su propiedad y menos porque están en una reserva federal, no sólo por el tema de riesgo de sus personas, sino porque también puede representar un riesgo para otras personas. Si construyen casas simples o bien fabricadas y llega a deslavarse puede taponear el cauce y entonces generar problemas de mucho mayor impacto", afirma.
Angelina García Hernández vive con su esposo y su hija de 11 años de edad. Su vivienda está apenas a medio metro del río Moritas, debido a que la fuerza del agua deslavó el talud.
Sapasa apoyó a las 15 familias con materiales de construcción y éstas pagan la mano de obra de trabajadores que edifican un muro de contención en el lugar, con lo que pretenden que el agua ya no provoque deslaves.
García Hernández relata que hace casi ocho años llegó a vivir ahí. El terreno le costó 50 mil pesos, con 10 mil de enganche y el resto en pagos.
"Sí nos da miedo a veces, tengo mi hija chiquita, una de 11 años, y a veces se queda un rato sola ella. Estoy trabajando pero también estoy pensando en ella, que no vaya a pasar alguna desgracia", reitera.
La mujer confía que con el muro de contención estará solucionado el problema.
-Gobierno de EU espió a musulmanes durante seis años
A raíz del estudio de documentos secretos que les entregó Edward Snowden, los periodistas de The Intercept descubrieron que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) monitoreó los correos electrónicos de miles de musulmanes, entre los cuales había ciudadanos estadounidenses, entre 2002 y 2008.
Según los documentos, la NSA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) vigilaron 7 mil 485 direcciones de correos electrónicos con base en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). El argumento de las autoridades fue la sospecha de que sus usuarios estaban o podían estar involucrados en actividades de espionaje, sabotaje o terrorismo.
The Intercept reveló que 202 correos electrónicos pertenecían a ciudadanos de Estados Unidos, entre los cuales destacaron los nombres de Faisal Gill, Asim Ghafoor, Hooshang Amirahmadi, Agha Saedd y Nihad Awad, quienes se desempeñan como políticos, abogados o universitarios en el país.
Las fuentes entrevistadas por The Intercept aseveraron que una orden de vigilancia de ciudadanos estadounidenses sólo se puede dictaminar con base en un mandato aprobado en la corte de justicia.
Los requisitos para un mandato involucran múltiples etapas de aprobación hasta que el Departamento de Justicia prepare un “paquete” de aplicación formal para un juez de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, la FISC “opera en opacidad total” y casi siempre acude en favor de la solicitud de espionaje de la NSA, denunció The Intercept. Dijo que en 35 años, el organismo negó solamente 12 solicitudes de vigilancia, mientras que aprobó 35 mil 434.
La FISA fue promulgada en 1978 para autorizar a las agencias de gobierno espiar a disidentes y enemigos políticos. The Intercept admitió que las intercepciones sirven principalmente para recolectar informaciones y no para construir expedientes criminales.
A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, “los activistas musulmanes estadounidenses ocuparon la misma posición como en la que se situaban los activistas defensores de los derechos civiles o los activistas durante los años 60”, analizó un abogado de la Universidad de California.
Los espiados
Según The Intercept, en el caso de los cinco musulmanes espiados, la NSA careció de argumentos legales para vigilar sus correos electrónicos.
Faisal Gill, uno de los ciudadanos víctimas de espionaje, forma parte del Partido Republicano –se postuló a la diputación local en Virginia–, trabajó como asesor en el Consejo Americano-Musulmán y fundó una empresa de abogados en la que defendió al gobierno sudanés contra demandas de víctimas de los atentados perpetrados por Al-Qaeda.
Fue el único de los abogados estadounidenses que defendió a Sudán por aparecer en las listas de vigilancia de la NSA, aseveró The Intercept. Agregó que “en términos legales, su desempeñó legal para el gobierno sudanés no puede haber sido utilizado para justificar su vigilancia”.
Asim Ghafoor, por su parte, es un activista, abogado y lobbyísta de los americano-musulmanes. Defendió a una asociación de caridad originaria de Arabia Saudita en 2003, cuando el Departamento del Tesoro congeló sus bienes en Estados Unidos, bajo la sospecha de haber financiado el terrorismo.
“Había más de 40 abogados de todas las empresas de abogados en Washington que representaban el gobierno y príncipes sauditas”, dijo a The Intercept. Otra vez, fue el único en aparecer en la lista de vigilancia de la NSA.
Agha Saeed enseñó durante años en el departamento de comunicación y ciencias políticas en la Universidad de Berkeley. En paralelo, militó durante dos décadas para incentivar a los musulmanes de Estados Unidos a votar y participar en el proceso electoral. A partir de 2006, denunció los programas de vigilancia gubernamentales.
Además, defendió el derecho de los palestinos a la resistencia armada contra la ocupación israelí de sus territorios, “un derecho afirmado en una serie de resoluciones de las naciones unidas”, precisa The Intercept.
Según el diario virtual, “a ningún ciudadano estadounidense se le puede inculpar de ser un agente de un poder extranjero con la sola base de una actividad protegida por el derecho de expresión”.
Nihad Awad cofundó el Consejo de las Relaciones Americanas-Islámicas, “la mayor organización defensora de los derechos civiles de los musulmanes en Estados Unidos” que denuncia el extremismo religioso.
La NSA también interceptó los correos de Hooshang Amirahmadi, profesor en la Universidad de Rutgers y director del Consejo Americano-iraní, un grupo dedicado en la investigación entre Estados Unidos e Irán. Si bien defendió varias veces la política de los dirigentes iraníes, también reconoció la existencia de Israel.
“Mientras reconoce que su vigilancia fue ilegal y no tiene objeción en que se publique, declinó comentar el asunto”, precisó The Intercept.
Según una investigación que publicó el medio electrónico Wired en 2011 y retomada por The Intercept, los materiales de entrenamiento del FBI incentivan a los agentes a tratar los “objetivos” musulmanes como apoyos del terrorismo, a analizar las fundaciones caritativas musulmanas como “un mecanismo de combate” y a ver al Islam como una “Estrella Negra” que debe ser destruida para contener el terrorismo.
-Aplican “ley bala” de Moreno Valle a manifestantes en Puebla
PUEBLA, Pue.- De nueva cuenta, el gobernador Rafael Moreno Valle es acusado de aplicar la llamada ley bala, esta vez en contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan que bloquearon la carretera federal y la autopista Puebla-Atlixco para exigir que se regrese a la comunidad los servicios del Registro Civil.
Luego de tres horas del bloqueo carretero, decenas de policías acudieron al lugar, localizado a la altura del kilómetro 16, para someter a los inconformes con gases lacrimógenos, pero éstos respondieron con piedras y palos, con lo que se desató una batalla campal que dio como resultado cuatro uniformados y decenas de manifestantes heridos.
En un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que uno de los policías estatales preventivos se reporta como grave.
Además, confirmó que cuatro de los participantes en el bloqueo fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Publico.
Luego de justificar que el operativo tuvo como fin liberar las vías de comunicación bloqueadas, la SSP aseguró que los pobladores respondieron con violencia.
“Durante la intervención de la autoridad, los pobladores agredieron lanzando diversos proyectiles como piedras, palos, cohetones, bombas molotov y petardos en contra de los uniformados y de pobladores que caminaban por la zona”, asegura el boletín.
Sin embargo, participantes en la protesta explicaron que tomaron la decisión de bloquear la carretera, luego de que acudieron a la delegación de la Secretaría de Gobierno para exponer su demanda y fueron atendidos “en la banqueta”.
Los inconformes, agrupados en la Coordinación Estatal por la Identidad de los Pueblos (Cedip), protestaron por la reciente determinación tomada por el gobierno de Moreno Valle de retirar a las juntas auxiliares el manejo de las oficinas de Registro Civil.
Además, exigieron la liberación de Manuel Morales Guillermo, presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec; de Luis Enrique Rivera Ramos, presidente auxiliar de San Pedro Acoquiaco, y de otros seis detenidos durante otras dos manifestaciones anteriores contra la medida de quitar a las juntas auxiliares el Registro Civil.
También se sumaron a la demanda del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra para pedir la excarcelación de Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero, presos desde hace tres meses por oponerse al Gasoducto Morelos.
Al mismo tiempo, otros habitantes de la junta auxiliar de San Miguel Canoa hicieron un plantón frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, y en el palacio municipal de Puebla.
Enarbolando las mismas exigencias, vecinos de las juntas auxiliares de Cholula y San Nicolás de los Ranchos bloquearon la circulación de vehículos en el bulevar Forjadores.
Las manifestaciones de los habitantes de las juntas auxiliares también ocurrieron en el municipio de Tehuacán.
De hecho, en ese municipio la semana pasada se recurrió al uso de la fuerza policiaca para desalojar a habitantes que también pedían que los servicios del Registro Civil retornaran a las juntas auxiliares.
Los elementos policiacos, igual que con los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, sin recurrir a las etapas previas de disuasión y negociación, llegaron directamente a confrontar a los manifestantes con toletes y gases lacrimógenos.
En esa ocasión, los uniformados detuvieron a seis personas, que actualmente siguen presas y a quienes se les fijaron fianzas de 230 mil a 400 mil pesos.
La llamada ley bala, aprobada en mayo, ha sido considera por agrupaciones no gubernamentales como un instrumento para reprimir e inhibir las manifestaciones sociales y el derecho a la protesta.
En sus artículos quedan asentados los protocolos para que los elementos policiacos puedan recurrir al uso de la fuerza, incluso letal, para dispersar manifestaciones sociales.
La inconformidad de los habitantes, encabezada por los ediles de las juntas auxiliares, deriva de cambios legislativos que aprobó el Congreso local de los artículos 224, 230 y 231 del Código Municipal.
-Ejidatarios de Mérida exigen 500 mdp por tierras expropiadas para aeropuerto
MÉRIDA, Yuc.- Policías antimotines cercaron el aeropuerto de esta ciudad para cerrar el paso a un contingente de ejidatarios que reclaman 500 millones de pesos como indemnización por las 204 hectáreas que el gobierno federal les expropió para ampliar la terminal aérea “Manuel Crescencio Rejón”, localizada en la colonia Cinco Colonias.
De acuerdo con el comisario ejidal Leonardo Mena Crespo, el gobierno les arrebató sus tierras hace 46 años, pero fue hasta 1994 cuando se oficializó el proceso de expropiación.
“Los terrenos los tomaron ilegalmente desde 1968, pero lo expropiaron formalmente en 1994 y desde entonces debieron pagar y nada”, reprochó.
En un principio, dijo, el gobierno ofreció pagarles dos pesos por metro cuadrado, pero ahora el valor de los terrenos en esa zona ha escalado a casi 400 pesos por metro cuadrado.
Mena Crespo comentó que en 2011, cuando asumió el cargo de comisario ejidal en Cinco Colonias, detectó que las 204 hectáreas no se habían pagado y por eso inició la demanda. Aclaró que los 500 millones de pesos que exigen equivalen sólo a 80% del valor real actual de esas tierras.
“Hace tres años iniciamos el proceso judicial, estamos aguante y aguante y no nos resuelven. La gente ya está cansada de esperar”, apuntó.
Destacó que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se comprometieron a pagar los primeros días de julio, “pero no cumplieron y queremos ya una resolución”.
Indicó, asimismo, que el juzgado donde se ventila el caso acordó una reunión entre las partes para mayo, pero la fecha se postergó para el próximo 11 de agosto.
-Incumple México su responsabilidad ante violencia de género: relatora de la ONU
La relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, Rashida Manjoo, lamentó que algunos gobiernos del mundo siguen sin comprender cómo prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género y que como resultado de ello no han actuado con la debida diligencia.
En su visita a México, la relatora enfatizó que pese a las recomendaciones y los llamados de la comunidad internacional a México y al resto del mundo, la violencia de género es “la violación a los derechos humanos más generalizada que enfrentamos hoy en día”.
Acompañada por la doctora Alda Facio, experta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, Manjoo recordó que ante los delitos y agresiones que se cometan en contra de la población femenina, los gobiernos –incluido México– tienen “una responsabilidad doble”.
Explicó que la primera responsabilidad es sancionar de manera individual los delitos, y la segunda asegurar que las y los funcionarios actúen con la debida diligencia.
No obstante, consideró que a muchos años de distancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) “hay muchas debilidades en la exigencia de responsabilidad a las y los funcionarios del Estado”.
Otro desafío importante –a decir de la experta– es la falta de pericia de las naciones para abordar y entender la violencia contra las mujeres, desde sus causas hasta sus consecuencias.
