Luego de la explosión en Coahuila siguieron falleciendo mineros por falta de seguridad, acusan
Luego de 76 meses de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en la que perdieron la vida 65 trabajadores, el gobierno del presidente Felipe Calderón pidió otra prórroga de dos meses a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder a las demandas de justicia de las viudas y huérfanos de los fallecidos.
La Familia Pasta de Conchos, integrada por los deudos de los mineros, señala que esta petición de posponer una vez más el caso pone en evidencia que al gobierno panista no le interesa hacer justicia, no sabe cómo tratar el tema y sólo lo está posponiendo en espera de que termine el sexenio.
Del mismo modo, esta organización y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) realizaron ayer la misa mensual para recordar a las víctimas, afuera de las instalaciones de Grupo México. Esta sería la misa 76, ya que ni un solo mes han dejado de organizarla para recordar a sus difuntos, pero sobre todo para demandar el rescate de sus cuerpos; ello, a pesar de que deben trasladarse desde Coahuila al Distrito Federal.
Para estas organizaciones, la solicitud del gobierno calderonista de pedir más tiempo a la CIDH es una estrategia para alargar el proceso y retardar lo más posible el pronunciamiento del organismo internacional sobre la admisibilidad del caso y el inicio del litigio sobre la responsabilidad del Estado mexicano en la violación a los derechos humanos de los mineros caídos el 19 de febrero de 2006 y sus deudos. Peticionarios ante la CIDH en el caso (P-178-10), Familia Pasta de Conchos, el Cereal, el Centro Prodh y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral sostuvieron que la nueva solicitud de prórroga indica que la administración de Felipe Calderón no cuenta con argumentación para defenderse de esta demanda.
En tanto, en lo que va de 2012 han fallecido 10 trabajadores más en minas, plantas de beneficio y transporte de carbón (en 2011 murieron 30, y luego de los 65 de Pasta de Conchos han perecido 77), lo que pone de manifiesto la insuficiencia de las medidas aplicadas por el gobierno de Calderón para aumentar la seguridad en los yacimientos.
Así, continúan los siniestros a pesar de los operativos de la Secretaría del Trabajo, que si bien incrementó de 11 a 26 el número de inspectores, el presupuesto para gastos operativos sólo subió 8.5 por ciento. Es decir, hay inspectores, pero no hay recursos para gastos; además de que los patrones se niegan a ser inspeccionados, ante la pasividad y apatía de las autoridades, a lo que se suma que el modelo de revisión resulta insuficiente para identificar a los niños y jóvenes que trabajan ilegal y clandestinamente en las minas y pocitos de carbón, sostuvieron.
Fuente: La Jornada
