Diputados de PRI, PRD y PT integrantes de las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión cuestionaron la decisión de la Comisión Federal de Competencia (CFC) de reservarse el contenido del acuerdo sobre la compra de acciones de Iusacell por Televisa, y consideraron que ello agrega un elemento de sospecha a que existe una maniobra para favorecer a esa televisora y a Tv Azteca.
El diputado Mauricio Toledo (PRD), de la Comisión de Radio y Televisión, consideró muy pobre la excusa de la comisión respecto de que primero deben enterarse las partes solicitantes de la fusión telefónica, porque si bien se trata de un negocio entre particulares, sus servicios están dirigidos al público que, en este acuerdo de los comisionados, simplemente queda excluido.
La diputada Sofía Castro Ríos (PRI), quien forma parte de la Comisión de Comunicaciones, demandó que la Cofeco haga pública su resolución, porque no se puede guardar un tema que afecta a más de 86 millones de usuarios.
Consideró que aun cuando el órgano regulador debe notificar a los interesados, su decisión afecta al consumidor y eso es lo principal. Debería anteponer el interés general al de los empresarios y me parece un acto irresponsable del presidente de la comisión (Eduardo Pérez Motta), porque su obligación es combatir los monopolios, pero con sus decisiones los fomenta.
Castro Ríos expuso que la comisión debe socializar el documento para conocer su impacto y, posteriormente, notificar a los interesados; pero actúa al revés y esto nos obliga inclusive a analizar la sobrevivencia de esa instancia, que no salvaguarda los intereses de los mexicanos, no sólo en las telecomunicaciones, sino en productos que han generado monopolios en el país, como en el caso del pollo, que está entregado a una sola empresa de Sonora.
Asimismo, el diputado Jaime Cárdenas (PT), de la Comisión de Radio y Televisión, afirmó que estamos ante una nueva maniobra de la Cofeco y consideró indebido que se esconda una decisión que es de interés social, porque no se trata sólo de un asunto entre las partes.
Detalló que jurídicamente no se está en presencia de un asunto de derecho privado, donde el interés exclusivo es de las partes, sino en un tema de derecho público, donde la decisión de la autoridad es de interés general. Resulta preocupante, en términos de transparencia, de derecho a la información de los ciudadanos, que la Cofeco no quiera dar a conocer una decisión que ya adoptó.
Fuente: La Jornada
