Con la venia de autoridades locales, alrededor de 4 mil 500 unidades de transporte público circulan por las calles de la Ciudad de México sin título de concesión. Con ello se estarían cometiendo los delitos de transportación ilegal de pasajeros, falsificación de documentos, fraude y omisión. Aunque las unidades pertenecían a los extrabajadores de Ruta 100, la Setravi, a cargo de Raúl Armando Quintero, cedió los derechos. La indagatoria, radicada en la PGJDF desde agosto de 2011, fue enviada al archivo por el entonces procurador y ahora candidato a la jefatura de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Recuerdan con claridad el día en que lo perdieron todo: 8 de abril de 1995. Era sábado, dicen. Lo supieron por la radio. De sus pertenencias no recuperaron nada: policías amurallados en los accesos les impidieron el paso.
Para Saúl Vázquez y Francisco Rentería, la fecha en la que se decretó la quiebra de la paraestatal Ruta 100 sería la primera para recordar. Luego, han venido otras fechas aciagas, las más, para ellos.
Los exintegrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (Sutaur 100) víctimas de fraude han exigido justicia a las autoridades por más de 11 años. Contrario a esta solicitud y a la restitución del daño, han visto vulnerados sus derechos y criminalizadas sus movilizaciones.
El último episodio ocurrió el pasado 7 de mayo, cuando tras una protesta, 16 extrabajadores fueron consignados acusados de ataques a las vías de comunicación en pandilla e interrupción del servicio público, y otros 10 adultos mayores, también miembros del Grupo Periférico de Trabajadores del Sutaur 100, siguen el proceso en libertad.
El destape
Y es que las protestas de los extrabajadores se incrementaron cuando en 2010 –como parte de la investigación que se resuelve en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa– se percataron de que la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) cedió los derechos de las concesiones de transporte público que habían ganado en la negociación política con el entonces Departamento del Distrito Federal en 1995, cuando la quiebra de Ruta 100.
Como parte de las indagatorias, más de ocho años después de radicada la averiguación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó nueva información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
A modo de respuesta, la Setravi hizo llegar en 2010 a la procuraduría capitalina los oficios DGT/1056/2010 y STV/OS/0076/2009, firmados por Martín Mejía Zayas, director general de Transporte de la Setravi, y Raúl Armando Quintero Martínez, secretario de Transporte y Vialidad, respectivamente.
Los documentos oficiales dan cuenta de que en 2009 la Secretaría autorizó la cesión de derechos de las empresas que se conformaron con el dinero de la liquidación de los trabajadores, a favor de las sociedades cooperativas de responsabilidad limitada de capital variable: AU, Siglo Nuevo; Autotransportes Metropolitanos Nuevo Milenio; y SMT 17 de Marzo.
Entre los socios cooperativistas de las empresas constituidas apenas en 2008 se encuentran al menos seis de los 43 inculpados por la Fiscalía para Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia: Gabino Camacho Barrera, Pedro Chávez Hernández, Rubén Guzmán Hernández, José Fernando García Guzmán, Eulalio Durán Morán y Horacio Morales de la Torre (Contralínea 270).
Según el escrito DGT/1056/2010 de la Setravi, en 2008 la Secretaría recibió la solicitud de autorización para la cesión de derechos título de concesión presentada por los presidentes del Consejo de Administración de las empresas Autotransportes Urbanos de Siglo Nuevo; Transportes Urbanos Nuevo Milenio, y Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo.
Un año después, el 2 de marzo de 2009, emitió los oficios STV/OS/0076/2009, STV/OS/0077/2009 y STV/OS/0075 /2009 con los que se autorizaba la cesión de derechos a favor de las empresas.
Ello, aunque la Procuraduría dirigió a la Setravi el oficio 404/100/031/2010-03, en el que especificó que –al momento de la solicitud de cesión de derechos– a los supuestos administradores (Gabino Camacho Barrera y Marcos Cruz Altamirano) de las empresas que originalmente tenían las concesiones se les había revocado del cargo. El secretario de Transporte, Armando Quintero, argumentó incompetencia de la institución que encabeza prejuzgar o pronunciarse sobre la validez o invalidez de los instrumentos jurídicos que los solicitantes exhiben. “Toda autoridad administrativa es autoridad de buena fe, misma que basa todas sus actuaciones en dicho principio”, asentó en el oficio STV/OS /0218/2010, firmado por su puño y letra.
Sin embargo, para Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se le podrían fincar responsabilidades administrativas a los funcionarios de la Setravi que omitieron verificar la vigencia de la concesión, el nombre y expediente del titular cedente, así como del titular propuesto, tal como lo establece el artículo 38 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
El también experto en derecho administrativo agrega que tendría que investigarse si esta cesión se concluyó por afirmativa ficta (esto es que no haya una respuesta durante los 40 días que la autoridad tiene para revisar y decidir si otorga o no la cesión. En este caso, ante la falta de una solución, la contestación se toma como satisfactoria para el peticionario). De ser así, el investigador señala que la contraloría tendría que iniciar las responsabilidades de ley en contra de los servidores públicos omisos.
