Nada queda en claro sobre temas trascendentes para el futuro de los trabajadores, como la democracia, la transparencia sindical y las afectaciones a asuntos de primer orden, como la seguridad social.
Empero, de toda la trama política y legislativa montada en torno a su polémica aprobación, a los trabajadores y a los sindicatos les ha quedado bien claro que si quieren realmente luchar por la defensa de sus derechos sindicales, deben empezar a marcar una clara línea divisoria de gobiernos y partidos para autentificar y hacer valer su autonomía.
No hay asomo a la menor duda de que hace varias décadas, en todo el mundo, el predominio del modelo neoliberal ha buscado restar fuerza a los sindicatos, y de manera especial a las organizaciones independientes que han enarbolado, con sus contratos colectivos de vanguardia, la lucha de toda la clase trabajadora. Por supuesto que México no es la excepción.
Por esta razón cae en el terreno de lo inexplicable que hasta la propia izquierda política se haya enfrascado, en el Senado de la República, en la denodada búsqueda de una reforma sindical más que laboral, es decir, que antepusiera el interés político de arremeter contra el corporativismo del Partido Revolucionario Institucional a la prioridad de debatir temas como la contratación por hora, los contratos de prueba y capacitación, las enfermedades de trabajo. En esta inercia, sencillamente no analizaron el verdadero sentido de las afectaciones de los derechos individuales de los trabajadores.
Y ni qué decir del tema de los salarios mínimos a los que los empresarios ya anticipan con otorgar un micro aumento de entre el 4.5 y 5 por ciento. El año pasado, apenas llegó a un 4.3 por ciento. Una auténtica burla si consideramos que con los gasolinazos, los aumentos al gas doméstico, al huevo y a otros productos de primera necesidad, la canasta básica ahora es un artículo de lujo para millones de familias de escasos recursos. Rubros de elemental justicia social como éstos pasan como el día y la noche en el Congreso de la Unión, inadvertidos e inexistentes si los comparamos con los jugosos sueldos de los legisladores.
Voces de expertos, no sólo en materia jurídica sino económica, coinciden en señalar que la contrarreforma calderonista tiene un origen ciento por ciento empresarial, que no busca elevar el nivel de vida de millones de mexicanos, sino llevar a niveles de precarización su mano de obra. No puede aceptarse bajo ningún sentido que los partidos políticos, incluidos los de la izquierda, pretendan aprobar cambios en la materia que sólo contribuirán a legalizar la explotación laboral y a polarizar, aún más, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Como si México no fuera ya un país de abismales diferencias y contrastes sociales.
El camino que le dejan como alternativa a los trabajadores sólo es uno: optar por la ruta de la organización a través de una necesaria unidad de todos los sindicatos para integrar un gran frente nacional de defensa, pues ya quedó demostrado que tanto a los partidos políticos, como al gobierno, les tiene sin cuidado que sea la clase trabajadora la que pague las consecuencias de la crisis financiera.
Ya varias organizaciones del Congreso del Trabajo han alzado la voz en contra de las decisiones legislativas de sus representantes populares, pues tras evaluar a conciencia las graves implicaciones que traerá a la existencia de los propios sindicatos la puesta en marcha de la reforma laboral propuesta por Calderón, han calificado como una traición el voto de sus diputados y senadores a favor de la entonces iniciativa preferente.
Deben plantearse los caminos a seguir para informar y crear conciencia a los trabajadores sobre las afectaciones que esta calamidad jurídica traerá a su depauperado nivel de vida, y peor todavía, para que los millones de jóvenes que inician su vida laboral se enteren a detalle de la pérdida de derechos que enfrentarán como trabajadores eventuales bajo el esquema de los contratos de prueba o de capacitación.
Es hora de que los sindicatos retomen su función elemental de ser los legítimos representantes y defensores de los trabajadores, para que a través de las movilizaciones y la integración de foros en una gran consulta nacional ocupen el vacío que no han querido llenar los partidos políticos, que antes que nada debieron consensuar con la clase trabajadora la controversial iniciativa.
Es responsabilidad del Congreso atender a todas las partes implicadas, pero sus integrantes la están rehuyendo. Cientos de voces quieren ser escuchadas; hay decenas de estudios que plantean alternativas más acordes a lograr una equitativa y sana relación entre el capital y el trabajo que deben ser tomados en cuenta, pues en su elaboración participan verdaderos expertos en la materia y no políticos advenedizos o subordinados a los caprichos e intereses de los políticos en turno.
Ahora que la minuta del Senado está de regreso en la Cámara de Diputados, aderezada con los asuntos de la transparencia y democracia sindical, la cortina de humo que surge tras la pirotecnia legislativa se hace más densa, ocultando a los trabajadores el verdadero sentido y fin de la contrarreforma.
El común denominador es que para todos los partidos la prioridad no son los sindicatos y, claro, menos la clase trabajadora. El momento de que cada quien pinte su raya ha llegado. Las organizaciones gremiales han tomado conciencia de que si no se defienden por sí mismas nadie las va a defender. Veremos, pues, de qué lado están la fuerza y la razón de millones de mexicanos.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea
