Enarbolan la defensa de las instituciones públicas de instrucción superior
Trabajadores universitarios participarán en la movilización nacional convocada por organizaciones obreras y campesinas para este 31 de enero en la capital del país, como parte de un plan de acción en defensa de la educación pública y el incremento presupuestal para las instituciones públicas de educación superior, que enfrentan serias deficiencias financieras, así como por la mejora salarial de este sector educativo.
Carlos Galindo, secretario de relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), indicó que al clausurar el cuarto encuentro de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) se acordó llamar a la movilización de todos los gremios universitarios en el país, ante lo que consideró un ataque a las tareas sustantivas de las instituciones públicas de educación superior, luego de que el presidente Felipe Calderón anunciara un programa de créditos educativos por 2 mil 500 millones de pesos, en el que participarán 21 universidades particulares.
En el encuentro, en el que participaron representantes de nueve universidades, también se acordó convocar a una reunión de evaluación en la que se dé seguimiento a los procesos de negociación salarial y contractual que enfrenta el sector universitario, pues la propuesta es no aceptar menos de 4.63 por ciento, que fue el incremento aprobado para los trabajadores de la máxima casa de estudios.
Indicó que es urgente atender los rezagos salariales en pago de prestaciones y estímulos, pues prevalece una enorme disparidad en los ingresos del personal administrativo en la mayoría de las universidades del país, lo que ocasiona que pese al envejecimiento de la plantilla, situación que también se presenta en los sectores académicos, no hay jubilaciones, porque se perdería casi 50 por ciento del ingreso.
Galindo informó que una comisión de la FNSU se mantendrá pendiente de los procesos de negociación salarial y contractual en la mayoría de las instituciones, donde hay una clara resistencia de las autoridades universitarias a mejorar las condiciones económicas y de prestaciones de la mayoría de sus trabajadores.
Fuente: La Jornada
