El gobierno del Distrito Federal (GDF) no está dispuesto a pasar por alto los actos vandálicos registrados el pasado 1 de diciembre antes, durante y después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.
En declaraciones por separado, los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial de esta capital, Miguel Ángel Mancera y Edgar Elías Azar, subrayaron que la investigación sobre los desmanes ocurridos particularmente en el Centro Histórico, donde un grupo de jóvenes no identificados destrozaron vidrios de sucursales bancarias y hoteles, saquearon comercios, pintarrajearon monumentos históricos y destruyeron mobiliario urbano, sigue abierta y que en cualquier momento habrá más detenidos.
Mancera subrayó que ha instruido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que con toda la evidencia de la que se dispone hasta ahora, se detenga a “aquellas personas que todos vimos, que todos observamos que realmente tuvieron conductas violentas contra la ciudad”.
En declaraciones a la prensa después de anunciar la puesta en marcha del operativo Villa Mariana 2012, Mancera añadió:
“Que sepan (los mexicanos) que vamos a investigar y que en su momento vamos a actuar contra aquellas personas que actuaron con una intención clara de dañar a la ciudad y a la paz pública”.
El funcionario capitalino reiteró que su gobierno será respetuoso de la libre manifestación y expresión de las ideas siempre que sean actos pacíficos, que permitan la interlocución con el gobierno y con respeto a la ley.
“Nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación, a la libre expresión, eso está garantizado en la ciudad”, sólo queremos que se haga en el marco de la legalidad”, puntualizó.
Y aseguró que no impugnará el fallo del TSJDF que decretó la liberación de 56 jóvenes detenidos, aunque advirtió de antemano que se mantendrá atento al desarrollo del proceso penal para que se castigue a los verdaderos responsables de los actos violentos registrados el 1 de diciembre.
Por su lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) subrayó que los jóvenes excarcelados continúan bajo investigación y podrían volver a prisión en caso de probarse su responsabilidad en los disturbios.
El magistrado explicó que la juez 47 penal, María del Carmen Mora Brito, quien lleva el caso, otorgó a los jóvenes la libertad bajo las reservas de ley porque por el momento no se encontraron elementos para procesarlos y no por presiones políticas.
“Que quede claro que no nos vamos a dejar presionar ni por medios ni por estructuras sociales, el juez tiene que resolver en forma autónoma, independiente como lo hizo nuestra jueza”, subrayó.
Refirió que si la PGJDF presenta nueva pruebas podrían consignar de nueva cuenta a algunos de los liberados u otras personas que hasta hoy no han sido detenidas.
En rueda de prensa, el magistrado precisó que en el caso de las 13 personas a las que se les dictó auto de formal prisión por su presunta participación en el delito de ataques a la paz pública, así como una más acusada además de daños en propiedad, tampoco se les puede considerar culpables hasta que concluya el juicio.
“No caigan en el tema de que por el simple hecho de que no se consignó ya es inocente, y por el simple hecho de que ya se consignó ya fue culpable. Ni uno es inocente ni el otro es culpable, esperemos que la Procuraduría agote sus averiguaciones, no sé cuántas pueda tener, no sé qué esté haciendo y permítale al Poder Judicial dictar sus sentencias”, exhortó.
Elías Azar afirmó que, de acuerdo con los jueces, las detenciones del 1 de diciembre fueron legales y criticó, sin decir nombres, que “ciertas fuerzas” quieran aprovechar políticamente estos hechos, que calificó como “politiquería barata de banqueta”.
“Las detenciones fueron declaradas por los jueces legales y son legales y se acaba el tema. Lo importante es que estas circunstancias no las aprovechen ciertas fuerzas para capitalizarlas políticamente. Lo que no se vale es hacer politiquería con base en estos hechos lamentables que vivimos”, enfatizó.
El titular del TSJDF insistió en que no hubo presiones para resolver la situación jurídica de los 70 consignados por los disturbios registrados en San Lázaro y el Centro Histórico, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto y sostuvo que el dictamen se dio con “ni más ni menos de lo que viene en el expediente”.
“Lo que tiene que entender todo el mundo es que el Poder Judicial no puede resolver bajo presión, ni es instrumento de venganza ni es instrumento de linchamiento, que quede claro que no nos vamos a dejar presionar ni por medios ni por estructuras sociales, el juez tiene que resolver en forma autónoma, independiente como lo hizo nuestra jueza”, subrayó.
Fuente: Proceso