“La falta de comprensión de la violencia de género es una barrera para el ejercicio (por parte de las mujeres) de todos los otros derechos humanos”, explicó.
Durante su primera conferencia en esta capital, la relatora reconoció que desde 2006, cuando visitó México para conocer el clima de violencia en el que viven las mexicanas, se han dado avances sustanciales en la prevención de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la creación de leyes al respecto.
En esa ocasión, al concluir su visita solicitó al Estado mexicano adoptar medidas para revertir la violencia que consideró como grave en el país, especialmente para las migrantes, indígenas y pobres, y una consecuencia y síntoma de la generalización de la discriminación y desigualdad por motivos de género.
Entre las medidas que la relatora recomendó hace ocho años destacan poner fin a la impunidad de los actos de violencia, y crear una base de datos y conocimientos que tengan en cuenta las cuestiones de género.
Alda Facio recordó que México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará), que es jurídicamente vinculante, por lo que el Estado sí es responsable por actos de violencia, omisiones y no prevenir la violencia de género.
Facio añadió que una de las causas de la violencia y el incumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia es “la falta de un compromiso real de los Estados por lograr la igualdad entre mujeres y hombres”.
Ya que –precisó– al no existir un compromiso con la igualdad, en el imaginario colectivo persiste la idea de que “las mujeres somos inferiores, y si no logramos cambiar eso no eliminaremos la violencia”.
Explicó que la política pública para erradicar la violencia de género se enfoca sólo en ello sin incluir el objetivo de eliminar la discriminación y la desigualdad de género.
Por esa razón, llamó a generar nuevas estrategias que logren un cambio de mentalidad y se transite a una sociedad que entienda y apropie éstos y otros conceptos, pero aclaró que “las mentalidades no se cambian con conferencias y cursos de tres días”.
Ambas expertas también se reunirán en estos dos días de visita con representantes de grupos civiles que expondrán los rezagos en materia de violencia contra las mujeres que prevalecen en México, y el trabajo que activistas han llevado a cabo luego de la última visita de la relatora y la posterior publicación de su informe “Integración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Perspectiva de Género: la violencia contra la mujer. Misión a México”.
En ese reporte se señala que “la violencia contra la mujer en México puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos que sólo pueden entenderse en el contexto de, por un lado, una desigualdad de género arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de gobierno dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la violencia de género”.
-Maestro abusaba sexualmente de sus alumnas; si hablaban “les iría mal”
IRAPUATO, Gto.- Otro maestro de primaria, de una escuela adscrita a la Secretaría de Educación del Estado en Romita, fue acusado por seis alumnas menores de edad de cometer abusos sexuales.
El profesor Juvencio Velázquez López fue denunciado el viernes por los padres de las seis estudiantes de tercer grado de la primaria María del Rosario Gutiérrez Eskildsen, en la Agencia Única del Ministerio Público en Romita, informó hoy la Subprocuraduría de Justicia con sede en Irapuato.
La dependencia dio a conocer que se encuentra integrando la carpeta de investigación 19268/2014, a partir de la denuncia y las declaraciones de las seis niñas, que señalan haber sido víctimas de tocamientos de índole sexual por parte de su maestro.
El docente las amenazaba para que no se lo contaran a nadie o “les iría mal”.
La primaria se localiza en la calle Rafael Corrales Ayala de la ciudad de Romita.
De acuerdo con la denuncia que algunos de los padres de las menores hicieron de manera pública en una estación de radio de Romita, una vez que fueron informados de lo que ocurría, acudieron con el director de la escuela, Rubén Torres Pantoja, para pedirle su intervención, pero éste no atendió su solicitud, sino que se limitó a suspender al maestro.
Entonces los padres acudieron al Ministerio Público y a la Policía Municipal, misma que habría implementado un operativo para presentar al profesor, quien no fue localizado.
De mayo a la fecha, la Secretaría de Educación del Estado (SEG) ha destituido al menos a dos directores y a por lo menos tres profesores de primaria y secundaria de escuelas públicas, involucrados en denuncias por diversos abusos sexuales en contra de alumnas y alumnos, así como por omisiones en la atención a dichas denuncias.
La Procuraduría de Justicia del estado tiene abiertos procesos penales por violación, estupro y abusos erótico-sexuales contra cuatro profesores en ambos niveles de educación básica, cometidos en agravio de dos alumnas de secundaria, así como de 11 estudiantes de una primaria de Irapuato, además de las seis niñas que acaban de revelar los abusos del profesor Juvencio Velázquez.
-Turnan a asuntos internos del PAN-DF caso de exfuncionarios detenidos en Brasil
La Comisión de Asuntos Internos del Comité Directivo Regional del PAN en el Distrito Federal analiza el expediente de los dos exfuncionarios de la delegación Benito Juárez detenidos en Brasil por agresión.
En un comunicado, el PAN-DF indicó que el pasado martes 8 de julio, en sesión ordinaria, el comité directivo aprobó por unanimidad turnar a la Comisión de Asuntos Internos, el expediente de Sergio Eguren Cornejo y Rafael Medina Pederzini.
El primero fue suspendido de sus funciones como titular de la Dirección General de Desarrollo Delegacional y el segundo como responsable de la coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales.
De acuerdo con el comunicado del PAN-DF, la comisión de Asuntos Internos se encargará de recibir y analizar la información relacionada con las investigaciones y determinaciones judiciales que asuma la autoridad brasileña.
Asimismo, será la encargada del deslinde interno de responsabilidades y efectuar un dictamen que deberá entregar al Comité Directivo Regional.
También existe la posibilidad de que dicha comisión recomiende que el caso sea enviado a la Comisión de Orden del Consejo Regional del partido.
En ese caso, esta última podrá determinar las sanciones correspondientes que pueden ir desde la suspensión de derechos, la inhabilitación para ocupar cargos partidistas o de elección popular o bien, la expulsión de los miembros activos involucrados.
Los dos exfucionarios panistas se encuentran recluidos en una prisión de la ciudad de Fortaleza, en espera de que las autoridades judiciales resuelvan el recurso interpuesto por su defensor, el penalista Xavier Olea, para poder salir libres de manera provisional.
El litigante expresó su confianza de que la promoción interpuesta se resuelva a más tardar el viernes y sus clientes puedas abandonar la cárcel y enfrentar el proceso en libertad.
Según Olea, Eguren y Medina están acusados del delito de agresión y no de acoso sexual.
