Dispararon a normalistas policías estatal y federal
La Policía Federal hizo los primeros disparos al aire para dispersar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se estaban manifestando. Después de escuchar las detonaciones, los cerca de 300 jóvenes corrieron para todos lados. Durante 25 minutos, policías ministeriales de Guerrero y federales dispararon contra los estudiantes de manera indiscriminada. Resultado: dos ejecuciones extrajudiciales, tre heridos de bala, 24 detenciones arbitrarias, un estudiante torturado y al menos 15 víctimas de tratos, crueles inhumanos y degradantes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el uso de armas largas y gases lacrimógenos en manos de policías estatales, ministeriales y federales, además del intento de los elementos de estas corporaciones de “fabricar” los hechos mediante la “siembra” de un arma AK-47 a un estudiante y la recolección de casquillos en la autopista de Chilpancingo.
En un informe preliminar sobre los hechos ocurridos el 12 de diciembre pasado, la CNDH ha podido, hasta el momento, reconstruir parte de lo sucedido ese día mediante la obtención de testimonios y evidencias videográficas, además de peritajes y la obtención de informes oficiales de parte de las autoridades estatales.
El reporte que será presentado este lunes señala que ante estas graves violaciones a los derechos humanos resulta evidente que no había coordinación entre las corporaciones policíacas, que no estaban capacitados y que no se respetaron los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza pública para contener manifestaciones.
Los testimonios recabados por la CNDH indican que alrededor de las 11:30 de la mañana, los estudiantes comenzaron a bajar de autobuses con pancartas que exigían al gobernador mejoras en la operatividad de la Normal y la garantía de que continuara funcionando. El objetivo fue bloquear en la carretera federal uno de los accesos a Chilpancingo, a la altura del hotel Parador del Marqués.
Media hora después llegaron los policías federales, seguidos por policías preventivos estatales. Estos últimos comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. Algunos estudiantes relataron que policías federales, que portaban armas largas, dispararon al aire alrededor de las 12:10. En ese momento, según consta en videos, se sumaron elementos de la policía ministerial vestidos de civil y armados. Los disparos entonces comenzaron de manera directa contra los manifestantes y cesaron a las 12:35. Después quedaron tendidos en el asfalto los cuerpos de Jorge Alexis Herrena Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 19 y 20 años de edad, respectivamente, ambos hijos de campesinos y estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La necropsia practicada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero señala que Jorge Alexis falleció por traumatismo craneoencefálico severo provocado por el proyectil de un arma de fuego con entrada y salida en el cráneo y que Gabriel murió por la herida que le causó una bala que entró y salió por el cuello. Sin embargo, según el reporte de la CNDH, no se especifica el calibre de las armas que les causaron la muerte a estos dos estudiantes.
Lo que los peritos de la CNDH detectaron es que los disparos que mataron a los jóvenes vinieron de frente, donde, a decir de los testigos y lo que muestran los videos obtenidos de algunos medios de comunicación, se encontraban los policías ministeriales. En los hechos también resultaron heridos tres estudiantes.
Cuando los disparos cesaron, dichas corporaciones policiacas persiguieron a los estudiantes para detenerlos. Varios videos muestran que la Policía Federal sometió con violencia a varios estudiantes. Los 24 detenidos —23 hombres y una mujer— fueron trasladados a separos de la procuraduría estatal, donde fueron obligados a permanecer acostados boca abajo. Sólo nueve de ellos eran miembros de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el resto eran transeúntes que estaban en el lugar. Al día siguiente, 23 de los 24 detenidos fueron liberados al medio día. Sólo quedó detenido Gerardo Torres Pérez, un estudiante de la normal, que según el peritaje practicado por visitadores de la CNDH, fue víctima de tortura.
Según los testimonios, después de la balacera Gerardo recogió los casquillos que quedaron en el lugar y fue detenido, desnudado y golpeado en costillas y rostro para obligarlo a que se declarara portador de una arma AK-47. Con amenazas fue trasladado a un lote baldío en Zumpango, donde también lo obligaron a disparar un arma de fuego; finalmente fue liberado bajo reservas de ley el 13 de diciembre por la tarde.
La CNDH continuará con las investigaciones hasta determinar cada responsabilidad en este caso, a fin de que el Ministerio Público juzgue y sancione a los responsables y las autoridades involucradas reparen el daño a las víctimas y garanticen la no repetición de estos hechos.
Fuente: El Universal
