Una mujer de 32 años denunció a un policía que la violó en una celda mientras estaba detenida, el pasado 11 de mayo en Malpaso, municipio de Mezcalapa, Chiapas.
Ese día la víctima identificada sólo como Ruth, quien tenía casi dos meses de embarazo, fue arrestada junto con su esposo que la había golpeado en la vía pública, razón por la que los vecinos llamaron a la Policía. La pareja fue detenida por “escándalo en la vía pública”.
Ya en los separos policiacos, el esposo de Ruth fue agredido para que entregara la cartera pero dijo que quien la tenía era su esposa. Luego, una agente identificada como María del Carmen López Altunar se la quitó a Ruth junto con un celular y un reloj. La víctima y su esposo fueron confinados en celdas separadas.
Horas después, dos policías entraron a orinar a la celda –que en realidad funcionaba como dormitorio de policías– donde se encontraba Ruth y el agente Miguel Hernández Gómez le mostró sus genitales y le dijo: “quietecita si no te vas a comer todo esto”, agarrándose el pene. El mismo uniformado la grabó después con su teléfono celular mientras ella estaba en el baño.
Esa madrugada Hernández Gómez ingresó a la celda de Ruth, la golpeó, le desgarró la ropa y la violó frente a su marido y otro detenido, quienes le gritaban que la dejara en paz.
La madre de familia narró:
“Me grabó con su celular, un blanco con café, me hizo tantas cosas feas y yo le dije Dios me va a dar fuerzas para denunciarte y el cínico me dijo: a muchas se los he hecho y no sé porque tú te aprietas como una niña, yo lo escupí en la cara y él me dio un manotazo y me dijo te voy a subir a las redes sociales si no cooperas, yo me tapaba la cara con mi blusa”.
En una nota del portal Chiapas Info, firmada por Patricia Chandomí, Ruth se dice avergonzada de contar todo lo que le hizo el policía, “pero quiero que se sepa porque eso nos lo han hecho a muchas mujeres, y no denunciaron por vergüenza, callaron y yo no me voy a callar. No quiero que ninguna otra mujer lo viva, no se lo deseo a nadie”.
Agregó que tras ser violada, comenzó a sangrar y a tener dolores muy fuertes, por lo que al día siguiente la llevaron al centro de salud por intervención de otra policía.
“Yo quería gritar, decirle al médico lo que me habían hecho, pero ahí enfrente tenía a dos policías que me vigilaban. Tenía miedo, y el médico aunque me vio toda golpeada nada más me inyectó y me dijo que se me iba a quitar el dolor”.
La noche del domingo 12 de mayo el suegro de Ruth pagó una fianza de 2 mil 700 pesos para que ella y su esposo quedaran libres.
Para colmo, cuando salieron se dieron cuenta que los policías les robaron 700 pesos, el reloj y el celular.
Para esa hora, Ruth experimentaba dolores insoportables derivado de un aborto provocado a raíz de la violación.
El lunes 13, la mujer acudió a la presidencia municipal a denunciar el hecho, donde la atendió el secretario municipal, José Antonio González Vega, quien le ofreció acompañarla a interponer una denuncia. Sin embargo, pasaron tres horas y el funcionario nunca apareció.
La víctima decidió entonces denunciar ante el Ministerio Público, lo cual quedó asentado en el acta administrativa 192/CE24/2013; ahí fue atendida por el médico legista Jorge Ramírez Martínez, de la Subdirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
“Yo le decía: ‘mire, me duele aquí (el vientre)’; él ni siquiera levantó la vista para verme, sólo encendía un cigarro tras otro. Nada más me manoseó, pero nunca me revisó”, contó Ruth.
El examen firmado por Ramírez Martínez determinó que la mujer tuvo un “ligero sangrado por menstruación terminal. No hay datos de lesiones paragenitales y proctológico sin datos de importancia”.
La agraviada explica que durante el examen psicológico, la psicóloga de la Procuraduría que la atendió la escuchaba con atención, pero cuando le dijo que un policía la violó, cambió la cara y rápido la cortó.
El abogado de Ruth, Rafael Cruz Vázquez, dijo que el protocolo para estos casos indica que se debió realizar un exudado vaginal, pero no fue así.
Subrayó que se levantó un acta administrativa, cuando debió haberse iniciado una averiguación previa.
“Nosotros tenemos pruebas, primero el testimonio de la señora, de los testigos, el esposo y el otro detenido. Tenemos la prenda interior con muestras de semen del policía y tenemos pruebas de que la señora habría tenido un aborto a raíz de la violación. Tenemos fotos de los golpes. Lo que no nos ayuda son los dictámenes médicos, aunque se puede apelar que fueron revisiones sencillas, por no decir, irresponsables”, detalló Cruz Vázquez.
Ruth vive ahora en el temor, ya que desde que interpuso la denuncia siempre hay una patrulla de la Policía Municipal de Mezcalapa en la esquina de su casa.
Y aunque interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sigue esperando justicia.
Fuente: Proceso | La Redacción