-Solicita Snowden asilo por un año más a Rusia
Anatoly Kucherena, abogado de Edward Snowden, exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), informó que su cliente presentó a las autoridades rusas su solicitud para ampliar un año más su asilo político.
“Existe un procedimiento estipulado por la ley rusa. Nosotros cumplimos ese procedimiento para conseguir asilo temporal. Finaliza el 31 de julio de 2014. Por ello, hemos entregado al Servicio Federal de Inmigración (FMS, por sus siglas en ruso) los documentos para extender su estancia en Rusia”, dijo Kucherena a los periodistas.
El abogado no especificó qué estatus solicitó Snowden para su asilo en Rusia, si se trata de una prórroga de su estancia temporal o de un permiso de residencia.
El pasado martes 1, una fuente del FMS indicó al diario Izvestia que Snowden tenía como plazo límite para pedir la extensión del asilo temporal el 30 de junio pasado, ya que la solicitud debe presentarse al menos un mes antes de que expire el permiso de permanencia en el país.
Según la legislación rusa, el asilo temporal, que se concede por un año, puede ser prorrogado un número ilimitado de veces si no se modifican las circunstancias que motivaron su otorgamiento.
En mayo pasado, en una entrevista que dio a la cadena NBC, Snowden expresó que volvería a Estados Unidos si esa opción estaba en la mesa, pero le preocupaba que fuera procesado judicialmente de manera injustificada por las escandalosas revelaciones publicadas por The Washington Post y The Guardian sobre una trama masiva de espionaje de las comunicaciones a nivel internacional por parte de EU.
En esa ocasión adelantó que también pediría a Rusia permiso para extender su estancia, “si el asilo parece que se va a acabar.”
El excontratista de la NSA dijo a Brian Williams que estaba “sorprendido” de encontrarse viviendo en Moscú. “Nunca tuve la intención de terminar en Rusia”.
A finales de mayo, el abogado alemán de Snowden, Wolfgang Chalet, informó a Der Spiegel que había “negociaciones” para facilitar el regreso a casa del excontratista de la NSA. “Los que conocen el caso son conscientes de que un acuerdo amistoso con las autoridades de Estados Unidos será más razonable”, dijo entonces Kaleck.
Snowden –que ha recibido varios premios internacionales de organizaciones de derechos humanos por sus revelaciones– llegó por primera vez a Moscú el 24 de junio de 2013, procedente de Hong Kong, con la intención de dirigirse a algún país latinoamericano, pero se vio obligado a permanecer en la zona de tránsito del aeropuerto, desde donde pidió asilo a 21 países.
Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela se lo ofrecieron, pero ante la imposibilidad de viajar, finalmente Rusia le concedió asilo el 1 de agosto del año pasado.
-Israel lanza 400 toneladas de explosivos contra palestinos: ‘Haaretz’
En sólo dos días las Fuerzas Aéreas de Israel bombardearon más de 550 veces la franja de Gaza (326 en el transcurso de este miércoles) para asesinar a líderes de Hamas, y para ello utilizaron alrededor de 400 toneladas de explosivos, reveló hoy un oficial castrense al periódico israelí Haaretz.
Según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Salud de Gaza, el pasado lunes 7 –durante el operativo militar denominado “Margen protector”– murieron 53 palestinos, 13 de ellos menores de 16 años, y 465 resultaron heridos.
De acuerdo con Haaretz, un periodista palestino falleció en uno de los bombardeos que se registraron entre la noche del martes y el miércoles.
Hamid Shahab, reportero de Media 24, se encontraba en un carro con varios colegas cuando estalló un explosivo. Tres de ellos resultaron con heridas de gravedad.
El ataque del gobierno israelí se dio después de que integrantes de las brigadas Qassam, brazo armado del Hamas, dispararon centenares de cohetes desde Gaza sobre Israel, uno de los cuales llegó a más de 120 kilómetros de la ciudad.
La gran mayoría de los proyectiles fueron destruidos en vuelo por el “Domo de Hierro”, el dispositivo antimisil israelí, por lo que no se reportaron víctimas en Israel. No obstante, las sirenas de alerta sonaron todo el día en varias ciudades, aseguraron las agencias.
“Somos el objetivo de cohetes de mierda. Los habitantes de Gaza están bombardeando con armamento pesado. Tenemos abrigos, sirenas, Domo de Hierro. No tienen nada”, escribió en Twitter la activista de derechos humanos israelí Elizabeth Tsurkov.
En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que intensificará los ataques sobre la franja de Gaza, y dio luz verde al ejército para preparar 40 mil reservistas ante la eventualidad de un “operativo en el terreno”.
“No pararemos”, aseveró por su parte el ministro de la seguridad interna de Israel, Yitzak Aharonovitz, y precisó que los palestinos “recibirán en un primer tiempo un golpe duro desde el aire y el mar, y si se requiere una invasión terrestre, habrá una invasión terrestre”.
A finales de 2008, la operación terrestre israelí, en represalia por el lanzamiento de cohetes, provocó la muerte de entre mil 166 y mil 387 palestinos. En aquella ocasión, 13 israelíes perdieron la vida.
“Hamas pagará un precio alto por disparar sobre los ciudadanos israelíes”, advirtió Netanyahu al recalcar que el operativo continuará “hasta que vuelva la calma”.
Y declaró: “Les ruego que tomen paciencia, porque (el operativo) podrá durar tiempo”.
El ministro de la Defensa, Moshe Yaalon, abundó: “No se terminará en tan sólo unos días”. Y amenazó: “Nos preparamos para extender nuestro operativo con todo lo que dispongamos para pegar a Hamas”.
Por separado, el presidente del gobierno de la Unión Nacional Palestina, Mahmud Abás, declaró que la operación militar “no representa una guerra contra una u otra facción, o contra el Hamas, sino contra el pueblo palestino entero”.
El pasado 12 de junio, tres adolescentes israelíes fueron secuestrados en Cisjordania. El gobierno de Tel Aviv acusó a Hamas de haber perpetrado el plagio.
A sabiendas de que los tres jóvenes habían muerto, las autoridades israelíes montaron un operativo para encontrarlos y hallaron sus cuerpos el lunes 30 de junio.
El martes siguiente, un grupo de colonos secuestró y quemó vivo a un adolescente palestino en un acto de venganza, mientras se dirigía a la mezquita antes de empezar el ayuno del Ramadán. El 5 de julio la justicia israelí detuvo a seis sospechosos, “judíos extremistas”, según la agencia AFP.
Los acontecimientos provocaron una respuesta armada de Hamas, que empezó a lanzar cohetes. El ejército israelí realizó un vuelo en la noche del domingo y mató a siete combatientes palestinos.
El portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, denunció entonces una “escalada grave” por parte de Israel, que sepulta de forma definitiva el proceso de paz iniciado hace nueve meses entre la Autoridad Palestina e Israel, bajo el patrocinio de Estados Unidos.
De hecho, tanto Washington como los gobiernos de Francia y Alemania se pusieron del lado de Israel.
“Ningún país puede tolerar disparos de cohetes destinados a civiles. Apoyamos al derecho de Israel de defenderse contra esos ataques viciosos”, declaró Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, anunció que mañana dará a conocer datos sobre la escalada de la tensión en el conflicto israelo-palestino, durante el Consejo de Seguridad al que convocaron los líderes árabes.
-Procede Consejo de la Judicatura en contra de narcomagistrado
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un procedimiento administrativo en contra del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano como probable responsable de conductas vinculadas a la delincuencia organizada.
Después de dos años de investigación, el órgano encargado de la administración y vigilancia de los juzgados y tribunales federales determinó la acción administrativa, la cual puede derivar en una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Al declarar cerrada la investigación, el CJF determinó que Luna Altamirano tuvo ingresos millonarios no justificados como magistrado e hizo múltiples viajes a Colombia y Centroamérica en momentos en que estaba al frente del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal.
En mayo de 2012, el CJF decidió suspender al magistrado mientras realizaba la investigación en su contra. Iniciado el procedimiento administrativo, la sanción se mantiene por lo que no está recibiendo su salario.
Según informó el CJF, el magistrado hizo movimientos bancarios inusuales por casi 3 millones de pesos, algunos de ellos en dólares estadunidenses, y los que no reportó en sus declaraciones patrimoniales.
Esos movimientos están “dentro del supuesto de alto riesgo” porque no es una moneda de curso legal en México y porque “gran parte de operaciones con la misma pudieran estar asociadas con la delincuencia organizada”.
Con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el área de vigilancia del CJF también encontró que los familiares del magistrado realizaron depósitos y/o abonos por casi 2 millones de pesos, sin que se conozca el origen de los recursos.
Lo acusa también de abandonar la residencia del Tribunal a su cargo “por realizar múltiples viajes a países de Centro y Sudamérica, entre ellos Colombia”.
El CJF lo investiga además por “inconsistencias” en el trámite y resolución de diversos juicios, aunque no precisa en qué casos.
Tales inconsistencias “denotarían falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en la substanciación y resolución… al conceder ventajas indebidas a alguna de las partes”.
Lo responsabiliza asimismo de haber ido en contra de los criterios jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aun de sus propias determinaciones.
Además de exonerar del delito de genocidio al expresidente Luis Echeverría y de conceder a España la extradición del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, Luna Altamirano resolvió de manera favorable a varias personas acusadas de delincuencia organizada, entre ellas un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
En 2010 también resolvió a favor de Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, socio del ahora preso Chapo Guzmán.
En 2011 absolvió a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y a su novio, el colombiano Juan Diego Espinoza, El Tigre. También resolvió a favor de Arturo Culebro Arredondo, Tito, supuesto operador del Cártel del Norte del Valle, de Colombia.
En febrero pasado, Proceso, en su edición, 1945, publicó que Luna Altamirano fue investigado a petición del ministro Juan Silva Meza porque la PGR ya tenía una indagatoria en contra del magistrado.
La PGR ha filtrado que el magistrado está investigado como presunto lavador del cártel colombiano.
Luna Altamirano ya había sido suspendido por declarar públicamente en contra de una juez.
-Cesan a maestro en Campeche por enviar foto de sus genitales a alumnos
CAMPECHE, Camp.- Ever Gómez Naranjo, maestro de la escuela primaria Guadalupe Chan Perera, localizada en la colonia Kanisté, fue cesado después de que mandó una foto a sus alumnos en la que exhibía sus genitales.
La madre de familia Margarita Reyes dijo que el hecho ocurrió cuando el profesor de sexto año se encontraba en estado de ebriedad y mandó la imagen a los estudiantes.
Más tarde, el docente pidió a los menores no contar lo sucedido a sus padres, hasta que hace unos días una estudiante narró el hecho en casa y un padre de familia mostró la fotografía.
“Por el mes de febrero o marzo, el maestro mandó una foto donde estaba desnudo de la cintura para abajo y se la envió a un grupo de whatsapp donde están niños de sexto año y una niña de cuarto”, detalló Reyes.
Tiempo después, abundó, el maestro “dijo a los niños que borraran la foto y que no comentaran nada a sus padres; y nosotros como papás nos enteramos hace tres semanas de la situación”.
Incluso, el profesor admitió ante las autoridades de la escuela y de la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc) haber mandado la foto sin ser sancionado.
Peor aún, el mismo profesor, a través de una persona que les puso el vals de fin de curso a los alumnos, aplicó a los menores una prueba psicológica sin que se enteraran los padres y las autoridades educativas.
El test reveló problemas en un grupo de entre seis y ocho menores, quienes dijeron que “se quitarían la vida y la de sus padres”.
Es por ello que la Seduc, acorralada por los paterfamilias inconformes que sacaron a la luz pública el caso, anunció la separación temporal de las aulas de Ever Gómez Naranjo para ser investigado y determinar lo procedente.
Asimismo, aseguró que la maestra Aracely Concepción Arjona Rebolledo, directora de la primaria donde ocurrieron los hechos, también será sujeta a investigación por presunto encubrimiento a Naranjo Gómez.
La directora será investigada luego de que los padres de los menores afectados aseguraron que notificaron a ella la situación desde febrero pasado, y ella lo hizo del conocimiento de las autoridades de la Seduc más de tres meses después, justo el 24 de junio pasado.
-NARCOS FABRICAN SUS PROPIOS DRONES: DEA
Cárteles del narcotráfico están fabricando en México sus propias aeronaves no tripuladas o drones para traficar droga hacia los Estados Unidos, para lo cual están utilizando a trabajadores de empresas que tienen ensambladoras de drones en territorio mexicano, según información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Narcodrones han sido utilizados para traficar droga en la frontera con Estados Unidos desde el 2011, parte de los cuales han sido asegurados por miembros de diferentes agencias tras ser derribados al cruzar hacia territorio estadounidense.
