En días pasados fue presentada una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados que propone homologar el salario base de cotización entre la Ley del Seguro Social y la del impuesto sobre la renta.
Decimos sí a la reforma porque limita la práctica patronal de registrar a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario menor al que realmente cubren, para reducir el costo de mano de obra. Sí, porque las nóminas reportadas al fisco son menores en 8 por ciento en promedio respecto de las informadas al IMSS; ello, sin tomar en cuenta factores de simulación cuando los patrones mienten a ambas instituciones, cuestión que es práctica común. Sí, porque hace más simple el sistema de cotización y evita controversias en materia de interpretación y aplicación de las normas. Sí, porque apoya a los trabajadores en reglones esenciales de protección social, como la habitación y el retiro. Fortalecer las pensiones es fundamental, considerando que con el sistema de cuentas individuales, ésas serán mínimas. Es conveniente la reforma porque recupera en parte la reducción de las cuotas obrero-patronales provocada por la reforma a la Ley del IMSS de 1995. Gracias a esa disminución, el instituto vio sensiblemente reducidos sus ingresos en el renglón de enfermedades y maternidad.
Pero más allá de las razones señaladas, es importante la reforma porque el IMSS se encuentra en una situación económica muy delicada y requiere de más recursos para cumplir con su labor. No debemos olvidar que esta institución protege a casi la mitad de los trabajadores mexicanos.
El sector privado, incluidos la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), ha reaccionado airadamente en contra de esta iniciativa, que reforma el artículo 32 y deroga el 27 de la Ley del IMSS. Señalan los empresarios que se trata tan sólo de un paliativo, considerando los gigantescos problemas del IMSS. La han calificado de Mejoral para un moribundo, planteando que se requiere de una reforma integral para ampliar la cobertura y eficiencia de la institución (La Jornada, 13 de abril de 2013, pág. 22). Advierten que de aprobarse, habrá menos empleos.
Es injustificada la resistencia empresarial y exageradas sus advertencias. En primer lugar, porque la reforma sólo toca a un reducido sector de las empresas –se calcula en alrededor de 10 por ciento–; en segundo, porque en la pequeña y mediana empresas no se otorgan las prestaciones adicionales al salario vinculadas al nuevo concepto de integración salarial, como es el caso de bonos y reparto de utilidades. En tercer lugar, porque los empresarios deben valorar los beneficios que les otorga esta institución, ya que gracias a su existencia se evitan una serie de responsabilidades de las que son obligados originarios, como el servicio médico o las incapacidades para sus trabajadores.
Es cierto que los factores que condicionan al IMSS son complejos y que de no ser atendidos en una perspectiva integral será difícil encontrar soluciones de fondo. Se ha identificado que buena parte de ellos tienen carácter estructural: pérdida de empleo formal, salarios bajos, incremento en la esperanza de vida, sensible modificación del patrón de enfermedades y muerte (antes nos moríamos de enfermedades infecciosas, hoy de males crónico-degenerativos, cuyo costo de tratamiento en un escenario de vida prolongado es muy alto); reducción presupuestal del Estado, elusión y evasión de los obligados. Además, se plantea con razón, que sus reservas técnicas afectadas en el pasado para construir la actual infraestructura hospitalaria, nunca fueron compensadas.
A la lista anterior habría que agregar los grandes negocios que durante generaciones han realizado algunos funcionarios y representantes empresariales y sindicales que han ocupado cargos en el Consejo Técnico que lo gobierna. Esta forma de representación deberá ser también objeto de cambio.
Además de los factores señalados, conviene destacar dos de especial importancia. El primero tiene origen en el régimen de jubilaciones y pensiones contenido en el contrato colectivo de los trabajadores que prestan servicios a la institución y que estuvo vigente hasta 2007. Se trata de un crédito laboral que requiere muchos recursos que contrastan con el agotamiento de los fondos para este renglón. A ello habría que agregar la marcada diferencia con los trabajadores que ingresaron después de 2007 –alrededor de 40 mil– que no cuentan con protección contractual alguna, marcando un distanciamiento generacional que seguramente provocará conflictos en el futuro. Cualquier solución deberá sustentarse en el diálogo y la propuesta y en un esfuerzo común.
Pero quizá el problema mayor para el instituto, atendiendo a sus informes, es la ausencia de financiamiento del seguro médico de jubilados, cuyo costo se comprometió cubrir el gobierno, de acuerdo con la reforma de 1995. Este cubre las pensiones derivadas de la transición al nuevo sistema pensionario, pero omite pagar el costo de los servicios médicos de ese sector, por lo que el IMSS se ve obligado a asumirlo, tomando recursos de otros ramos, lo que ahonda el desequilibrio financiero.
Este fenómeno ha sido advertido desde hace muchos años por especialistas e instituciones de prestigio, como el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social, AC (Caess).
La reforma sería, en efecto, un avance limitado pero necesario y en la dirección correcta. Su aprobación en el actual periodo de sesiones del Congreso sería una buena noticia.
Fuente: La Jornada | Arturo Alcalde Justiniani
