miércoles, 12 de septiembre de 2012

Ordena la ASF a Felipe Calderón aclarar o devolver fondo de la transición de 2006


Desde 2008, le pidió explicar contrataciones de empresas de servicios y asesoría

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó, desde 2008, al gobierno de Felipe Calderón, aclarar la contratación directa de empresas prestadoras de servicios y asesoría, renta de vehículos blindados y un acto de partido por 38 millones de pesos, de los 102.6 millones que él y su equipo utilizaron en el proceso de transición de 2006.

La ASF encontró irregularidades en 11 de los 23 contratos que celebró el equipo de transición de Calderón, al considerar que presuntamente no se encuentran vinculados directamente con los trabajos de enlace con la administración saliente, de Vicente Fox, y pidió aclarar los gastos o reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación, así como aplicar sanciones administrativas a los funcionarios involucrados.

Sí hay relación, señala Hacienda

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda argumentó que los contratos celebrados entre el 7 de septiembre y el 30 de noviembre de 2006 sí tenían relación con el objeto del fideicomiso constituido para respaldar el proceso de transición, constituido en Banjército, por lo que el dinero no fue devuelto ni se sancionó a los colaboradores del entonces presidente electo.

Entre las irregularidades encontradas por la ASF resalta que el equipo de Calderón arrendó un vehículo blindado al despacho contable y fiscal Kefa, por 722 mil 700 pesos. Además, el contrato se celebró cuando el servicio ya se había prestado; que la representante de Calderón en el fideicomiso, Patricia Flores Elizondo, para cada una de las contrataciones de los servicios le indicaba a Banjército específicamente con qué prestador se debía realizar la contratación del servicio.

Servicios de publicidad

La organización de un acto de Calderón en el desaparecido Toreo fue encargado a la empresa Make Pro (que se dedica a servicios de publicidad en salas de cine y actos masivos), que durante tres años en el sexenio de Vicente Fox obtuvo contratos con diferentes dependencias y algunas delegaciones del Distrito Federal por 118 millones de pesos.

Ya en el sexenio de Calderón recibió contratos para difundir la imagen del Ejecutivo en actos deportivos y fue subcontratada por el Turissste para la organización de la noche del Grito, el 15 de septiembre de 2000 en el Zócalo, y la instalación de relojes de cuenta regresiva para los festejos del bicentenario. Esos gastos también merecieron observaciones de la ASF en la cuenta pública 2010.

En su informe de la cuenta pública 2006, la auditoría –que entonces encabezaba Arturo González de Aragón– detalló que de los 150 millones aprobados por la Cámara de Diputados para la transición, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda transfirió 120 millones al fideicomiso que se abrió en Banjército, y 20 millones a la Presidencia de la República, para que el Estado Mayor Presidencial (EMP) y la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial cubrieran gastos originados por el desarrollo de trabajos y actividades de coordinación con el presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa.

Detalló que durante la transición, Calderón y su equipo sólo utilizaron 102 millones 606 mil 40 pesos, de los cuales 31 millones 389 mil 900 pesos se pagaron en salarios a las 320 personas que fueron contratadas para apoyar a Calderón; 48 millones 955 mil 100 para 23 contratos de servicios, entre éstos la celebración de encuestas, un análisis de la composición de la 60 Legislatura, un programa de identidad para el gobierno entrante, asesorías y servicios profesionales de consultoría.

En este rubro, la ASF halló que el equipo de Calderón contrató a Make Pro para un acto de partido por un importe de 23 millones 186 mil 900 pesos, bajo el rubro Servicios profesionales, de publicidad y promoción, y solicitó la documentación que comprobara y justificara tal gasto, toda vez que no se relaciona con los trabajos de enlace con la administración saliente, o Hacienda tendría que devolver los recursos.




Fuente: La Jornada