El monto de droga que transportan los drones permite que los carteles hayan aumentado su uso porque les permite financiar su uso, y como resultado ahora están enfocándose en fabricarlos con el tamaño y espacio de acuerdo a sus necesidades, explicó un agente antidrogas que no puede ser identificado por nombre o posición.
Actualmente tanto agencias mexicanas como de Estados Unidos tienen información que ubica a la ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Nuevo León como las entidades en donde los carteles mexicanos han contratado a profesionistas por el doble o triple de su salario; que están elaborando, en paralelo a su trabajo formal, drones para esas organizaciones, pero la investigación está abierta.
La información de la agencia antidrogas, así como de fuerzas federales mexicanas menciona que hasta diciembre del 2013 los carteles utilizaban drones fabricados por empresas extranjeras, particularmente de Israel, pero desde inicios del 2014 se registró un cambio de tendencia al comenzar el proceso de manufactura propia a menor precio que un túnel o semisumergeibles y evadiendo cualquier vigilancia incluyendo radares.
Desde el 2012 la agencia antidrogas registró un promedio de 150 cruces de drones, especialmente cuadrados, que transportaban paquetes de cocaína y otras drogas en paquetes que al ser decomisados llegaban a sumar hasta 2 toneladas.
La base de la Fuerza Aerea en la zona de San Diego que utiliza la agencia antidrogas ha capturado un promedio de 30 drones con droga que son enviados desde México para entregar su carga en territorio estadounidense en un proceso previamente acordado.
Para el abogado estadounidense John Davidson los vehículos tripulados o drones son las “mulas” perfectas para los carteles mexicanos los cuales ya han invertido en fabricar narcosubmarinos o semisumergibles, túneles para transportar droga entre otros, por lo que la fabricación de drones autonómos entra en su esquema.
El abogado Davidson agregó que la primer aplicación comercial de los drones por el narcotráfico es el empleo como mulas para traficar droga hacia Estados Unidos, sin la necesidad de contacto personal y menores riesgos para los participantes, así como una ventaja para los lavadores de dinero al exportar el efectivo de los negocios hacia México sin controles de la autoridad.
Estos drones, indica la información, son diferentes a los casos de ultraligeros que también utilizan los carteles mexicanos para cruzar droga a Estados Unidos, cuyos casos promedian cuatro al día, llevan cargamentos de droga, con un promedio de 60.3 kilos por viaje, especialmente por las noches y no aterrizan en territorio estadounidense.
La Guardia Nacional informó que desde 2011 registró un incremento en el 2011 del uso de aviones ultraligeros de México hacia Estados Unidos, especialmente en el centro de Arizona, que son utilizados por los carteles mexicanos, con cargamentos superiores a los 100 kilos, y generalmente involucran mariguana.
-Explosión destruye empresa y deja cinco heridos en Morelos
CUERNAVACA, Mor.- Una explosión en una empresa dedicada a la elaboración de productos veterinarios, dejó como saldo cinco personas lesionadas y daños en el 50 por ciento de la fábrica. El incidente se registró cuando los trabajadores ya habían terminado su jornada laboral.
Francisco Barona Tellez, director de Protección Civil en el Municipio de Jiutepec, detalló “afortunadamente al interior de la nave no se encontraba nadie, únicamente más que el vigilante, el cual presenta alguna lesiones no graves de consideración, otras tres personas que también requirieron ser trasladadas a centros hospitalarios para su revisión”.
Los hechos se registraron a las 17:30 horas, en la empresa Holland de México ubicada en la avenida Centenario de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), que se encuentra en el municipio de Jiutepec.
De acuerdo a los primeros reportes pudo tratarse de una acumulación de gases, “nosotros no observamos nada al interior, se ve, al interior está hecho de material de tabla roca que eso en cierta manera favoreció, lámina galvanizada que también nos favoreció al haberse acumulado equis sustancia que desconocemos y que en cierta manera ayudó que la presión se liberara”.
La explosión, derribó el techo y todas las paredes del área administrativa y procesamiento, incluso el portón de la entrada voló y cayó sobre una camioneta estacionada frente a la fábrica, donde se encontraban tres mujeres.
La bodega dijo, “es una empresa que se dedica a la elaboración de vitaminas para animales, lo que es elaboración de champús, también, para lo que es uso veterinario también, prácticamente en la parte de atrás hay una bodega la cual está intacta, lo único es en algunas áreas donde se estaba realizando algún proceso”.
Al lugar llegaron bomberos de CIVAC quienes acordonaron y verificaron que no había más riesgos en la bodega, además de personal de paramédicos de este mismo cuerpo de rescate, quienes se encargaron de trasladar a los heridos.
-AHMSA inyecta 83 mdd en sistema de desgasificado
Altos Hornos de México (AHMSA) y Siemens VAI firmaron un contrato para construir dentro de la Siderúrgica 2 una planta de desgasificado de acero al vacío, con una inversión de 83 millones de dólares.
A través de su subsidiaria Siemens Metals Technologies, Siemens VAI abastecerá e instalará los equipos necesarios como ollas, bombas de vacío mecánicas, acero estructural y un sistema combinado de levantamiento de ollas, además de los componentes para los sistemas eléctrico y automatización para el nuevo proceso de desgasificado.
La nueva planta será instalada en el taller de BOF y Colada Continua de la Siderúrgica 2 y tendrá capacidad para procesar dos millones de toneladas métricas de acero líquido al año. La propia firma austriaca a la vez entrenará al personal de AHMSA en la operación y mantenimiento de los equipos.
En un comunicado enviado al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalla que las principales funciones de las plantas de desgasificado son la eliminación de hidrógeno, descarburación forzada y el calentamiento químico del acero líquido, que se procesa bajo condiciones de vacío con la inyección de oxígeno.
“El proceso de desgasificado al vacío permitirá a AHMSA producir material de alta resistencia, con un contenido muy bajo de hidrógeno, acero requerido para aplicaciones en la industria del petróleo, fabricación de tuberías API, para gas amargo, aceros que serán sometidos a cierto grado de deformación o troqueles profundos como el sector automotriz”.
La nueva planta de desgasificado de acero al vacío está programada para su puesta en operación en octubre de 2015.
