Advierten que algunos médicos ya no quieren ocupar plazas en zonas de riesgo y que los hospitales están solos
Martha Martínez y Adriana Alatorre
Ciudad de México (4 noviembre 2012).
Médicos y pasantes asignados a zonas con presencia del crimen organizado han sido amenazados, extorsionados, secuestrados y asesinados sin que autoridades de salud ni de seguridad los protejan oportunamente.
En el IMSS, por ejemplo, al menos 50 doctores han solicitado este año cambio de plaza por sentirse en peligro en las regiones a las que han sido adscritos, informó Manuel Vallejo Barragán, recién elegido secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
En algunos casos, indicó, les cobran cuotas de protección y, en otros, son amenazados para que atiendan a ciertas personas.
"Los obligan a que atiendan a un paciente, los regresan, vuelven a ir por él, lo intimidan, le andan mandando mensajes amenazantes, le dicen que ya tienen localizada a su familia", comentó Vallejo en entrevista.
Advirtió que algunos ya no quieren plazas en zonas de riesgo y que los hospitales están solos. Un ejemplo es Tamaulipas.
"Nos preocupa mucho. Empieza a convertirse en un problema grave, ya que algunos no quieren ocupar plazas en zonas de riesgo y no se pueden dejar solos los hospitales".
Detalló que Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán son las entidades donde los médicos del IMSS han reportado mayor preocupación por la violencia.
En febrero de 2011, el coordinador de asesores de la subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Ramiro Tamayo, reconoció que la inseguridad y la violencia afectaba a centros de salud de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, pero remarcó que no estaban comprometidas ni la calidad de la atención médica ni la seguridad de los pacientes.
En respuesta a un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados en la que expresó su preocupación por la seguridad de los médicos en diversas zonas del país, el funcionario propuso establecer medidas de control riguroso del acceso a hospitales y centros de salud, en particular a las áreas de urgencias
Planteo además suprimir de las páginas web de los hospitales en los estados afectados por la violencia el directorio de personal de la salud que labora en los mismos y prohibir expresamente portar el uniforme o bata de trabajo fuera del recinto hospitalario o establecimiento médico.
En Tamaulipas, el Secretario estatal de Salud, Norberto Treviño García Manzo, dijo que actualmente seis clínicas están cerradas por la violencia en Padilla, Soto la Marina y la frontera.
Sara Cortés, presidenta de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), aseguró que las autoridades del sector salud de los tres niveles de Gobierno y directores de los planteles de la organización que dirige acordaron brindar condiciones básicas de seguridad a los pasantes enviados a zonas de peligro.
También se pactó emitir una Norma Oficial Mexicana que regule las condiciones físicas de las unidades médicas, aunque, reconoció, no hay ningún avance a este respecto.
Riesgo múltiple
REFORMA analizó los casos de agresión a pasantes reportados por facultades, medios de comunicación, blogs médicos y autoridades de salud locales.
El resultado indica que en los últimos seis años tres médicos pasantes fueron asesinados, dos fueron secuestrados, uno fue agredido con un picahielos, al menos dos fueron levantados por comandos armados para atender personas heridas, una fue violada y golpeada y 62 recibieron amenazas.
La mayoría de los casos reportados ocurrieron en Chihuahua, Jalisco, Sonora, Monterrey, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, Durango, Guerrero y Campeche.
La presidenta de la AMFEM indicó que si bien no existe información oficial, la permanente comunicación entre directivos de planteles de medicina permite saber que las agresiones se incrementaron a partir de 2007, muchas de ellas se registran en estados que no eran considerados como violentos y las agresiones no proceden sólo del crimen organizado sino también de miembros de las comunidades a las que son asignados.
"Es un fenómeno que estamos viendo cada vez más. Hace algunos años el personal médico era arropado por la comunidad, pero eso se está perdiendo y en estados en donde hay condiciones de crimen organizado las cosas están peor. El hecho es que no son apreciados a pesar de la labor que realizan", lamentó.
