Las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al sur del DF.
Foto: Eduardo Miranda
A casi tres años de que dos extrabajadoras de la CNDH interpusieran una denuncia penal en contra del entonces coordinador de Comunicación Social por hostigamiento y abuso sexual, el juez Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en el Distrito Federal, Eduardo Torres Carrillo, determinó que es culpable de los dos delitos.
Sin embargo, la defensa del exfuncionario asegura por medio de un comunicado, que hay elementos plenos e irrefutables para establecer que la sentencia emitida por el juez es ilegal, incongruente y contradictoria, toda vez que una docena de testigos -hombres y mujeres- acreditaron la inocencia de Zárate y exhibieron que las imputaciones son producto de una confabulación de las supuestas víctimas.
La sentencia condenatoria señala que Jorge Arturo Zárate deberá pagar 15 días de multa por haber sido encontrado culpable de hostigamiento sexual.
Además, por abuso sexual en contra de las dos mujeres, es acreedor a una pena ordinaria de nueve años y nueve meses de prisión.
También la sentencia indica que deberá ser destituido de su cargo, aunque hay que recordar que se “separó” de él en 2012 con la finalidad de defenderse y limpiar su nombre.
Y finalmente, deberá hacer el pago correspondiente a la reparación del daño.
Las víctimas de Zárate Vite eran trabajadoras de la CNDH y acudieron a denunciarlo con el entonces primer visitador Luis García ante el Órgano Interno de Control encabezado por Franco Fabbri.
Las afectadas intentaron hacer llegar su denuncia ante el expresidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, quien por medio de su secretario particular se negó a atenderlas bajo el argumento de que “si recibiera a todas las personas que vienen a quejarse de sus jefes, no acabaríamos nunca”.
Al interior de dicha institución las mujeres fueron revictimizadas, por lo que se vieron obligadas a renunciar el 30 de marzo de 2012.
El 10 de abril de 2012 las víctimas acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para interponer una denuncia en compañía de su abogado Emiliano Robles Gómez Mont. Ahí aportaron diversas pruebas periciales en psicología, grafoscopía y audio; además de cartas, mensajes de celular y correos electrónicos.
Meses después, el Órgano Interno de Control de la CNDH inhabilitó a Zárate Vite por seis meses, en septiembre de 2012.
“Fue un proceso muy largo y muy duro. Tuvimos que contar la historia muchas veces y tuvimos que hacernos pruebas periciales una y otra vez, pero a pesar de la tensión y lo difícil que era para nosotras revivir los hechos, las autoridades nos trataron muy bien. En ningún momento fuimos revictimizadas como en la CNDH en donde el hecho de ser mujeres le quitó validez a nuestros argumentos, y en donde los investigadores del Órgano Interno de Control nos hacían preguntas como ¿Y cómo venían vestidas usualmente? y ¿Por qué aceptaban estar en la oficina de su jefe?,” señala una de las víctimas.
“Es necesario trabajar en materia de hostigamiento sexual en el trabajo ya que causa daños graves a las víctimas en cuestión de autoestima, de seguridad; genera depresión, ansiedad; disminuye la productividad y claro, las personas viven con miedo porque no quieren perder su trabajo o porque se ven obligadas a renunciar como fue nuestro caso. Hay que hacer algo, una pena de sólo una multa no es equiparable con los daños que se generan en las víctimas y ese delito da pie a otros como el abuso sexual”, expresaron las afectadas.
Las mujeres explican que esta sentencia puede marcar un precedente en materia de hostigamiento sexual y abrir la puerta para que este delito sea visibilizado, ya que a pesar de que es algo que viven miles de personas todos los días en su lugar de trabajo, no se atreven a denunciarlo.
El sentenciado interpuso un recurso de apelación que será resuelto en las próximas semanas.
El abogado de Zárate, Héctor Rojas Cárdenas, argumenta en un comunicado que el juez Primero de Distrito de Proceso Penales Federales en el Distrito Federal pasó por alto el cúmulo de pruebas que fueron desahogadas en el desarrollo procesal del caso como son fotografías, videos, correos electrónicos, testimonios, peritajes, entre otros documentos.
Agrega que “quedaron demostradas las graves contradicciones de la parte acusadora, por lo que pudiera ser un asunto de los llamados de consigna, con el fin de perjudicar a mi defendido y a su familia, ya que dicha resolución atenta contra su honorabilidad, prestigio y por supuesto derechos humanos”.
El defensor afirma que las pruebas que fueron aportadas por las denunciantes quedaron reducidas sólo a su dicho, el cual resultó inverosímil y contradictorio, aunado a ello -apunta- las declaraciones de sus testigos el propio juez señaló que no les constan personalmente los hechos (es decir, son testigos por referencia de terceros) y la Corte al respecto se ha pronunciado y ha establecido como criterio que dichos atestes carecen de eficacia probatoria.
“Por otro lado las pruebas aportadas por Zárate Vite, que en suma fueron más de 45, las cuales se integraron por 12 testimoniales de personas a quienes personalmente si les constaron los hechos; 11 documentales públicas que hacen prueba plena; 13 documentales privadas; un video; La pericial en medicina y psicología; y careos constitucionales y procesales, pruebas con las que se evidenció la inocencia de mi defendido y no obstante ello, sin explicación alguna el juez las relega”, destaca el comunicado.
Rojas Cárdenas añade que semanas antes a que se produjera la acusación contra el periodista -Zárate Vite- que se venía desempeñando como coordinador de Comunicación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por dicho de éste, recibió llamadas telefónicas anónimas, amenazándolo que se la iban a cobrar por su desempeño como periodista y defensor de los derechos humanos.
“Hará del conocimiento de este asunto al Consejo de la Judicatura, con independencia de la ya apelación interpuesta. De ser necesario, llevará su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a instancias internacionales, a fin de que sea revisado con imparcialidad el expediente, en el que se evidencia su inocencia”, concluye el documento.
Fuente: Proceso| SARA LOVERA
