La Ley General de Archivos permitirá tener acceso al archivo histórico de las decisiones gubernamentales para investigación, referencia o hasta como medio de prueba en investigaciones que busquen castigar casos de corrupción
Empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigieron al Congreso de la Unión aprobar la Ley General de Archivos para garantizar que quede rastro de las decisiones y acciones hechas desde los tres niveles de gobierno.
La Coparmex ha sido el organismo empresarial que ha acompañado a las organizaciones de la sociedad civil para presionar al Congreso en la aprobación de las leyes anticorrupción.
La Ley General de Archivos obliga a todos los entes de gobierno a generar y resguardar información sobre sus actividades.
Esto permitirá tener acceso al archivo histórico de las decisiones gubernamentales para investigación, referencia o hasta como medio de prueba en investigaciones que busquen castigar casos de corrupción.
Esta Ley fue aprobada en diciembre pasado en el Senado, pero quedó pendiente en la Cámara de Diputados.
“Los archivos son un componente esencial de la transparencia y la rendición de cuentas, ambos aspectos fundamentales para el combate a la corrupción. Sin ellos, no es posible tener memoria histórica de las decisiones y programas que resultan fundamentales para el uso de los recursos públicos.
“La Coparmex impulsa que el estado mexicano tenga un gasto pertinente ejercido de forma eficiente, y que con ello sea un factor que reduzca la pobreza y la desigualdad en el país. Aprobar y consolidar los mandatos de la Ley General de Archivos es uno de los más importantes pasos que debemos dar para lograrlo”, exponen los empresarios en un pronunciamiento.
El llamado de la Coparmex sucede en el día que arrancan las reuniones plenarias de las bancadas del Congreso de la Unión, previo al arranque del periodo ordinario de sesiones, este 1 de febrero.
Los empresarios piden a los diputados que modifiquen algunos aspectos de la Ley para hacerla más fuerte, como el hecho de que se obligue a los gobiernos, tanto federal como estatales, a destinar recursos públicos para el Sistema Nacional de Archivos y los Sistemas Locales de Archivos.
Piden también que las sesiones del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos sean abiertas y no privadas, como establece la Ley; y que debe haber máxima publicidad de todos los procesos, protegiendo siempre los datos personales sensibles.
Para tener sistemas de archivos fuertes, los empresarios piden al Congreso que se trabaje en modelos únicos de procesos archivísticos para que exista claridad y homogeneidad en todo el país, por ejemplo, en la generación de actas o la destrucción o inutilización de materiales.
Fuente: Reporte Indigo
