Las obligaciones de IMSS, ISSSTE y paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos suman 14.3 billones de pesos: especialista.
Como una bomba de tiempo, los pasivos de pensiones en el sector público pueden acabar con uno de los logros más importantes de los últimos años: la estabilidad macroeconómica, y es que, de acuerdo con estimaciones de especialistas, el valor de ese problema asciende a 14.3 billones de pesos, equivalente a 104.2 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En entrevista, el especialista en temas de seguridad social y de pensiones, Pedro Vásquez, reconoció que de no atenderse de inmediato el tema, los pasivos contingentes pondrán en riesgo las finanzas públicas de la siguiente administración y consumirán recursos año con año que se podrían utilizar en las prioridades sociales del país.
En su opinión, con el ejemplo de la tragedia griega en la actualidad, México no está lejos de una situación similar si no actúa de inmediato y rediseña la parte legal, financiera e institucional a fondo en materia de pensiones.
“La crisis de las pensiones públicas afectará la fortaleza de la estabilidad macroeconómica que nos costó tanto alcanzar, pues este problema puede trastocarla”, advirtió.
Como un alud que arrasa con el camino, el conflicto de los pasivos pensionarios dividirá más a la sociedad, entre los privilegiados que contarán con seguridad social y aquellos que carecen de ella.
El problema de los pasivos pensionarios de México es mayor que otras obligaciones financieras que tiene el país, pues sobrepasa la situación de la deuda nacional, la de los estados y el pago del IPAB, por citar algunos ejemplos.
De acuerdo con el experto, los pasivos más elevados se concentran en las instituciones de salud en el país. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la modalidad del patrón, tiene obligaciones financieras que suman 2.5 billones de pesos, es decir, 18.2 por ciento del PIB nacional.
Adicional a ese apartado, los pasivos de la parte aseguradora del IMSS ascienden a 4.1 billones de pesos, que representa 30.3 por ciento del PIB.
A estos pasivos se le suman las obligaciones del ISSSTE, que alcanzan 4.3 billones de pesos, el equivalente a 31.4 por ciento del PIB.
Sin embargo, no solo las instituciones de salud son las que se encuentran ahogadas en el problema, también es el caso de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que arrastran un problema de inviabilidad financiera.
Incluso, la extinta Luz y Fuerza del Centro, que pese a tener más de dos años que dejó de operar, tiene contemplados compromisos para los ex trabajadores de esa empresa.
En el caso de Pemex, los pasivos ascienden a 661 mil millones de pesos, equivalentes a 4.8 por ciento del PIB; mientras que en CFE el costo alcanza 261 mil millones de pesos, equivalentes a 1.9 por ciento del PIB.
El caso de LFC aún tiene compromisos por 287 mil millones de pesos, es decir, 2.1 por ciento del PIB.
Pedro Vásquez calculó que la contingencia laboral de los 31 estados y el Distrito Federal suma 1.7 billones de pesos, cifra que representa 13 por ciento, como proporción del PIB; sin embargo, derivado de la poca transparencia con la que se conducen los gobiernos subnacionales, hace que dicha cantidad esté subestimada.
El especialista, que próximamente presentará su libro, Pensiones en México, la próxima crisis, celebró que los candidatos a la Presidencia del país tengan conocimiento del tema y que al menos se hable de la necesidad de universalizar la seguridad social.
“Falta saber cómo lo van a financiar, porque si el problema nos cuesta, solucionarlo también”, precisó.
El tema debe abordarse de inmediato, porque la negociación no será sencilla, y es urgente cambiar el modelo. Lo más prudente será alcanzar un pacto político para consensuar un nuevo esquema de seguridad social en el Congreso.
De mantenerse el actual statu quo, el país puede enfrentar en algunas décadas la tragedia de tener viejos pobres y enfermos, los mismos que hoy están en el apogeo de su edad laboral.
Claves
Costo del cambio
► Reformar el modelo de seguridad social en el país tendrá un costo equivalente a 5 por ciento del PIB, lo que permitirá hacer frente a riesgos relacionados con el tema de salud, vejez y desempleo.
► El nuevo sistema implicará la eliminación o transformación profunda de programas que existen hoy y que, con la implantación del nuevo esquema, se tornarán redundantes”, detalló.
► Los cuatro principios en la reforma del sistema debe ser garantizar: cobertura universal, sustentabilidad fiscal con impuestos universales, incentivos desde una perspectiva de bienestar individual y social, y un nuevo pacto social.
Fuente: Milenio
