Persistente en su abordaje, polémico como ninguno de sus oponentes, Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado, desde diciembre –inclusive, antes de iniciar la precampaña–, cuestionamientos, críticas y descalificaciones por sus propuestas en materia de seguridad y justicia.
Desde aceptar que podía ofrecer amnistía para pacificar al país, comprometerse a resolver la inseguridad en tres años e insistir en organizar la Guardia Nacional –cuerpo que se supone civil, históricamente inactivo en México– con elementos del Ejército y de la Marina, la temática lo sigue.
Desde el 20 de noviembre, cuando presentó en el Auditorio Nacional su Proyecto de Nación 2018-2024, López Obrador dijo que un grupo de especialistas, empresarios, intelectuales, la mayoría ajenos a Morena, prepararon el documento.
Tercera vez aspirante presidencial, aquel día habló de corrupción, aunque no de seguridad y justicia, excepto porque en su alusión a los privilegiados criticó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hubieran asignado sueldos de 650 mil pesos mensuales, “un abuso” por el que recomendará, con respeto a la autonomía del Poder Judicial, que no lo lleven a la práctica.
El documento llamado Proyecto 18, que avala López Obrador, va más allá de eso respecto del Poder Judicial. En el apartado titulado “Mesa de análisis para el reordenamiento de la SCJN”, plantea suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear una sala que asuma sus funciones “con el objetivo de generar ahorros administrativos y, al mismo tiempo, evitar injerencias de los otros dos poderes sobre el Judicial”.
En otro punto de la propuesta habla de un rediseño del sistema de nombramientos de los ministros de la SCJN, con diferentes opciones por discutir: que no sean nombrados, sino elegidos a través del voto popular, previa propuesta de las universidades y academias; otra, que se elimine el sistema de ternas y, en su lugar, sea una propuesta unipersonal del Ejecutivo, “para evitar el desprestigio de los otros candidatos de la terna y porque la elección de uno solo, de esos tres, deriva en arreglos partidistas”.
La secuencia temática del Proyecto 18 sigue con la procuración de justicia, en la que también aborda rediseños operativos institucionales y reformas.
Para empezar, propone reformar el artículo 102 constitucional para facultar al presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública, a fin de lograr la necesaria y no siempre existente coordinación entre el Ministerio Público y las policías.
Por otra parte, plantea el retiro gradual de las Fuerzas Armadas –como en su momento lo prometió Peña Nieto– y un Pacto Nacional de Seguridad que establece en su Apartado B lo que los legisladores de Morena rechazaron en diciembre:
“De continuar en las calles, es necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, ya que es impensable que (el Ejército) continúe realizando labores de seguridad pública, que no le corresponden, sin un ordenamiento legal apropiado.”
Además, plantea la creación de un “Bloque Nacional de Seguridad” que dependa del presidente. La propuesta, en concreto, es que se comisione al subprocurador de delincuencia organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y al procurador fiscal a un área dependiente bajo las órdenes del titular del Ejecutivo federal, que sería él.
El documento original, que después fue corregido, incluía una nota no propicia para publicar respecto de esa concentración institucional bajo mando directo del presidente. El objetivo era sacarle la vuelta al Congreso en un planteamiento redundante: crear esa fiscalía que, bajo las órdenes directas del mandatario y a contrapelo con la tendencia a la autonomía, concentre la lucha contra la delincuencia organizada, contra la corrupción y los delitos electorales cuando estas dos últimas instancias correspondientes, actualmente, son autónomas.
Hubo más descuidos que se oponen a los propósitos de la división de poderes y las competencias institucionales. Por ejemplo, en el apartado “Sociedad segura y estado de derecho”, el documento expone: “Tenemos que trasladar totalmente al Poder Judicial la competencia en la investigación, persecución y sanción de la corrupción, porque el principio de independencia del órgano competente constituye la única esperanza para su erradicación”.
También destaca la organización de una Guardia Nacional, cuerpo que se supone civil, pero que López Obrador plantea integrar con militares y marinos, como lo ha propuesto reiteradamente en sus discursos de precampaña.
No hay contradicción, dice Durazo
El pasado jueves 4, López Obrador presentó a Alfonso Durazo como su futuro secretario de Seguridad Pública, dependencia que creará, dijo cuando sea presidente.
