Al primer minuto del sábado en que habría de rendir protesta ante un alaciado poder legislativo, ya Enrique Peña Nieto se había posesionado del cargo y, aun sin jurar que se conduciría conforme a los postulados constitucionales, instaló a su gabinete de seguridad y le tomó protesta sin que nadie se la hubiera tomado a él. Luego, en un día de violencia pública sin precedente en la capital del país, vio instalarse el proceso de desgaste mediático y social para el movimiento 132, el lopezobradorismo y las protestas públicas a cuenta de un vandalismo que políticamente abre las puertas a un mayor autoritarismo desde Los Pinos. Y al otro día, como bálsamo de gran oportunidad, antítesis del porrismo previo, contraste venturosamente llegado, se hizo de un instrumento de control político y partidista al llevar de la mano a los dirigentes de su presunta oposición principal, el panismo desfondado y el perredismo negociante, a firmar un Pacto por México que promete impulsar reformas de interés para esos partidos a cambio de que se mantengan sometidos a una ruta institucional administrada obviamente por el PRI.
Al tomar de golpe el control de la administración federal, el adquirente de la Presidencia de la República demeritó el acto republicano de juramentación constitucional, rebajándolo a mera ceremonia de la que se puede prescindir o cumplir en contados minutos burocráticos (las reformas constitucionales hechas para conjurar el 2006 permiten que un presidente electo pueda rendir protesta, en caso de que no pudiera hacerlo ante órganos legislativos, en cualquier lugar y circunstancia, pero con la presencia del presidente de la Suprema Corte).
Peña Nieto no ejecutó una transferencia de poder silenciosa e informal, como la que Felipe Calderón pidió como concesión a Vicente Fox en la primera hora de diciembre de 2006. Al contrario, el nuevo portador de la banda hizo que la apropiación madrugadora fuese difundida con la mayor amplitud, para dejar constancia de que los hechos estaban consumados. No es un dato menor preguntarse si los juramentos de respeto a la Constitución y la legalidad que fueron hechos por el gabinete de seguridad en esa oscuridad sabatina tienen validez jurídica y política si aquel ante quien la rindieron aún no lo había hecho ante el poder legislativo.
El segundo trazo parece ser muy confuso y oscuro pero, a fin de cuentas, resulta claramente favorable en términos políticos para Peña Nieto (en http://on.fb.me/TDfK6R pueden leerse seis puntos de análisis que este tecleador puso en Internet el mismo sábado). La violencia desatada en las inmediaciones de San Lázaro tuvo un registro lineal: grupos de jóvenes (no sólo del 132, sino de otras vertientes, como los anarquistas y otros chavos genuinamente deseosos de confrontarse con el poder establecido y de desahogar con fuerza su indignación y desesperanza, sobre todo contra íconos del sistema al que rechazan), profesores con largo historial de lucha, sindicalistas y otros ciudadanos inconformes desarrollaron una protesta desventajosa pero así aceptada contra policías federales y miembros del Estado Mayor Presidencial. Resultaron varios heridos (en un caso se habló de muerte, que no la hubo aunque sí una lesión de gravedad absoluta).
Pero conforme avanzaba la marcha de San Lázaro al Zócalo, para dar continuidad a las protestas, una violencia desmedida crecía. Segmentos minoritarios, con pañuelos, capuchas u otras formas de encubrimiento, se dedicaron a generar daños (parabuses, estaciones de gasolina, algunos vehículos y cabinas telefónicas, sobre todo) sin que hubiera forma de argumentación de otros jóvenes que los convenciera de desistir.
A la hora en que Andrés Manuel López Obrador había hecho en el Ángel de la Independencia una condena de la violencia gubernamental contra las protestas que al momento en que hablaba el tabasqueño tenían como referente lo sucedido en San Lázaro, no el curso de la marcha hacia el Zócalo, comenzó en el Sanborns de Eje Central, frente a Bellas Artes, el vandalismo que colocaría a AMLO en una aparente defensa de esa violencia extrema. Así, López Obrador parecía justificar y arropar lo que nunca ha permitido que se dé en su movimiento ni en los momentos de mayor encono. Parte de ese flujo juvenil destructivo alcanzó a llegar al Ángel cuando había terminado el acto de Morena. Por lo pronto, mediáticamente se instaló de inmediato un guión que adjudica al discurso de odio la responsabilidad de los hechos vandálicos.
Diversos videos y testimonios plantean la hipótesis de los provocadores infiltrados en las protestas sabatinas. Siempre los ha habido. Pero también es cierto que hay un hartazgo social tan fuerte en ciertos grupos juveniles (en http://on.fb.me/UalhQK puede leerse sobre uno de los grupos anarquistas participantes, Bloque Negro México) que no todo lo sucedido puede ser adjudicado a factores externos. El sistema ha cerrado las puertas a gran parte de los jóvenes, mostrándoles además, mediante fraudes electorales o compra de presidencias, que es inviable el camino institucional. Por lo pronto, con la colaboración de una policía capitalina que golpeó y detuvo a granel, se revivieron escenas del diazordacismo clásico que tan cercano es a la vocación atenquista ahora encaramada en Los Pinos.
Tomado el poder de golpe madrugador, e instalado el pretexto político para la mano dura y la criminalización de la disidencia, el desenlace feliz del ciclo ha sido la firma del Pacto que permitirá la instauración del reformismo peñanietista nefasto y la promesa (te lo pacto y ¿te lo cumplo?) de impulsar cambios profundos en materia de telecomunicaciones (reducir el poder de Televisa para que Los Pinos y la clase política no sigan siendo sus rehenes y servidores), monopolios en general y educación (supuesta guerra contra Gordillo). Pacto de élites sin fuerza ni legitimidad social.
Y, mientras son vistos los álbumes de fotografías tomadas por este tecleador durante el sábado negro (http://on.fb.me/-Vf9AJP) y por Julio Alejandro (http://ow.ly/fL4ry) ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada
