El PRD difundió los 15 puntos por los cuales se opone a las iniciativas de leyes secundarias en materia energética cuya discusión comenzó este martes en comisiones del Senado.
La dirigencia nacional y los grupos parlamentarios del partido del sol azteca en ambas cámaras federales expusieron un posicionamiento conjunto en torno a las reglamentaciones a la reforma constitucional aprobada en 2013, que abre el sector energético a la inversión privada nacional y extranjera, y que es considerada por la izquierda como "privatizadora" de los recursos de los mexicanos.
Las normas, cuyo dictamen se pretende aprobar el próximo 23 de junio, definirán, por ejemplo, las reglas para los contratos que el Estado podrá entablar con particulares para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Los perredistas insistieron en que impulsarán una consulta popular para someter esta modificación a consideración de la ciudadanía en las elecciones federales de 2015, según anunciaron este martes en conferencia de prensa encabezada por Jesús Zambrano, presidente nacional del partido; Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del sol azteca, y los líderes parlamentarios de este instituto político.
A continuación te presentamos íntegros los 15 puntos por los cuales el PRD se opone a las iniciativas de las leyes secundarias de la reforma energética.
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1. No garantiza la Seguridad Energética Nacional para los próximos 30 años, ya que se privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada extranjera, confirmándose este hecho a través del pre-dictamen sobre la Ley de Hidrocarburos que se tiene programado discutir en el Senado de la República.
2. No asegura un suministro oportuno y suficiente de energéticos; ni una disminución de precios de la electricidad y las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener los gasolinazos hasta el año 2019. Asimismo, eliminará los subsidios al consumo eléctrico, por lo que subirán las tarifas en los próximos años.
3. El modelo energético que propone el gobierno federal tiene como objetivo central una mayor captura de recursos fiscales, manteniendo la petrolización de las finanzas públicas.
4. Hay una revancha histórica en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se reduce a las empresas del sector a su mínima expresión y facilita el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras.
5. No hay alivio fiscal para Pemex y tampoco se le otorga autonomía presupuestal. La autonomía de gestión se reduce a una mera simplificación administrativa. Con lo anterior, su concepto de Empresa Productiva del Estado es una simulación, donde a Pemex se le manda a competir atada de brazos.
6. Pemex llega en desventaja para competir con los nuevos participantes, puesto que las asignaciones que reciba le pueden ser arrebatadas sin el asomo siquiera de un debido proceso; la Comisión Nacional de Hidrocarburos le impondrá socios en caso de buscar alianzas; la Secretaría de Hacienda seguirá teniendo un peso decisorio en la definición de su presupuesto; cualquier aligeramiento fiscal estará supeditado al mínimo de 4.7 % del PIB de ingresos fiscales para el Estado; se le podrá obligar a desarrollar los proyectos de baja rentabilidad que ningún otro operador quiera hacer, así como a entregar su información geológica y geofísica, interpretada, con lo cual perderá toda ventaja comparativa.
7. Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán apropiarse de la mayor parte la renta petrolera.
8. Se considera enfrentar juicios que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los que las naciones como Ecuador, Kazajstán y Venezuela han tenido muy malas experiencias.
9. Se protege a las compañías petroleras más que las comunidades y ejidos, argumentando que es por el bien común o el interés nacional. Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, que implicará un despojo de la tierra en los procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías internacionales y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social.
10. Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo, cuya principal función es ser una caja de pagos para las empresas trasnacionales, y no un instrumento de ahorro a largo plazo para el desarrollo económico del país.
11. No se plantean mecanismos para fondear el pasivo laboral de Pemex, que asciende a más de 1.1 billones de pesos (2013), dejando en total vulnerabilidad financiera a la petrolera. Este pasivo, producto de la sangría fiscal de Pemex, representa casi una tercera parte del Presupuesto Federal y, de no atenderse, podría generar un problema financiero de proporciones incalculables.
12. Se margina la investigación y el desarrollo tecnológico, ya que se acota presupuestalmente y se desdeña como factor de cambio futuro para el sector energético nacional. En ninguna parte del mundo se ponen límites a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. La propuesta del Ejecutivo así lo pretende.
13. El Instituto Mexicano del Petróleo sólo se encuentra citado (en forma errónea, además) en un artículo transitorio. El Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares no merecen siquiera una mención en las iniciativas de Ley.
14. La transición energética no es una preocupación del gobierno federal. Además, se impulsan procesos de extracción cuestionables por sus potenciales daños al medio ambiente, como el denominado fracturamiento hidráulico o fracking. Este tipo de tecnologías están prohibidas en varios países de Europa y algunas entidades de los Estados Unidos de América.
15. La transparencia es un tema abordado tibiamente y, en el caso de la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, están completamente ausente de la propuesta.
Fuente: ADN Político
