No he presentado una solicitud personal a la Presidencia de la República. La política laboral del gobierno preocupa a amplios sectores de la población y al movimiento social de usuarios del que formo parte, originado a raíz del decreto de extinción de LFC. Es un asunto de interés general. Demandamos la aplicación de la Constitución respecto al derecho al trabajo digno de los miembros del SME como mexicanos (artículo 123); al carácter estratégico de la electricidad (artículo 28) y la competencia exclusiva de la nación para prestar el servicio público de energía eléctrica (artículo 27).
La misiva tiene, por decir lo menos, imprecisiones. Afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló tanto el decreto de extinción como las indemnizaciones a los que se liquidaron. No aplica el término detentar ni procede el juicio sumario pues no está firme el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre el término de las relaciones laborales y el contrato colectivo de trabajo entre el SME y LFC. Asegura que la pérdida de las fuentes de trabajo ocurrida fue una consecuencia de la extinción de LFC, mas no el objetivo de ésta. La mejor muestra sería el cumplimiento de la minuta firmada en septiembre de 2011, Segob-SME.
Irisela Sánchez P., Asamblea Nacional en Defensa del Usuario de Energía Eléctrica
Fuente: La Jornada