La probable falsificación de documentos
Dentro del oficio enviado por la Setravi, la dependencia aclara que “la autorización se hizo acompañar de una orden del día y acuerdos de una asamblea general celebrada el 31 de enero de 2007 por los extrabajadores de la extinta Ruta 100, miembros de su indicato Único”. Acta que, asegura, fue notariada, aunque no se anexó copia al informe enviado a la Procuraduría.
La PGJDF aclara que los acuerdos de asamblea que se tomaron en cuenta para autorizar el trámite debieron corresponder a una asamblea de accionistas donde se incluyera a Ixe Banco (que posee el 99 por ciento de las acciones de las empresas) y no a una asamblea de extrabajadores.
Así, “deduce una posible irregularidad por parte de la Setravi”, y subraya que de comprobarse los hechos se estaría ante la “posible comisión del delito de administración fraudulenta”. Supuesto en el que coincide el doctor Daniel Márquez Gómez.
Sin título de concesión
Pese a que cedió los derechos de los títulos, la Setravi no emitió nuevos títulos de concesión para las empresas que operan las rutas con 3 mil 500 camiones y 1 mil taxis, tal como quedó asentado en el oficio STV/OS/0218 /2010, firmado por Raúl Armando Quintero Martínez. “No existen títulos de concesión expedidos a nombre de las citadas personas morales”.
La afirmación fue motivo de una denuncia penal por parte de los afectados, quienes señalan la comisión del delito de transportación ilegal de pasajeros, previsto en el artículo 164 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.
Federico Manzo Sarquís, integrante de la Comisión de Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, advierte que el riesgo de que las unidades de pasajeros circulen sin título de concesión es inminente para los usuarios y contribuye al clima de irregularidades en el que opera el transporte público de la ciudad.
Para el diputado panista, el desorden denota la incapacidad del Gobierno del Distrito Federal para verificar, empadronar y eficientar el servicio público de pasajeros. “Un tema pendiente”, concluye.
Interminables, las violaciones a los derechos humanos
Los hechos engrosan el legajo de quejas, documentos oficiales y notas periodísticas que se acumulan desde 2009 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y que fue merecedor en 2011 de la recomendación 03/2011 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entonces a cargo del ahora aspirante a la jefatura de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Dicha recomendación documenta el retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa FDF /C/520/01-07, radicada desde 2001 en la Unidad de Investigación C1 de la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros, y la negativa por parte de las autoridades competentes a investigar diligentemente el caso.
Las peticiones de la Comisión de Derechos Humanos de la capital a la PGJDF fueron aceptadas parcialmente. A la fecha, no hay órdenes de aprehensión para la antigua dirigencia del Sutaur 100 y su grupo de asesores: los 43 inculpados por los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa. Delitos de los que son víctimas Francisco, Saúl y más de 6 mil 977 trabajadores que fueron conminados a ceder en las movilizaciones, aceptar su liquidación y aportar del 30 al ciento por ciento del dinero que les sería entregado como indemnización, cuyo fin era el de conformar siete empresas de las que se les dijo, serían “dueños”.
Se trata de las sociedades anónimas de capital variable: Servicios Analíticos Empresariales (después Corporativo de Transporte); Grupo Metropolitano de Transporte; Autotransportes Urbanos de Siglo Nuevo; Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo; Transportes Urbanos Nuevo Milenio; Sistema de Transporte en Taxis y Talleres Industriales en Diésel.
Los trabajadores reunieron 147 millones 564 mil 71 pesos, que fueron depositados en el Fideicomiso de Administración e Inversión F/100-7, para constituir las empresas y explotar el servicio de transporte público de pasajeros.
Poco tiempo pasó para que se dieran cuenta de que habían sido defraudados, pues no recibieron las utilidades correspondientes e iniciaron acciones penales.
“Los peticionarios son quienes han mantenido viva la investigación de la Procuraduría, gracias a que por iniciativa propia han buscado información”, dice Montserrat Rizo, directora ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
Saúl y Francisco son “peticionarios”, como los llama la Comisión. Ellos citan de memoria números de oficio, fechas de audiencias, documentos oficiales. Llevan a cuestas un abultado expediente que sintetiza más de 15 años de atropellos.
Para mantener “viva la investigación”, comen galletas y sorben refresco en los juzgados a fuerza de verificar y exigir que la autoridad aplique la ley. Desde aquel 8 de abril de 1995 que mantienen fresco en la memoria, Saúl y Francisco no encontraron otro trabajo. Sus hijos no volvieron a la escuela. Y aunque reconocen muy a su pesar que no son dueños de nada, los dos hombres armados de engargolados, juegos de copias y una memoria incansable, buscan justicia.
Para la realización de este trabajo se solicitó conocer la postura del secretario de Transporte y Vialidad del gobierno de Marcelo Ebrard, Armando Quintero. A pesar de contar con una fecha para la realización de la entrevista, ésta fue cancelada por “cuestiones de agenda”, según Gilberto Figueroa, asistente en la oficina del secretario.
Fuente: Contralínea