Como ejemplo señaló el caso de Norma Angélica Ávila Aguilar, una médico pasante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) asesinada en diciembre de 2008 en la comunidad de Huascuato, Jalisco, por un padre de familia que la acusó de negarse a atender de urgencia a su hijo.
Ante la inacción de las autoridades, algunas escuelas de medicina han tomado medidas para proteger a sus egresados: en 2011 en Tamaulipas anunciaron su decisión de no enviar pasantes a comunidades rurales y en octubre pasado el Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendió su proyecto de Servicio Social en municipios del Altiplano de San Luis Potosí.
Personal vulnerable
La vulnerabilidad del personal médico quedó en evidencia en octubre de 2010, luego de que un comando armado ingresara al Hospital General de Mazatlán y rematara a un joven herido de bala que era atendido.
De acuerdo con una revisión realizada por REFORMA a medios de comunicación nacionales y locales, de 2010 a la fecha comandos armados han irrumpido en al menos 18 hospitales de Michoacán, Jalisco, Guerrero, Coahuila, Morelos, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Monterrey y Zacatecas, la mayoría de las veces para rematar a pacientes que llegaron heridos.
En los últimos meses, estudiantes y médicos han realizado manifestaciones en Nuevo León, Nayarit, Sonora y Chihuahua en demanda de mayor seguridad.
Las manifestaciones se intensificaron luego de que, el 15 de octubre pasado, una médico pasante del municipio de Tecuala, en Nayarit, fue violada y golpeada por habitantes de la comunidad cuando ésta se encontraba sola en el centro de salud. Actualmente la joven se encuentra en coma en un hospital local.
Sara Cortés señaló que si bien cuando ocurren hechos como estos las autoridades federales y locales anuncian medidas, éstas suelen ser insuficientes o dejan de aplicarse con el paso del tiempo.
"En el caso de la joven agredida sexualmente en Nayarit llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado para darle seguridad a los pasantes que no se encuentran en zonas seguras. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se haga extensivo a todo el País y a todos los pasantes, hombres y mujeres, porque la vulnerabilidad es de la sede si no tiene condiciones básicas de seguridad", remarcó.
Prestan servicio con temor
Un estudio publicado en 2011 por la Facultad de Medicina de la UNAM señala que el 60 por ciento de los egresados del ciclo 2009-2010 fueron enviados a clínicas que no contaban con servicio telefónico, 72 por ciento reportaron que éstas no eran vigiladas constantemente, 35 por ciento que al menos en una ocasión trataron de irrumpir en el centro de salud, 19 por ciento que fue víctima de robo y 1.5 de secuestro.
Según el estudio, 37 por ciento de los médicos pasantes se sentían inseguros en el lugar en el que realizaban su servicio social, y 23 por ciento había pensado en renunciar por ese motivo.
Otro estudio publicado por la misma institución en mayo pasado indica que cerca del 36 por ciento de los médicos pasantes enviados a Durango, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas se sentía inseguro en la sede a la que fue adscrito, mientras que 22 por ciento había pensado en renunciar.
Cada año, más de 12 mil egresados de medicina realizan su servicio social en diferentes estados del país, el cual tiene una duración de un año. A cambio, reciben una beca de entre 6 mil 650 y 10 mil pesos anuales.
Según datos del sector salud, los médicos pasantes cubren alrededor del 50 por ciento de las unidades médicas de primer nivel.
Sara Cortés aseguró en entrevista que escuelas y alumnos están consientes de que el servicio social es una responsabilidad constitucional. No obstante, demanda que las autoridades cumplan con su obligación de otorgar a los pasantes medidas de seguridad básicas.
"El País tiene necesidades de atención y nosotros no nos negamos... Finalmente lo que queremos es que nuestros pasantes puedan desempeñar su servicio social en condiciones razonables de seguridad y que sus quejas y solicitudes de apoyo al sentirse amenazados sean atendidos con la premura y el valor que esto tiene", indicó.
Fuente: Reforma
