La historia de 36 campesinos de Ocampo, que son dueños de una propiedad de plata que no han podido cobrar.
SALTILLO, COAHUILA.- En el ejido Tenochtitlán, localizado en el desierto de Ocampo, Coahuila, el corazón de la tierra no es de agua como en el antiguo imperio mexica, sino de plata.
Aquí, presume en comerciales el gobierno del estado de Coahuila, brilla uno de los yacimientos más productivos de plata del mundo; en este territorio donde no hay una gasolinera 254 kilómetros a la redonda, despega cada tercer día un avión cargado de metal refinado listo para exportar; aquí se extraen 4 millones de onzas por año; en un municipio clasificado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Rural (Coneval) como “Semimarginado”, la minera canadiense First Magestic recibe de ganancia pura mil 464 millones de pesos anuales.
Los dueños del ejido Tenochtitlán son millonarios. Saben que caminan sobre plata. Saben que el título de propiedad que les dio la Secretaría de la Reforma Agraria por 10 mil 100 hectáreas que comprende el Ejido, es un tesoro que deben guardar bien.
“Nosotros somos los propietarios de esto”, dice Efrén Barajas deteniéndose el sombrero para que no se lo lleve el viento y apuntando hacia un desierto bordeado de montañas, el paisaje que su esposa eligió para morir.
En 1973, por decreto presidencial, 36 ejidatarios recibieron el título del lugar donde han pasado gran parte de su vida.
“Estas son las escrituras del ejido de mi propiedad” sostiene orgulloso Alejandro Ramírez, desde su casa de adobe a medio terminar. Él es un minero retirado por una lesión lumbar que a sus 69 años vive con una pensión de 2 mil 500 pesos mensuales.
Lo sabían sólo por un papel y fue hasta 1980 que la Secretaría de la Reforma Agraria les entregó 8 mil 765 hectáreas, ¿y el resto? Lo tendrían que pelear a una mina de plata de Grupo Peñoles llamada “La Encantada”.
“Cuando nos dieron los títulos fue como si nos dieran una casa, ser dueños del lugar donde crecí”, dice Juan Manuel Trejo de 39 años, desempleado y padre de cuatro hijas, con una mirada brillante, como la de alguien que tiene un billete de lotería que está a punto de cobrar.
Grupo Peñoles dice lo contrario y en 2004 solicita un amparo para legitimar como suya la superficie donde está asentada la mina.
“Es un robo el que están haciendo y tanto dinero el que se llevan”, dice Lauro Vega, quien se gana la vida vendiendo ropa a los mineros que extraen la plata de su propiedad.
Así lo establecieron las leyes de este país, en 2006 que Grupo Peñoles perdió el amparo y la Secretaría de la Reforma Agraria validó a los ejidatarios sus derechos como propietarios de las 10 mil 100 hectáreas.
“Semos treintaitantos los dueños, entonces yo le digo a la mina, ofrécenos algo, ya son muchos años, todo se ha perdido, el terreno ya no sirve” dice don Pablo Vega desde su cama, con una voz que apenas se escucha. Tiene neumoconosis y para hablar debe estar conectado a un tanque que oxigene sus pulmones dañados por la minería.
Sólo que Grupo Peñoles vendió la mina a la compañía canadiense First Majestic y ahora es con ellos el diálogo, la lucha para que les paguen un terreno que ha sido explotado por 34 años.
“De a una chiva, de a dos, de a tres, las sacaba muertas por el cianuro del agua, se siente muy feo, hasta le dan ganas a uno de llorar, es el patrimonio de los hijos” dice don Tacho, pastor ejidatario, que todavía se cubre el sol con el mismo casco que portaba en la mina antes de tener un accidente.
Aunque al momento de entregarles el resto de su territorio les hayan dado otros lotes que no coinciden con los planos y tuvieran que iniciar otra vez un litigio ante el tribunal Agrario en Torreón, Coahuila, para hacer valer que es de ellos donde está operando en superficie y subsuelo la canadiense First Majestic.
“Nomás estamos pidiendo eso, que nos liquiden esa parte donde están procediendo, y no hemos podido llegar a nada porque lo que ofrecen es muy poco”, dice Alejandro Ramírez, con más de veinte nietos en su haber.
Pese a que el pasado 6 de diciembre se reunieran con representantes de First Majestic para ponerle precio a sus predios y no llegaran a ningún acuerdo. La oferta: 10 millones de pesos, que divididos entre los 36 ejidatarios equivalen a 277 mil pesos para cada quien, menos el 30 por ciento, porcentaje para los abogados.
“Nos remontamos a la conquista porque lo que nos ofrecen es mucho menos que espejitos, es muy poco para el negocio que representa esta compañía”, dice Mario Valdés, comisariado ejidal y ganadero.
No están dispuestos a aceptar esa oferta porque ya no podrán ni sembrar. Saben que el agua que corre por el subsuelo es veneno debido al proceso de lexivación que usa la mina para obtener la plata. Por hacer valer sus escrituras están arriesgando la vida.
Fuente: Vanguardia| KOWANIN SILVA
