Los agentes lo usan para sus investigaciones; trae nombres de periodistas, jefes policiacos...
PGR, IFE y GDFya indagan la venta del padrón electoral; IEDF se deslinda de fuga de información.
A unas horas de haberse dado a conocer por La Razón la venta ilegal del padrón electoral en calles de Tepito, instancias oficiales como el Consejo General del IFE, la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el gobierno capitalino, iniciaron investigaciones para ubicar las razones del por qué esos datos personales están a la venta.
Por parte del Consejo General del IFE, en la sesión de ayer, María Macarita Elizondo, presidenta de la comisión del Registro Federal de Electores, propuso al pleno presentar una denuncia ante la PGR para que se investigue el hecho. La moción de la consejera fue aprobada por unanimidad, y al respecto el consejero Francisco Javier Guerrero pidió a la procuraduría general una investigación exhaustiva y en su caso, se lleve a los responsables ante la justicia.
Víctor Guerra, director del Registro Federal de Electores anunció por su lado que dicha instancia investigará la venta del padrón electoral que se vende en el barrio bravo por 15 mil pesos.
En tanto, la procuradora Marisela Morales dio a conocer que ya se inició un acta circunstanciada “y evidentemente en la medida de que vayamos teniendo mayor información podría elevarse a averiguación previa”.
Mientras que por la mañana de ayer el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ordenó a la procuraduría capitalina abrir una averiguación sobre el caso dado a conocer por este diario. “Ya le pedí al Procurador que haga la investigación correspondiente, es muy importante ese dato y le corresponde a la autoridad electoral, pero tenemos que tomar medidas”, informó.
Por la tarde, en la PGJDF estaba ya abierta la averiguación previa FAEE/A/T2/007/12-05 en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales, contra quien resulte responsable.
De acuerdo con lo que establece el Código Federal de Procedimientos Electorales, los datos de las millones de personas que contiene ese archivo, deberían ser protegidos por la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores.
Las penas para quien haga un uso indebido de documentos relativos al Registro Federal de Electores son de 50 a 200 días de multa o de dos a seis años de prisión, de acuerdo con el artículo 405 del Código Penal Federal, referente a delitos electorales.
Policías, los mejores clientes del padrón
Policías de distintas corporaciones, tanto federales como locales, dedicados a las investigaciones, se encuentran entre los principales clientes que adquieren en la zona de Tepito la base de datos que contiene el padrón electoral con las direcciones de más de 7 millones de personas registradas ante el IFE.
Ayer La Razón dio a conocer que por 15 mil pesos esta base de datos se puede adquirir en el barrio bravo y en ella se pueden consultar el nombre completo de los empadronados por el IFE, su clave de elector, su sección electoral y su domicilio con calle, colonia y números exterior e interior, si lo tiene.
Hasta ayer la base de datos seguía a la venta por ese precio y al mismo tiempo diversas autoridades anunciaron que iniciarán una investigación sobre el hecho.
A decir del vendedor de este archivo que se entrega en formato digital, los agentes de la Policía lo compran porque, según explican ellos mismos, en sus propias corporaciones no tienen acceso directo a esta información y les sirve mucho en su búsqueda de presuntos culpables.
De acuerdo con funcionarios consultados de la Procuraduría capitalina, para que el IFE entregue información sobre alguno de sus empadronados es necesario que el ministerio público haga una petición oficial, envíe un oficio de investigación, explique el motivo de la misma y espere algunos días para recibir respuesta.
Es por ello que, indican, algunos agentes cooperan y entre varios compran la base de datos para sus indagatorias.
El archivo al que La Razón tuvo acceso contiene los datos personales tanto de mandos de la misma policía como de altos funcionarios, periodistas y cualquier otra persona registrada en el padrón electoral.
Entre ellos están los del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; la procuradora general de la República, Maricela Morales; el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el local, Manuel Mondragón; el presidente del IFE, Leonardo Valdés, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
También se encontraron direcciones y demás datos personales del cardenal Norberto Rivera Carrera y de periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Pablo Hiriart, Denise Maerker, Héctor Aguilar Camín y Pepe Cárdenas.
IEDF se deslinda de responsabilidad
Por Jaquelin Coatecatl
“Yo no me atrevería a decir de dónde se pudo haber filtrado” la base de datos, afirma el consejero presidente, Gustavo Anzaldo
El consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Gustavo Anzaldo, afirmó que no sólo el instituto local tiene acceso al padrón electoral, pues como instrumento de carácter federal también los partidos acceden a él.
“Yo no me atrevería a decir de dónde se pudo haber filtrado”, indicó Anzaldo, quien refirió que el padrón es un insumo de carácter federal, por lo que cualquier tipo de acción derivada de la denuncia publicada en La Razón tendrá que ser sólo de esa índole.
En tanto el consejero Fernando José Díaz Naranjo afirmó que se tiene que investigar la venta del padrón; sin embargo descartó que sea a través del IEDF, pues el padrón es prestado por el IFE y es esta instancia la que tendrá que hacer ese trabajo, aunque la autoridad local proveerá de la información que sea requerida.
A su vez el representante del PRI en el IEDF, Marco Michel, indicó que la venta del padrón electoral es un delito que se debe consignar ante la PGR y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que sería la responsable de realizar la investigación.
Fuente: La Razón
