México se prepara para el gran día. Después de seis largos años de espera –pues los presidentes aquí gobiernan por sexenios- llega de nuevo el día de la elección, fechada según marca la tradición para el primer domingo de julio. Y han sido seis años de angustia. Por si no bastara con la larga sombra del fraude electoral de 2006 –nunca admitido oficialmente, pero sobreentendido en la práctica, al igual que el fraude de 1988- que amenaza con repetirse este 2012, una violenta guerra sin adversario visible sacude el país. En el 2006, los mexicanos pensaron que no podía haber nada peor que un fraude electoral. Se equivocaron: el presidente oficial, Felipe Calderón (del Partido de Acción Nacional) emprendió una violenta estrategia de legitimación: declaró la guerra al narcotráfico. El problema: en vez de erradicar las drogas, Calderón erradicó a más de 60.000 personas, presuntos narcotraficantes ejecutados in situ sin juicio ni detención.
México es ahora un país sin ley: los desaparecidos se cuentan por miles. Ningún mexicano en su sano juicio se atreve ya a cruzar de noche (o incluso de día) ciertas carreteras –cada vez más- donde uno puede desaparecer para siempre, sea en manos de malhechores anónimos o de las fuerzas del ejército. Los gobiernos de los países centroamericanos reclaman con insistencia protección para sus ciudadanos, que atraviesan este México convulso en su camino hacia Estados Unidos. Muchos no regresan jamás. La masacre de 72 migrantes en San Fernando fue solo la punta del iceberg que reveló al mundo el terror cotidiano que se vive en México. México está en guerra, pero es una guerra, que, como los fraudes electorales, no se admite públicamente. Nadie sabe quién es el enemigo. Cualquiera puede caer bajo las balas de la “delincuencia organizada” o del Ejército, y ser a posteriori vinculado con el narcotráfico. Cualquiera. Incluso el hijo de un poeta como Javier Sicilia.
El resultado de la elección sigue siendo un misterio. Cuatro candidatos contienden por la presidencia, de los cuales tres (PRI, PRD y PAN) tienen posibilidades reales de ganar, ya sea a la fuerza o por la vía legal –dos vías que en México se confunden fácilmente. Con una autoridad electoral (el IFE, Instituto Federal Electoral) absolutamente desprestigiada tras no haber permitido el recuento de votos en el 2006, ¿quién podrá validar de forma fehaciente el resultado de esta elección?
La tensión se masca. El PRI y el PAN aprestan su maquinaria legal y extraoficial para impedir a cualquier precio que el candidato burlado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”), alcance la silla presidencial. Éste, por su parte, ha puesto todo su empeño en reconstruir su maltrecha imagen de 2006, cuando, tras el fraude que legalmente nunca existió, instaló un plantón pacífico con miles de personas en Reforma, una de las principales avenidas de la capital mexicana. Fue entonces destazado vivo por los grandes medios de comunicación mexicanos, esos mismos medios que no tuvieron reparo en admirar las acampadas europeas –siempre y cuando no ocurran en México. López Obrador ha emergido este 2012, tras haber pasado los últimos seis años visitando todos –sí, todos- los municipios del gigantesco país, totalmente cambiado. Su antiguo carácter combativo, que le granjeara en 2006 la simpatía del pueblo mexicano, ha trocado en un pacifismo impertérrito. Su nueva bandera: una “república amorosa”.
Son muchos los que se preguntan si bajo su nueva apariencia gandhiesca se oculta todavía el combativo líder de izquierda de antaño. Pero son todavía más los que temen que no importa cuánto haya cambiado, o se disfrace AMLO: la derecha, en alianza con los medios de comunicación del país, jamás dejará llegar al poder a un individuo que amenaza con institucionalizar la pensión mínima a los ancianos, combatir la corrupción, rebajar los sueldos de los altos funcionarios, recuperar la soberanía energética y alimentaria e incrementar substancialmente el número de plazas en las universidades públicas para que todos los estudiantes puedan acceder a una licenciatura –ahora mismo, un sueño guajiro.
En el 2006, AMLO creyó su triunfo seguro. En marzo de 2012, al iniciar la campaña electoral, AMLO fue el único de los contendientes que pudo permitirse rebajar substancialmente su ritmo de trabajo. Mientras Enrique Peña Nieto (PRI-Partido Verde) y Josefina Vázquez Mota (PAN) emprendían un ritmo vertiginoso de viajes y visitas en aviones privados, AMLO pasó de visitar hasta seis municipios diarios a visitar solo tres o cuatro por jornada. El candidato de la izquierda dio también forma legal a sus seguidores y creó la asociación MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional). Pues aunque AMLO contiende bajo el ala de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, su verdadera fuerza se halla en las bases de la sociedad civil, en ciudadanos que no se identifican con ninguno de los partidos que pretenden llevar a AMLO a la presidencia y que en muchos casos desprecian las –demasiado comunes- prácticas corruptas de estos partidos. Ahora, AMLO asegura que su ejército de ciudadanos, MORENA, está listo para cubrir y vigilar todas las casillas electorales el 1 de julio. Más de 400.000 personas se han registrado para vigilar las urnas en esta elección. A la enorme red desplegada por MORENA se añade otra estructura incuantificable e imprevista: también el movimiento de jóvenes del #YoSoy132 saldrá a las urnas para votar y vigilar los resultados electorales. Después de haber desafiado al IFE, instituyendo su propio debate paralelo, el 132 amenaza de nuevo a la autoridad electoral: saldrá este sábado a las calles, pese a la veda que impresa sobre los “actos proselitistas” que impera en los últimos cinco días, a protestar contra la manipulación mediática y su mayor símbolo: Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI.
Sin embargo, la guerra mexicana complica la vigilancia de las casillas hasta lo inaudito. En muchos lugares rurales la seguridad de las urnas está más que comprometida. Por otra parte, la impunidad reinante facilita de forma aberrante los asesinatos, desapariciones y -en el mejor de los casos- agresiones a cualquiera que intente oponerse al poder establecido. Las agresiones a miembros del #YoSoy132 se cuentan ya por decenas. En el Estado de México –centro neurálgico del PRI ahora mismo- los policías arrestan y/o agreden a cualquiera que reparta propaganda contra el PRI o a favor de AMLO. La compra de votos –sea en efectivo, en regalos, bajo amenazas o mediante el condicionamiento de programas sociales- es una especialidad de la casa. La lidera, y por mucho, el PRI, aunque el PAN y el PRD tampoco tienen reparos en añadirse al festín. Corrupción e impunidad campan a sus anchas en México, mientras el IFE y sus voceros –El País, desde España, entre ellos- describen un mundo paralelo de legalidad y sanas instituciones que solo existe en sus fantasías más trasnochadas.
Este miércoles cierran las campañas electorales en México. Después de eso, imperan cinco días de silencio, para que los votantes –todos aquellos que no hayan sido asesinados, comprados, amenazados, o que vean a última hora desaparecer su nombre de las listas electorales- decidan para quién será su voto. El IFE asegura que el domingo, a las 23:45, tendrá listos los resultados preliminares de las elecciones. La credencial de elector (el equivalente al DNI español) se convierte ahora en la posesión más preciada del mexicano. Puede intercambiarla por dinero, tratar de no extraviarla –quien la pierda no podrá votar- o aferrarse a ella con la esperanza de que su voto no sea mancillado. Los medios de comunicación, liderados por Televisa, llevan anunciando la victoria de Peña Nieto (PRI) desde el mismo inicio de la campaña. La pelea, sin embargo, se avecina cruenta. ¿Dará el PAN un golpe sorpresa? ¿Aceptarán los mexicanos los resultados electorales, cuando ya desde hace semanas las elecciones han sido manchadas por la compra masiva de votos por parte del PRI? Y, si no lo aceptan, ¿elegirán de nuevo la vía pacífica, o su paciencia habrá sido ya rebasada?
Fuente: Tercera Información
