El neopeñista Gustavo Madero adelantó el golpe a Ernesto Cordero ante la evidencia de que el calderonismo senatorial pretendía amotinarse aritméticamente. Asido a Los Pinos y en espera de ayuda pactada para seguir un periodo más como presidente del comité nacional del partido de blanco y azul, el chihuahuense hizo creer a sus adversarios que este martes dialogaría con ellos sobre la posible remoción del ex secretario de hacienda, pero en un madruguete dominical vespertino anunció el retiro que ya tenía decidido (la reunión de hoy será sobre golpe dado, para conocer opiniones respecto a la sustitución que ayer parecía encaminada hacia el yunquista Héctor Larios).
Los pleitos de familia por el control del PAN han sido aderezados con sustancias políticamente alucinógenas. Cordero pretende asumirse como un mártir de la democracia, acusando a su verdugo Gustavo de parecer priísta, mientras el familiar de Francisco I. Madero revira aduciendo que una propuesta de reforma electoral presentada por el Héroe de los Seis Mil Pesos al Mes pareciera inspirada (¡oh!) por Andrés Manuel López Obrador. Envalentonado (aunque las desgracias judiciales de César Nava podrían volverle a la realidad), Cordero anuncia una gira por estados donde habrá elecciones, pero en el fondo pretende armar su candidatura contra Madero por la presidencia del comité panista.
El verdadero jefe, Enrique Peña Nieto (a quien el calderonismo ayudó a hacerse del poder, al obstruir a Josefina Vázquez Mota, apoyar los resultados mercantiles de las elecciones y hacer arreglos que Felipe esperaba duraderos y en exclusiva), se regalaba mientras tanto otra ceremonia de oropel programático. Ahora tocó presentación llena de pompa a la piedra angular de la presunta construcción sexenal, el Plan Nacional de Desarrollo, con una definición extraordinaria y detallada de objetivos, metas, ejes transversales y posibles regalos sorpresa en la compra de palomitas de maíz con mantequilla. La clase política nacional volvió a reunirse, como ya va siendo costumbre, a tomar el té de los buenos propósitos (bastante cargadito de azúcar). Modosos, civilizados, modernos, recibiendo y devolviendo aplausos, inclinando la testa con falsa modestia al recibir cada cual el elogio de sus pares, mezclados opositores con gobernantes, corderos con maderos, chuchos con pablos, compradores con clientes.
Más allá de los recintos palaciegos y los pleitos de cúpula, la tensión social se multiplica. Peña Nieto ha lanzado en Michoacán un plan de recuperación de la legalidad que por lo pronto ha significado la instalación de mandos y equipo militar en esa entidad donde Felipe Calderón dio inicio a su tristemente célebre guerra contra el narcotráfico. Esta vez, las acciones federales (ejército, marina, policía federal) se han concentrado en poblaciones donde existen policías comunitarias o grupos civiles de autodefensa.
El planteamiento peñista parece tardío, impreciso y peligroso. Aunque apenas va a cumplir un semestre en el poder, la nueva administración permitió (¿o promovió, conforme a los estudios doctorales del asesor colombiano Óscar Naranjo?) la multiplicación y el posicionamiento público incluso retador de esos grupos de ciudadanos a los que unos entienden movidos por genuinos propósitos comunales de reacción frente a grupos de delincuencia organizada y otros aseguran que son armados y empujados por algunos de esos grupos para enfrentarse a otros y cuidar o ganar plazas.
El grado de tensión social y el riesgo de tragedias masivas salta a la vista cuando se ve, como sucedió este domingo en Buenavista Tomatlán, Michoacán, que centenares de pobladores se opusieron físicamente a que vehículos del Ejército entraran al lugar, iniciaran tareas de desarme e instalaran retenes oficiales que suplirían a los que han impuesto los propios civiles. Un general, Sergio Arturo García, hubo de subirse al cofre del vehículo delantero del convoy militar para tratar de dialogar con quienes a gritos rechazaban la pretensión de quitarles las armas, acusando a las fuerzas federales de no hacer nada de fondo contra los cárteles. El general García quiso comunicar a uno de los líderes locales con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para convenir los términos de lo que se haría, pero ni eso pudo cerrarse (nota de Laura Castellanos http://bit.ly/17VWlsz ).
No es la primera vez que ciudadanos enardecidos encaran al Ejército e incluso lo hacen retroceder en sus pretensiones. Entre el enorme flujo de información preocupante que se genera cada día poca atención se puso a lo sucedido el pasado 12 de marzo en Tixtla, Guerrero, cuando unos 70 soldados intentaron desarmar en dos ocasiones a los integrantes de la Policía Comunitaria de la comunidad de Acatempa, que recientemente se integraron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), durante una marcha que organizaron en Tixtla para exigir al gobierno municipal condiciones para operar.
Los 200 comuneros manifestantes fueron rodeados por los militares, quienes “intentaron desarmarlos, pero el comisario de la comunidad, Pastor Coctecon Plateado, quien también se asume como policía comunitario, encaró al militar y le exigió que respetara a sus hombres. Hubo jaloneos de ambos lados: los policías comunitarios intentaban avanzar, y los soldados, detenerlos. Una mujer del pueblo que iba en la marcha –porque las mujeres también forman parte de la Policía Comunitaria– le gritó al teniente coronel: ‘¡Así fueran a detener a los sicarios!’. El militar, que se mostraba nervioso, ordenó permitir la marcha y dejar pasar a los policías comunitarios con sus rifles terciados”.
Más tarde, en el trayecto de la carretera Chilapa-Chilpancingo, nuevamente los soldados, a bordo de camionetas, intentaron desarmar a los policías comunitarios; esta vez sólo a un centenar de ellos, quienes iban al frente. Pero los comunitarios no cedieron, ni pararon, y el teniente coronel nuevamente desistió de desarmarlos (nota de Margena de la O en La Jornada Guerrero (http://bit.ly/Z962kE )¡Hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