Fundador de Morena y actual dirigente en Sonora, Durazo ha tenido por trayectoria más pública ser secretario particular de Luis Donaldo Colosio en los tempranos noventa, mismo cargo que tuvo en el sexenio de Vicente Fox, de quien también fue vocero en la Presidencia hasta su renuncia e integración posterior a la campaña de López Obrador, en 2006.
Junto con él, presentó al Consejo Asesor en la materia, con el general de división Audomaro Martínez Zapata; el vicealmirante José Manuel Solano Ochoa; el empresario –y suegro de Emilio Azcárraga– Marcos Fastlicht; el exsecretario de Seguridad en el sexenio de Vicente Fox, Alejandro Gertz Manero, y la abogada y exdiputada federal Loretta Ortiz.
En entrevistas por separado, el miércoles 10, Durazo y Gertz Manero confirman que participaron en la integración del Proyecto 18 y rechazan que haya un afán de concentración de poder, errores conceptuales o incongruencias.
Hombre clave en la integración del consejo asesor, Alfonso Durazo expone que la propuesta de López Obrador es ejercer, sin necesidad de reformas, la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las funciones de seguridad que le competen en las áreas civiles.
“No hay contradicción, ninguna excesiva concentración. Simple y sencillamente que, en este gobierno desorganizado (de Peña Nieto) y en el anterior de Felipe Calderón, no se ejercieron a plenitud estas funciones de coordinación que está proponiendo AMLO como vía para optimizar resultados en materia de seguridad.”
Gertz Manero continúa: “Yo creo que él tiene un concepto muy claro de que finalmente el responsable es el presidente de la República. Éste es un régimen presidencialista. Los secretarios de Estado son subordinados del presidente y la responsabilidad política y la conducción del Poder Ejecutivo es del presidente”.
–Insisto en lo conceptual, por la forma en la que se expone, parece traslapar conceptualmente la propuesta: Guardia Nacional, Mando Único y Jefatura de las Fuerzas Armadas –se le comenta.
–Entonces es un problema de nomenclatura. Si vamos a la esencia y al fondo del asunto, es la responsabilidad que él establece como una de sus prioridades fundamentales: hacerse responsable y tener esa unidad de mando. No se sale del marco legal de las estructuras del Poder Ejecutivo, simplemente las está viendo como una unidad y él asume ese mando único –dice.
Gertz Manero, quien también fue titular de Seguridad en el gobierno capitalino, con Cuauhtémoc Cárdenas, y quien en el pasado trabajó en distintas áreas de seguridad, admite que la forma en que López Obrador plantea la Guardia Nacional es similar a la Gendarmería de Peña Nieto.
“El problema lo tenemos que plantear desde el marco legal que nos rige. De alguna manera todos van a expresar su proyecto desde el marco legal que existe, a menos que estén planteando un cambio constitucional que en este momento no se ve, no está propuesto por ninguno de los candidatos”, ataja para ilustrar la naturalidad de que las propuestas sean parecidas.
Lo innovador, asegura, es que López Obrador asume “la responsabilidad personal, el compromiso personal, la comprensión del tamaño del problema y de lo que estamos sufriendo todos los mexicanos en este momento en este país”. Luego, retoma una idea en la que es insistente a lo largo de la entrevista: no puede ser una propuesta autoritaria, porque “Andrés Manuel no quiere el poder per se, quiere llegar para servir”.
Con cifras oficiales aproximadas, Gertz Manero dice que en el país se calcula la comisión de 33 millones de delitos al año, de los cuales se investigan 1 millón 700 mil y se llevan a juicio alrededor de 200 mil.
“Eso no tiene paralelo en este país, hay territorios que ya no están bajo control estructural de las autoridades; hay una sensación de desamparo en muchos sectores de la población; gente que vive aterrorizada de subirse al transporte colectivo o de pasar por los lugares donde los asaltan, comerciantes que tienen que pagar impuesto de un poder paralelo, es todo lo que ya sabemos y es terrible.
“Y que estén divagando en asuntos menores cuando lo que hay que hacer es tomar una responsabilidad de carácter personal y decir ‘yo me hago responsable’ de sacar adelante el problema y soy responsable de rendir cuentas.”
Respecto de la Guardia Nacional y de que sea integrada por civiles, Gertz remite a la constitución estadunidense para apuntar que son prácticamente militares. En México, advierte, se contemplan esos cuerpos de seguridad desde las constituciones de 1857 y 1917, pero no han sido reglamentadas. De manera que la propuesta consiste en reglamentarlas ante la situación.
