jueves, 25 de marzo de 2021

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 Se compromete el rector Graue a corregir retrasos y descuentos en pagos 
Al instalar la sesión plenaria del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Enrique Graue Wiechers se comprometió a que los retrasos en el pago de salarios y los descuentos inadecuados a un grupo de profesores de asignatura y ayudantes de diversos planteles serán corregidos de acuerdo con la legislación y los convenios contractuales pactados.

“Entiendo también la indignación que surgió en sectores de nuestra comunidad y comprendo la solidaridad con los docentes afectados. 

Son muestras de empatía y reconocimiento del alumnado hacia quienes les enseñan y velan por su desarrollo”, dijo. 

Lo anterior, en referencia a los paros de actividades convocados por estudiantes y profesores en unos 20 planteles de la UNAM, para que se atienda la problemática de los adeudos. 

Ante el pleno del máximo órgano de gobierno de la universidad, Graue Wiechers también señaló que en estos meses de pandemia de Covid-19 se ha laborado presencialmente con menos del 10 por ciento del personal administrativo, lo que ha provocado, entre otros efectos, retraso en trámites y entrega de títulos necesarios para que los egresados se incorporen al mercado laboral. 

Destacó que se realiza todo lo conducente para avanzar rápidamente y poder cumplir con esta obligación. 

De igual manera, añadió que han surgido nuevas demandas o se han manifestado otras que no han sido satisfechas a plenitud, y aseveró que cuenta con la disposición de las direcciones y cuerpos colegiados de las distintas entidades académicas para resolver, en la medida de lo posible y dentro del marco de nuestra legislación, dichas inquietudes.

En su discurso, el rector de la UNAM destacó que la máxima casa de estudios ha redoblado esfuerzos en todos sus ámbitos para hacer frente con oportunidad a las circunstancias que impone la pandemia y de esta manera responde a México. 

Recordó que el pasado 23 de marzo se cumplió un año de que se suspendieron las actividades regulares presenciales en la universidad y “han sido 12 largos meses de intensa actividad en todas las funciones que dan sustento a esta institución y muestra de ello son las más de 15 mil actividades llevadas a cabo en este periodo”. 

Graue Wiechers también señaló que para poder regresar a las actividades presenciales con completa seguridad, el sector de educación superior debe acceder a la vacunación oportuna. 

En su primera sesión del año, que se realiza de manera virtual, el Consejo Universitario analizará, y en su caso aprobará, la Cuenta Anual correspondiente al año 2020, en la cual se ejercieron 45 mil 527.6 millones de pesos, también discutirá la designación de un miembro de la Junta de Gobierno, quien sustituirá a Teresita Corona Vázquez, que termina su encargo, y analizará modificar el Plan Único de Especializaciones en Enfermería por el Programa Único de Especializaciones en Enfermería, y la consecuente creación del Plan de Estudios de la Especialización en Enfermería Ortopédica.
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Sedena ocultó información sobre caso Ayotzinapa: CNDH 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “ocultó información” sobre su participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y también se negó a entregársela a las autoridades, lo que se traduce en una falta grave. 

El organismo público anunció que “revisará” su Recomendación 15/VG2018, relacionada con la desaparición de los estudiantes, por considerar que ese documento revictimiza a los estudiantes y sus familias al vincularlos con el crimen organizado, y que “no cumple con los estándares internacionales”, al no contemplar la búsqueda en vida de los jóvenes. 

En un pronunciamiento sobre el tema, recordó que la mencionada Recomendación fue emitida el 28 de noviembre de 2018, tras una investigación que estuvo a cargo de la Oficina Especial para el “Caso Iguala”, la cual fue declarada extinguida el 29 de enero de 2020, por instrucciones de la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra. 

La CNDH enfatizó que, tras realizar un “estudio minucioso” de su propia Recomendación, concluyó que ésta “no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al no contemplar la búsqueda con vida de los 43 normalistas desaparecidos”, además de que “revictimiza tanto a las víctimas directas como a las indirectas”, específicamente a la comunidad de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. 

“Los elementos probatorios que integran el expediente de queja ponen de manifiesto la existencia de autoridades que tuvieron mayor participación en los sucesos, y que no obstante esto, se les dirigieron recomendaciones poco contundentes, como las hechas a la Secretaría de la Defensa Nacional, los Ayuntamientos de Iguala y Cocula, y a la Fiscalía del Estado de Guerrero, con puntos recomendatorios notoriamente desproporcionados a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos”, subrayó la Comisión. 

De igual forma, “los puntos recomendatorios a la Sedena no refirieron una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería involucrados, ya que tuvieron participación protagónica en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y a pesar de eso, ocultaron información recabada en cada uno de los eventos en los que fueron partícipes, pero además no se proporcionó a las autoridades, lo que se traduce en la comisión de violaciones a los derechos humanos, atribuibles a los elementos castrenses”. 

Además, dijo la CNDH, “existen autoridades de las cuales se identificó su participación en los hechos, que no fueron recomendadas como correspondía, como es el caso de los Ayuntamientos de Huitzuco y de Tepecoacuilco de Trujano; circunstancia que resulta incongruente ya que dentro de la misma Recomendación 15VG/2018 quedó constatada, lo que resulta alarmante, ya que su actuación fue constitutiva de violaciones a derechos humanos.

“De igual forma, específicamente respecto al Ayuntamiento de Huitzuco, los elementos de prueba señalan que algunos de los estudiantes fueron trasladados a ese Ayuntamiento, participando elementos de las policías federal, estatal y municipal, lo cual no se abordó en la recomendación”.

En el mismo tono, la Comisión señaló que “no se escuchó a las víctimas, ni se respetaron sus derechos, antes de la emisión de la citada recomendación, dejando de lado los cinco puntos imprescindibles de la investigación, que las madres y padres de los 43 normalistas demandaron para llegar a la Verdad y la Justicia: 1. Búsqueda en vida; 2. Ejército mexicano; 3. Huitzuco, 4. Telefonía celular y, 5. El trasiego de la droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión”.

Asimismo, “se denigró, criminalizó y estigmatizó de manera dolosa a la comunidad de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, al señalarla como partícipe en el tráfico de estupefacientes, perdiendo de vista que un gran número de estudiantes de su comunidad fueron víctimas de hechos violatorios graves de derechos humanos”. 

Con ello, la CNDH “revictimizó y reforzó un estereotipo negativo ante la opinión pública que afectó a generaciones de estudiantes, de entonces y a la fecha, tanto de la Normal “RaúlIsidro Burgos”, como de todas las Normales Rurales.
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