El Ejército participa en la operación
Golpean y quitan equipo a reportero
Acapulco, Gro.Dos enfrentamientos a balazos ocurridos entre las 3 y las 11:30 horas de ayer en los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural del municipio, cerca del río Papagayo, dejaron un saldo de 11 muertos, informó el Grupo de Coordinación Guerrero.
En la primera refriega, dos policías comunitarios y seis civiles armados murieron alrededor de las tres de la madrugada en la cancha techada del poblado La Concepción, en la zona rural de Acapulco, donde se celebraba la feria de La Purísima Concepción.
Comunitarios dijeron haber sido provocados por vecinos que apoyan a empresarios extractores de gravilla del río Papagayo. Uno de ellos, aseguraron, orinó frente a la casa de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), avalada por la corporación con sede en San Luis Acatlán.
Indicaron que comunitarios siguieron al sujeto y comenzó un tiroteo que continuó en el plantel de telebachillerato utilizado como comisaría municipal, en cuyas paredes se incrustaron unas 20 balas.
Alrededor de las 11, policías comunitarios se enfrentaron con agentes estatales que patrullaban la región y exigieron a los primeros entregar los cuerpos de dos compañeros caídos horas antes. Tres comunitarios perecieron en esta segunda refriega, en la cual también participaron policías ministeriales.
La balacera, que duró unos 15 minutos, ocurrió entre la parroquia de La Concepción, viviendas y la casa de justicia, mientras un helicóptero de la policía estatal sobrevolaba.
Durante el enfrentamiento, el fotoperiodista Bernardino Hernández, de las agencias Ap y Cuartoscuro, fue golpeado por agentes estatales, quienes le arrebataron sus cámaras y les sacaron las tarjetas de memoria. Pobladores se resguardaron en sus casas, y reporteros se guarecieron detrás de vehículos oficiales y particulares.
En conferencia de prensa, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que unos 120 policías ministeriales del estado, apoyados por elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, tomaron control de La Concepción.
Indicó que luego de los choques se detuvo a 30 policías comunitarios, incluido el portavoz del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, quienes portaban siete armas de uso militar, y fueron trasladados a la coordinación regional de la Fiscalía General del Estado en Acapulco.
Agregó que se liberó a dos personas que los comunitarios mantenían privadas de la libertad. Según Álvarez Heredia, fueron abatidos tres supuestos policías comunitarios que se resistieron al arresto y dispararon a los policías estatales, quienes no reportaron bajas.
Roberto Álvarez dijo que murieron 11 personas y añadió que los policías comunitarios detenidos llevaban consigo 580 dosis de mariguana y siete portaban armas de uso restringido.
En un comunicado, la CRAC-PC dijo que lo sucedido ayer en los bienes comunales de Cacahuatepec fue una provocación para liberar a dos peligrosos delincuentes detenidos hace unos días, entre los que se encuentra Iván Soriano Leal, ex militar, quien fue aprehendido en La Concepción por encabezar un grupo armado con el objetivo de asesinar a Marco Antonio Suástegui, vocero del Cecop.
Señaló que se trata del oscuro personaje al que entre 2013 y 2014 se alió Eliseo Villar Castillo para cometer un fraude por más de 800 mil pesos contra el sistema comunitario. El enfrentamiento confirma la preligrosidad de dicho sujeto y los alcances de sus pretensiones, subrayó.
Demandó la intervención urgente de organismos de derechos humanos y medios de comunicación para documentar lo sucedido, pues hay mucha presencia de fuerzas gubernamentales y temor de que quieran desarmar a nuestros compañeros de la CRAC-PC o incluso liberar a esos delincuentes.
Pide CNDH medidas cautelares tras ataque en Acapulco
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Guerrero adoptar medidas cautelares luego del enfrentamiento armado que se dio ayer en la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, entre policías comunitarios, civiles armados y agentes estatales.
El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez señaló que el objetivo de que se implementen estas medidas de protección es "evitar la consumación irreparable de violación a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación que se puedan originar en la zona".
Señaló que se tuvo conocimiento de estos hechos, que dejaron de acuerdo con las denuncias, al menos 11 personas muertas y un fotorreportero lesionado, así como varios detenidos, a través de lo difundido en diversos medios de comunicación. Por ello, esta misma mañana solicitó la adopción de las medidas cautelares.
"Se reportó que policías estatales, Policía Federal y personal del Ejército se encuentran actualmente en dicha comunidad, donde realizan un operativo para controlar la situación, lo que ha generado la detención de diversas personas. En este contexto, sin prejuzgar sobre la veracidad de estos hechos, la CNDH pide al Fiscal General del Estado de Guerrero, Javier Ignacio Olea Peláez, dicte de inmediato las instrucciones que correspondan, a fin de que las diligencias que se practiquen en la comunidad La Concepción, se realicen con estricto apego a derecho y respeto a derechos humanos".
También le demandó dictar de inmediato las instrucciones a quien corresponda, a fin de que, en el ámbito de su competencia, se observe el debido proceso respecto de las personas detenidas con motivo de estos hechos.
El organismo nacional solicitó además que se implementen de inmediato las medidas que resulten necesarias para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la paz a los pobladores de La Concepción y comunidades aledañas, en Acapulco, en coordinación con las autoridades federales que correspondan.
Que se brinde atención médica integral al fotógrafo lesionado, así como a cualquier representante de los medios de comunicación que hubiere resultado agredido.
Otra de las peticiones realizadas por la CNDH es que el gobierno del estado garantice la integridad y el ejercicio de la labor periodística de los representantes de los medios de comunicación, en coordinación con las autoridades federales que correspondan. Y que se realicen las diligencias necesarias para que les sean entregadas a los periodistas, dos memorias de computadora que les fueron aseguradas.
La CNDH destacó que el gobierno de Guerrero debe responder a la solicitud de medidas cautelares lo más pronto posible e implementarlas. Dicha solicitud se dirigió al Fiscal General del estado y a otros funcionarios locales, y se marcó copia para el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Fuente: La Jornada
