Con 20 votos a favor y 7 en contra la Comisión de Energía aprobó en lo general y artículos no reservados el tercer dictamen de las leyes secundarias de la reforma energética enviado por el Senado.
Se decretó un receso y se citó para mañana jueves 24 de julio a las 10:00 horas. (Tomada de Twitter / @MarcoBernalG)
La Comisión de Energía aprobó en lo general tras cinco horas de discusión, con 20 votos a favor y siete en contra, el tercer al tercer dictamen proveniente del Senado, incluido un adendum para establecer el autogobierno de Pemex Y CFE en materia de presupuesto y deuda.
Este miércoles se discutieron la minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La Comisión de energía se reunirá de nueva cuenta mañana jueves a las 10:00 horas para discutir el cuarto y último dictamen en la materia proveniente del Senado.
Durante la discusión legisladores de izquierda insistían en que no se combatía la corrupción sindical, mientras panistas, priístas, ecologistas y aliancistas hablaban de las bondades de la propuesta y de que en todo momento se busca fortalecer a las empresas productivas del Estado.
El presidente de la comisión, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, anunció la inclusión de un “adéndum” al dictamen de la minuta que aprobó el Senado para dar mayor autonomía a las paraestatales y decidan sobre sus estructuras orgánicas, políticas de recursos humanos, presupuesto y deuda.
El secretario de la Comisión de Energía, Javier Treviño Cantú, señaló que el objetivo principal es fortalecer a ambas empresas, dotarlas de herramientas jurídicas que les permitan competir con eficacia y eficiencia, permitir tomar decisiones de manera autónoma y flexible, conforme mejor convenga a sus estrategias de negocio y comerciales.
Indicó que las propuestas contenidas en el dictamen se diferencian de la regulación hasta ahora existente en que las dos compañías contarán por primera vez en su historia con un régimen normativo distinto a los principios burocráticos y de excesivo control e injerencia gubernamental.
Lo que se busca, expuso, es que tenga como premisa central la incorporación de principios empresariales conforme a las mejores prácticas internacionales, aunque lo más importante sin perder el control y propiedad del Estado.
Explicó que este nuevo régimen que se propone dará un giro a la vida institucional y organizacional de ambas empresas, ya que por primera vez sus consejos de administración asumirán plenamente la conducción central de su grupo corporativo.
Por su parte, precisó, el Gobierno Federal se limita a ejercer las funciones que le corresponden en su carácter de propietario en representación de todos los mexicanos.
Detalló que algunos de los puntos más importantes del dictamen son que las empresas podrán celebrar toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías para cumplir con su objeto.
En materia de gobierno corporativo, apuntó, se establece que los consejos de administración sean los órganos decisorios máximos de las empresas.
Ello con consejeros verdaderamente independientes que serán elegidos con base en su experiencia y trayectoria profesional y sobre todo con responsabilidades claras.
Uno de los aspectos más relevantes derivado de la transformación de Pemex y CFE es el relacionado con su vigilancia y auditoría; en este sentido se incluyen nuevos sistemas de vigilancia diseñados conforme a las mejores prácticas internacionales.
Además, continuó, se prevé la creación de un comité de auditoría que será responsable de emitir los lineamientos de vigilancia de las empresas y la existencia de una auditoría interna, estructura que trabajará como el brazo ejecutor de dicho comité.
Treviño Cantú anotó que se establece la existencia de un sistema de control interno que será responsabilidad del director general y que tendrá como función principal la identificación y prevención de riesgos, así como la observancia de las disposiciones jurídicas, contables y financieras que resulten aplicables.
Se precisa que las empresas productivas del Estado deberán contar con un auditor externo designado por su Consejo de Administración y la Auditoría Superior de la Federación seguirá siendo competente para fiscalizarlas, dada la naturaleza pública de los recursos con que se constituyen.
Argumentó que la transformación no implica “de ninguna manera reducir la supervisión y control estatal sobre las empresas y los recursos públicos que ellas dispongan”, por lo que se incluyen novedosas disposiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Por lo que respecta a su transparencia, se establece que Pemex y CFE no sólo están obligadas a cumplir con las leyes en la materia como cualquier otro órgano del Estado, sino también a atender las disposiciones sobre revelación de información a sus inversionistas, en este caso el Estado mexicano.
Asimismo se precisan informes de estas empresas productivas del Estado al Legislativo y Ejecutivo, a efecto de que estos poderes cuenten con información precisa y confiable sobre su desempeño y para el mejor ejercicio de las atribuciones que le corresponden.
También se incorporan nuevas normas por las cuales se dará seguimiento en tiempo real al comportamiento de todos los contratistas de Pemex y CFE.
Lo anterior en cuanto al nivel de cumplimiento de sus obligaciones no sólo contractuales, sino las ambientales o laborales, por lo que “se garantiza que estén en posibilidad de responder a la idoneidad financiera, jurídica y ética de las personas o empresas con quienes contratan”.
Resaltó que hay una total aplicabilidad de las leyes en materia de anticorrupción y que dichas medidas no se limitan a la supervisión de las primeras etapas de contrataciones, sino que además deberán garantizar una estricta supervisión de todas las operaciones comerciales de Pemex y CFE.
Todo ello, indicó, a través de mecanismos que permitan identificar a los responsables de las decisiones que se adopten no sólo durante los procesos de contratación, sino posterior a la ejecución de los mismos.
El dictamen, agregó, también incorpora sistemas de denuncias y quejas anónimas y cumple a cabalidad con los postulados constitucionales.
Todo lo anterior redundará en que las empresas productivas del Estado sean comercialmente exitosas, pues gozarán de regímenes jurídicos que les permiten flexibilidad y autonomía en la toma de sus decisiones comerciales.
Lo anterior sin olvidar la necesaria y estricta supervisión estatal que debe existir en cuanto a la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, subrayó.
El panista Juan Bueno Torio dio lectura al adéndum en donde se establece que el régimen propuesto deberá aplicarse sin intervención alguna de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra instancia de la Administración Pública Federal.
Este régimen asegura que las empresas productivas del Estado gocen de la autosuficiencia necesaria para maximizar su competitividad sin sujetarlas a controles adicionales o distintos a los plasmados en la Constitución.
Detalló que ello permitirá proveer a las empresas de un marco jurídico integral que les permita operar y realizar sus objetivos de manera eficiente, eficaz y bajo la certeza jurídica.
Lo anterior concentrando en un solo ordenamiento jurídico todas las disposiciones jurídicas aplicables a cada una de las empresas productivas, lo cual facilita la interpretación armónica de las mismas conforme a las particularidades que cada una de ellas tiene.
Expresó que cada uno de los pilares de la reforma constitucional en materia de energía, publicada el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, persigue dotar de autonomía a Pemex y a CFE, así como conferirles un régimen especial en diversas materias.
Por ello, afirmó, se considera que para mayor claridad y certeza respecto al régimen especial de dichas empresas lo más conveniente es que las normas que regulen la materia de presupuesto y deuda estén contenidas en sus respectivas leyes.
De esta manera, puntualizó, se incorporan las propuestas que el Ejecutivo presentó a la Cámara de Diputados en la iniciativa, y se integra todo el adéndum en el propio dictamen con las salvedades y modificaciones que han resultado debido al análisis y al estudio que se ha hecho respectivamente a cada una de las dos empresas productivas del Estado.
En tanto, Bernal Gutiérrez mencionó que el adéndum también “será discutido en la reunión de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública”.
Fuente: Milenio| DANIEL VENEGAS Y FERNANDO DAMIÁN
