La ley Lozano, que atenta contra el derecho al trabajo y al salario justo no pasara en el Senado de la República, garantizaron ayer los integrantes de 30 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
En un foro celebrado en el centro de la capital poblana, donde participaron cerca de mil trabajadores, los dirigentes sindicales expusieron que desde hace décadas el país padece un escenario agresivo en contra del sector laboral, mismo que se agravó con los 12 años que el PAN lleva en el gobierno federal. Por ello resaltaron la necesidad de impedir que Lozano Alarcón llegue al Senado.
En ese sentido, justificaron la creación de la “Alianza Sindical y Social Poblana en contra de la Reforma Laboral y de Lozano Alarcón”, a la cual también se sumó el candidato al Senado por las izquierdas, Manuel Bartlett Díaz, ex gobernador de la entidad, pues en caso de que el panista lograra llegar a esa cámara continuaría la lucha para impedir esa reforma.
Asimismo, plantearon la necesidad de que crear una nueva “Central de Trabajadores” en México que sea capaz de detener la Reforma Laboral que plantea el PAN, pero también que pueda concretar las necesidades de millones de trabajadores mexicanos que exigen un cambio en el rumbo económico del país.
El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, señaló que Lozano Alarcón despidió injustificadamente a los más de 44 mil trabajadores de este sindicato; además, fue el principal operador en las intromisiones y violaciones al Sindicato Minero; provocó el cierre de operaciones de Mexicana de Aviación, con el consecuente despido de más de 8 mil trabajadores. “Ha sido el principal violador de los derechos laborales del país”.
“En los hechos, su función al frente de la Secretaría del Trabajo fue la de vocero del sector empresarial de nuestro país. El movimiento obrero no puede permitir que tipos tan despreciables como éste tengan nuevamente puestos públicos o de elección popular”, subrayó.
En tanto, Alberto Hernández, de la UPVA 28 de Octubre de Puebla, subrayó que las organizaciones de la sociedad civil se suman a esta alianza con los sindicatos pues la defensa del derecho al trabajo y al salario justo requiere de dejar atrás las luchas aisladas; sólo con la unión de esfuerzos, las demandas de todos los trabajadores, formales e informales, podrán concretarse.
En ese encuentro sindical también Juan Ayala Rivero, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal; Miguel Ángel Yudico Colín, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Trabajadores de Transporte y Transformación de Aviación; Tomás Hernández Castillo, del Sindicato Minero; René Sánchez Juárez, de la Froc–Croc del estado de Puebla; Gilberto Maldonado, de la sección 23 del SNTE; Javier Jaramillo Báez, del sindicato del IMSS; Guillermo López Mayo, del Suntuap, así como representantes de Mexicana de Aviación, del IMSS, del ayuntamiento de Puebla, de Obreros y Campesinos de la entidad que se expresaron contra el proyecto legislativo de Lozano.
Las consecuencias de la reforma laboral
De acuerdo con la declaración final de este foro, la aprobación de la Reforma Laboral que impulsa Lozano Alarcón y, que cuenta con el apoyo del PRI, PAN y el PRD, traería como consecuencia para la clase trabajadora la desaparición de la jornada laboral de ocho horas, consagrada en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, dejaría de existir los artículos 85 y 90 de esa ley que protegen el derecho al salario remunerado y suficiente.
En ese sentido, los patrones dejarían de estar obligados a entregar prestaciones a sus empleados como aguinaldos, vacaciones, seguridad social y otros, estipulados en el artículo 84, lo mismo que capacitación como lo señala el artículo 132. La seguridad y la higiene en los centros de trabajo también dejarían de ser responsabilidad de los empleadores.
La declaración señala que una de las más graves consecuencias de esta Reforma Laboral sería la eliminación del artículo 357 de la LFT, que es el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y elegir libremente a sus representantes.
De igual forma serían suprimidos los artículos 387 y 450 de la LFT, que protegen los derechos del contrato colectivo de trabajo y de huelga.
Una reunión especial
El llamado frente “anti Lozano” sentó en la misma mesa a grupos sindicales y organizaciones que en otro tiempo hubiera sido imposible reunir.
Al el Club de Leones de la capital poblana llegó el ex gobernador Manuel Bartlett Díaz; a unas sillas estaba Alberto Hernández y otros integrantes de la UPVA 28 de Octubre. Entre 1992 y 1998, esta organización de comerciantes ambulantes protagonizó manifestaciones multitudinarias contra el entonces mandatario, en repudio a su política en contra del comercio informal.
Pero también estaba René Sánchez Juárez, de la Froc–Croc de Puebla, organización contraria a los ideales y objetivos que impulsa el SME, que organizó el foro “anti Lozano”.
Bartlett Díaz fue recibido en medio de aplausos y porras por parte de los obreros, pero la mayoría de los que participaron en este foro no se explicaban qué hacía ahí cuando hubo un acuerdo previo en el que se estableció que no habría candidatos políticos.
“Lo invitó Martín Esparza”, comentó un dirigente sindical. Pero Esparza y Bartlett apenas se saludaron y no hubo más de tres intercambios de palabras. Tras concluir el encuentro saludaron a quienes encontraron a su paso y se retiraron.
“Quien lo hubiera pensado, que un día ellos dos iban a estar sentados juntos”, comentó otro de los asistentes. Tras unas palabras que pronunció Bartlett Díaz rechazando el proyecto político de su contrincante, Lozano Alarcón, el foro pareció más un mitin político a favor del candidato de las izquierdas al Senado, pero también en un compromiso para votar a favor del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Fuente: La Jornada de Oriente
