Ilegalmente, sindicato blanco peleó la titularidad del contrato colectivo, determina
Un juzgado emitió un amparo que obliga al sindicato blanco y a esquiroles contratados por Grupo México a abandonar la mina de San Martín Sombrerete, Zacatecas, la cual tomaron desde 2012, y entregar dichas instalaciones a los trabajadores en huelga del Sindicato Nacional de Mineros.
La juez quinto de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México, Rebeca Patricia Ortiz Alfie, concedió el amparo en favor del gremio que dirige Napoleón Gómez Urrutia el pasado 15 de enero bajo el expediente 1550/2017-I, contra los actos del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el cual protegió a Grupo México, utilizando a un sindicato blanco, que ilegalmente peleó la titularidad del contrato colectivo de dicha mina.
Para este fin, el consorcio de Germán Larrea creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana (Snteebmrm), gremio charro o patronal con sede en Monterrey, para usarlo como su instrumento en éste y otros litigios laborales, a fin de que disputara la representación de los trabajadores, lo cual es ilegal debido aque éstos se encontraban en estatus de huelga.
El Sindicato Nacional de Mineros calificó la resolución de la jueza Ortiz Alfie como histórica, ya que pone en evidencia los recursos ilegales y sucios del consorcio Grupo México y demanda que “se desaloje de inmediato a los golpeadores del sindicato charro que han estado apoderados de la mina de San Martín Sombrerete desde hace cinco años (2012-2018), en el contexto de la huelga iniciada hace más de una década.
Explicó que los esquiroles tienen que proceder a la entrega de la mina a los trabajadores en huelga y la JFCA debe estudiar: la nulidad y cancelación del registro de los miembros del sindicato actor, el cual presentó un padrón de socios falso, con 187 obreros que no lo son: 160 por doble militancia sindical y 16 que fueron cesados, todos los cuales quedan invalidados para un eventual recuento de votos, a los que se suman 11 muertos.
La resolución, por tanto, se trata de una severa derrota legal de Germán Larrea de Grupo México, sobre todo porque la propia JFCA se había negado a cumplir la ley, al permitir que los esquiroles la invadieran y solapó que siguieran ocupando la mina hasta hoy. Antes de este sindicato, Grupo México financió otro gremio que perdió en el recuento de votos.
Dicho consorcio ha preferido atacar la huelga desde el 31 de agosto de 2012 hasta hoy, en vez de buscar una solución legal conciliatoria, indicó este sindicato y planteó que el consorcio de Larrea “ha estado protegido por funcionarios como el ex secretario de Trabajo, el nefasto Javier Lozano; el subsecretario Rafael Avante y el ex secretario de asuntos colectivos de la Junta Federal, Gary Pérez, abogado de Grupo México. También por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien antes y después de ser titular de esa dependencia fue abogado de la empresa.
Fuente: La Jornada