–¿Y cómo es el planteamiento a detalle?
–Fíjese que a detalle no lo ha expresado. Él cree que esa figura puede ser una opción para generar unidades que, en los ámbitos de cada entidad federativa, con la estructura piramidal, del propio sistema del Ejecutivo, se puedan crear estas fuerzas que sirvan para resolver los problemas específicos de estas áreas que se están produciendo una crisis verdaderamente desmesurada.
A su vez, Durazo explica que la propuesta de Guardia Nacional es la de un órgano nuevo, de naturaleza combinada, para optimizar la coordinación de las áreas de seguridad y el aprovechamiento de recursos.
No hay plan definitivo
Cuando el 20 de noviembre Andrés Manuel López Obrador presentó el Proyecto 18, lo hizo en referencia a que ese era el plan a seguir. El jueves 4 leyó un decálogo de propuestas que, con algunas variables, retomaba diferentes aspectos del documento, pero que para entonces incluyó los pronunciamientos polémicos, como la amnistía. Ahí mismo expuso que antes de la elección habría un plan de seguridad surgido del consejo asesor.
Será esta semana cuando dicho grupo se reúna por primera vez. Gertz Manero es claro: no hay líneas de trabajo que se les hayan dado a conocer. Pero, a decir de Durazo, el texto que se integrará será un plan más acabado que el Proyecto 18.
“En este momento estamos hablando de trazos generales, más de carácter indicativo, poniendo temas sobre la mesa (…) para encontrar los términos (que ayuden) a construir los consensos sociales y políticos para sacar adelante una iniciativa en la materia. Como todo tema de carácter constitucional, el de la Guardia (Nacional) y otros son de naturaleza sensible”, expone.
La perspectiva que, asegura, tienen en el entorno de López Obrador es que por la dimensión del problema deben plantearse soluciones acordes.
“Tenemos que explorar todas las ideas que sea posible con el propósito de construir una solución, no solamente menos costosa en todo sentido (presupuestal, social y de viabilidad política), sino una solución que sea viable. Pero no hay soluciones fáciles y, sobre todo, exentas de costos.”
Eso es justamente el planteamiento que desde el jueves 4 hizo Durazo, cuando también pidió a los medios de comunicación no centrar la cobertura y el debate en la polémica amnistía.
–¿Cómo surgió ese planteamiento, en qué sentido se orienta?
–El planteamiento es una visión audaz y consecuentemente controvertida, pero igual que en el tema de la Guardia Nacional, al poner el tema sobre la mesa buscamos enriquecer nuestra propia visión, en todo caso, cualesquiera que sean sus términos, habrán de surgir del consenso social, tomando invariablemente en cuenta la opinión de las víctimas.
“El problema respecto de la idea de amnistía es que por una sobrevaloración de esta idea se ha simplificado la propuesta”, lamenta.
Luego subraya: “No dejaremos de explorar el tema y haremos el intento de construir consensos respecto de una salida de esa naturaleza o similar. El objetivo es llamar a la sociedad, a los analistas, a los especialistas en la materia a debatir el tema sin prejuicios, con apertura, tratando de construir, en función de nuestras propias circunstancias nacionales, un punto de encuentro y conciliación en las experiencias internacionales más avanzadas, más exitosas de países como Sudáfrica, Chile, Argentina, Colombia, El Salvador… Con sus matices.
“En algunos casos utilizaron la amnistía en virtud de las condiciones políticas y jurídicas del conflicto; en otros casos fue la vía del indulto. En otros, las leyes especiales como en el caso particularmente de Chile y Argentina, las leyes ex profeso en el caso de Colombia (…) Ninguno de estos ejemplos puede trasladarse o traspasarse sin modificación en el país, pero deben ser objeto de evaluación con el ánimo de construir una solución adaptada a las condiciones políticas, jurídicas y políticas socioeconómicas de nuestro país y no dejaremos de explorar esa idea, pese a su carácter controvertido.
–¿De quién fue la propuesta?
–El tema surgió en alguna de las giras de Andrés Manuel por el sur del país, en Guerrero, y en la cual, precisamente sobre su propuesta de seguridad, fue abordado por los medios. Alguno de ellos le preguntó si esa propuesta de pacificación podía incluir una amnistía y él dijo que incluiría la posibilidad, que estaría sujeto a estudio.
Fuente: Proceso