-Anuncian campesinos jornada nacional para exigir participación en reforma al campo
Organizaciones campesinas anunciaron que el próximo 23 de julio llevarán a cabo una jornada nacional de lucha para exigir al gobierno que sus propuestas en torno a la reforma del campo sean tomadas en cuenta.
En el pleno de la UNT, Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista; Luis Gómez Garay, secretario de actas del Congreso Agrario Permanente; Guadalupe Martínez Cruz, del Consejo Nacional de Sociedades Unidas con Campesinos y Colonos AC (Consuc), y Eduardo Navarro, del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, precisaron que la movilización se realizará en la mañana de ese día desde el Ángel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación, para demandar a esta dependencia la instalación de una mesa de negociación y por la tarde habrá una marcha hacia el Zócalo capitalino, en la cual también participarán organizaciones sindicales.
Correa precisó que en los foros que el gobierno realiza en los estados en víspera a la reforma del campo, las organizaciones campesinas han planteado más de seis mil propuestas y añadió que los principales puntos que demandan estas agrupaciones se refieren al tema de presupuesto, reforma de instituciones y la emisión de decretos y algunas normas.
-Recorte en el suministro de agua del sistema Cutzamala afectará a 13 delegaciones
Alrededor de dos millones de personas de 13 delegacionales se verán afectadas con la reducción del recorte del 40 por ciento del suministro del agua proveniente del Sistema Cutzamala del viernes 11 al domingo 13 de julio, señaló el director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre Díaz, al término del anuncio de la promulgación de la Ley de Fiscalización Superior de la ciudad de México.
“Dos millones es el universo de personas que pueden verse afectadas si no toman previsiones”, indicó.
Remarcó que este no es uno de los cortes más graves que ha tenido la ciudad de México, porque se habla de un 40 por ciento en una temporada de lluvias, donde la demanda del líquido es menor.
“Es decir, no esperamos un problema mayor, sobre todo si cada uno de nosotros hacemos la previsión y almacenamos agua”.
Detalló que las mayores deficiencias del líquido se estarán sintiendo a partir del sábado por la tarde y el domingo, mientras que para el lunes se espera que el servicio esté totalmente restablecido.
Indicó que para el 15 de septiembre y 2 de noviembre se prevén dos cortes más en el suministro del líquido, pero del cien por ciento.
“Esos sí son graves y nos pegan porque en noviembre ya no es época de lluvias y la demanda es mayor.”
-Tren arrolla un auto en Ecatepec; una persona falleció
Ecatepec, Méx. El choque entre un tren y un auto compacto la tarde de este miércoles en la colonia Jardines de Morelos dejó a una persona muerta y una más lesionada, informó Protección Civil.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando una pareja que salía de la colonia a bordo de su automóvil, un Dodge Neón de color rojo con placas de circulación MGL- 61-20 del estado de México, intentó ganarle el paso al ferrocarril.
El vehículo fue arrastrado por el tren en el segundo cruce de la avenida Jardines de Morelos, a la altura de la sección de Monte Machupichu.
La pareja quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad. Una persona murió y otra fue trasladada para su atención.
Al lugar de los hechos arribaron elementos de la policía municipal que trataron de auxiliar a los lesionados.
-Suspenden sesión en el Congreso de Morelos por amenaza de bomba
Cuernavaca, Mor. Debido a una amenaza de bomba, diputados suspendieron la sesión ordinaria en donde se discutía la autorización de créditos para 14 municipios.
El secretario de gobierno Jorge Mesenger fue quien le avisó al presidente de la mesa directiva del Congreso, Juan Ángel Flores Bustamante, por lo que al lugar arribó el comisionado de Seguridad estatal, Alberto Capella Ibarra, para realizar una inspección a las instalaciones.
La amenaza se recibió justo en el momento en que se votaba el dictamen para un empréstito al municipio de Cuernavaca de 755 millones de pesos, la cual fue rechazada.
-Marchan y cierran calles en demanda de pagos a jubilados en Guerrero
Chilpancingo, Gro. Decenas de integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado de Guerrero, protestaron en esta capital, primero marchando en el centro de la capital, y posteriormente bloqueando una de las vías principales de la ciudad, exigiendo el pago de sus pensiones y prestaciones al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg), que les adeudan desde el año 2012. También exigen su incorporación a nóminas para las pensiones.
Los jubilados y pensionados bloquearon por más de dos horas la Avenida Guerrero, en pleno centro de la ciudad. Denunciaron que existe corrupción, opacidad y malos manejos de los recursos en el Issspeg y exigieron la aplicación de una auditoría.
En la marcha, que inició a las 11 de la mañana los jubilados corearon diversas consignas como ¡gobierno, ratero, no escondas el dinero! Al mediodía bloquearon la salida de un paso a desnivel a un costado de las oficinas del Issspeg.
En la marcha estuvieron unos 500 jubilados y pensionados de los municipios de Iguala, Zihuatanejo, Chilapa, Taxco, Teloloapan, Arcelia y Chilpancingo, entre otros.
Además exigieron el pago puntual del aguinaldo; el pago del incremento a las pensiones; la liberación de los recursos para préstamos e incorporar a la nómina a los nuevos jubilados, agregó el presidente de la Asociación, Lezama Cruz.
Dijo que “no es creíble que el Issspeg esté en quiebra, porque hay aproximadamente 90 mil trabajadores en activo a quienes el gobierno del estado, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados, les están aplicando descuentos de 9 por ciento quincenales a sus salarios para el Issspeg”.
Mencionó que hay ayuntamientos y organismos públicos como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama); los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, que no han pagado al Issspeg sus aportaciones y las cuotas que descuentan a los trabajadores.
Trascendió que en el caso de del ayuntamiento de Acapulco, y Capama adeudan al Issspeg aproximadamente 50 millones de pesos; el de Chilpancingo 8 millones; y el de Iguala 5 millones.
Los jubilados y pensionados denunciaron que “hay corrupción, opacidad y malos manejos de los recursos en este instituto”, por lo que Lezama Cruz, exigió una auditoría “serán los propios compañeros los que investiguen dónde están los recursos que aportan los más de 90 mil trabajadores en activo y la contraparte que envían el gobierno estatal, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados. Nosotros ya aportamos nuestras cuotas cuando fuimos trabajadores en activo, ahora el Issspeg tiene que pagar nuestras pensiones y prestaciones oportunamente, no somos culpables de la corrupción que hay en el Instituto”, concluyó.
En otra protesta, unas 200 personas desplazadas del municipio de Cochoapa el Grande en el año 2009, por diferencias religiosas, llegaron a las oficinas de la Secretaría de Asuntos Indígenas(SAI), y exigieron a su titular, Filemón Navarro Aguilar, les asigne un terreno dónde vivir.
Al respecto, Bonifacio Ortiz Vázquez señaló que luego del desalojo del que fueron objeto por un grupo de católicos, se fueron a vivir a unos terrenos ubicados cerca de Cochoapa el Grande, conocido como “Monte Sinaí”.
Dijo que llevan en ese lugar más de cinco años “y las autoridades siguen sin resolver nuestro problema, pese a una serie de peticiones y firma de minutas que hemos hecho”.
Aseguró que el alcalde de Cochoapa el Grande, Luciano Moreno, les entregó cien mil pesos para la compra de una hectárea del terreno donde están viviendo “nosotros reunimos otros cien mil pesos para otra hectárea”, concluyó.
-Policía repliega con gases lacrimógenos bloqueo de carretera en Puebla
San Bernardino Chalchihuapan. El cierre de la autopista Puebla-Atlixco provocó que la fuerza pública del gobierno estatal reprimiera a pobladores de la región de San Bernardino Chalchihuapan que exigen la restitución del Registro Civil a las juntas auxiliares, facultad que les fue enajenada para entregarlas a los ayuntamientos por una iniciativa del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas.
Durante la confrontación, los policías lanzaron gases lacrimógenos mientras los vecinos se defendían con palos y piedras. Se habla de al menos 20 policías lesionados y un número indeterminado de heridos de parte de los manifestantes, entre los que habría menores de edad.
La diputada federal perredista, Roxana Luna Porquillo, dijo que tenía información de que los pobladores tenían retenidos a varios policías y que advertían que sólo los liberarían si las autoridades a su vez regresaban sanos y salvos a los ciudadanos que fueron retenidos durante la confrontación.
Estaba por establecerse en Chipilo una mesa de negociación entre el gobierno del estado y los integrantes de la Coordinación Estatal por la Identidad de los Pueblos (Cedip), la organización que aglutina a presidentes de juntas auxiliares y otros representantes de las comunidades que exigen la restitución del Registro Civil.
Hubo manifestaciones de la Cedip en prácticamente todas las regiones del estado, tomando varias vías de comunicación.
Los manifestantes también demandarán la liberación de Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, ambientalistas presos desde abril por oponerse al Gasoducto Morelos y al Arco Poniente.
-Obama enviaría a la Guardia Nacional a la frontera a cambio de fondos
Washington. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se dijo hoy “feliz” de considerar enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México, si con ello el Congreso aprobaba fondos adicionales por 3 mil 700 millones de dólares para resolver la crisis humanitaria por la llegada masiva de niños indocumentados no acompañados.
"Si para aprobar estos fondos adicionales quieren que incluyamos un compromiso a enviar la Guardia Nacional, estaré feliz de considerarlo", dijo Obama, quien señaló que puede haber diferencias entre republicanos y demócratas sobre temas concretos, pero que en ambos partidos hay consenso de que es necesario actuar para resolver este problema.
El envío de la Guardia Nacional a la frontera, han sido una exigencia manifiesta del gobernador de Texas, Rick Perry, y otros líderes republicanos, medida que, según el mandatario demócrata, sólo sería "una solución a corto plazo".
"¿Está el Congreso preparado para actuar y poner estos recursos disponibles para que lo hagamos?", se preguntó Obama. "¿Les interesa más el politiqueo o resolver problemas?".
Obama hizo estas declaraciones en Dallas (Texas), donde abordó con el gobernador Perry y con líderes religiosos y locales la llegada en los últimos ocho meses de 57 mil niños no acompañados a la frontera suroeste de Estados Unidos.
Texas se ha convertido en el epicentro de estas crisis humanitaria, ya que la mayoría de los menores están llegando al valle de Río Grande.
"Esto no es un teatro. Esto es un problema. No estoy interesado en fotos para relaciones públicas, sino en resolver problemas", dijo Obama tras ser preguntado por los periodistas sobre la polémica suscitada por el hecho de que esté en Texas recaudando fondos para el Partido Demócrata y no se desplace a la frontera a ver de primera mano la situación.
El presidente Obama había sido criticado con dureza por este motivo tanto por Perry y otros republicanos, como por algunos políticos demócratas, que consideraban que era necesario que fuera a la frontera para mostrar liderazgo.
Algunos incluso habían insinuado que si no lo hacía, corría el peligro de que esta crisis humanitaria se convirtiera en el Katrina de Obama, en referencia a la desastrosa de gestión que hizo el presidente George W. Bush tras el paso del huracán Katrina en 2005.
El huracán Katrina no sólo provocó grandes destrozos y dejó casi 2 mil muertos, sino que perjudicó el apoyo popular de los estadounidenses a Bush al quedar expuesta su mala gestión de la crisis.
Obama consideró que no es necesario que él vaya a la frontera, ya que el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, ha estado ya allí en cinco ocasiones y le tiene informado diariamente de la situación sobre el terreno.
Obama rechazó la semana pasada la invitación que le hizo Perry para visitar la frontera. Perry, por su parte, se negó a simplemente saludar al presidente cuando aterrizara en Texas, como en un principio quería la Casa Blanca. Y al final consiguió una reunión privada con el presidente para exponerle lo que él cree que debería hacerse para resolver esta crisis humanitaria.
"Asegurar la frontera es posible y el presidente necesita comprometer los recursos necesarios para lograrlo", dijo Perry en un comunicado emitido después del encuentro con Obama.
Desde que estalló la crisis humanitaria Perry se ha convertido en uno de los más críticos con la gestión que está haciendo el gobierno federal en la frontera.
Analistas políticos creen que Perry lo está haciendo para mejorar su imagen de cara a una posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2016, después de la desastrosa campaña que hizo en las primarias republicanas de 2012.
-“Enhorabuena”, Morena ya es partido político, celebra AMLO en Twitter
A propósito del registro de Morena como partido político, Andrés Manuel López Obrador escribió en su Twitter: “El 2 de octubre de 2011, se constituyó Morena como asociación civil; hoy, es partido político. Morena la esperanza de México. Enhorabuena”.
