La empresa recupera lo que le saquean encareciendo el fluido eléctrico a usuarios
Para diputados de oposición, los escándalos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son tan sólo la punta de un iceberg que sentó sus reales en más de una década, particularmente en la administración de Alfredo Elías Ayub, por lo que han anunciado una serie de acciones a fin de llegar hasta las últimas consecuencias y castigar a los autores materiales e intelectuales del multimillonario desfalco al erario en esa empresa.
Lo peor de todo, señalan, es que el costo de la corrupción lo paga la población con las altas tarifas eléctricas. Y es que de acuerdo con un compendio de documentos heredados por la LX Legislatura a la LXI que está por concluir, se advertía que de no ponerse un freno a la cadena de ilícitos en la paraestatal, como daño colateral se encarecería el fluido para la población, cosa que ya ocurre.
Las consecuencias de estos malos manejos, señala dicho informe, “se traducirán en la elevación de las tarifas eléctricas y, más aún, la CFE buscará obligar al pago desproporcionado del servicio eléctrico en varios estados de la República, para cubrir los desfalcos”.
En este tenor, diputados del PRI, PRD y PT han solicitado la comparecencia de Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la paraestatal, para que explique en detalle los casos de sobornos, venta de contratos, dádivas millonarias y, en general, toda la estela de corrupción que impera desde hace más de una década en la CFE.
También buscan documentar nuevos hechos para presentar las denuncias penales correspondientes, toda vez que están ciertos de que existen muchos casos desconocidos.
La diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo, manifestó que el tema de la corrupción en la CFE no es nuevo, ya que “desde las administraciones priístas era común escuchar de las componendas y arreglos para adjudicar contratos”, pero, refiere, “fue a partir del año 2000 cuando asumió el poder Acción Nacional, que éstas conductas ilícitas se incrementaron de forma escandalosa”.
“Negocios sin escrúpulos, costos inflados, compra de equipos obsoletos, obras inexistentes, fraudes, sobornos y dispendios ofensivos han caracterizado a la administración de la CFE en manos del gobierno panista”, dijo.
Recordó que la investigación iniciada en Estados Unidos por el delito de soborno, en el que se vieron involucrados empresarios de ese país y funcionarios de la CFE, que aquí desembocó en la aprehensión de Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones, uno de los hombres más cercanos al ex director general de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, y más recientemente en la denuncia de la colusión de funcionarios de CFE y jueces de Sinaloa para sangrar las arcas de la paraestatal; fue sólo el inicio de interminable madeja de corrupción.
Mencionó que en 2008 Cuauhtémoc Velasco Oliva, entonces diputado federal por Convergencia, presentó pruebas contundentes de actos de corrupción cometidos por Néstor Félix Moreno Díaz e hizo el señalamiento de que la paraestatal operaba como un “cártel de la electricidad”, haciendo referencia a una serie de contratos formalizados por la CFE con empresas extranjeras.
Documentó la venta de licitaciones, la extorsión para la adjudicación de contratos; la rescisión de otros y extorsión a pequeñas empresas; el reparto de las mejores licitaciones entre funcionarios de CFE y pagos millonarios de obras a empresas inexistentes. Igualmente evidenció el soporte de pagos con documentación apócrifa, y el “lavado de corruptelas”.
Ese entonces legislador señaló que dichos documentos fueron reservados de la vista y escrutinio público “bajo la artimaña de considerarlos un asunto de seguridad nacional”.
En 1999, Velasco Oliva acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar los hechos y en la Cámara de Diputados, por lo cual fue objeto de un linchamiento político por Acción Nacional, alentado desde la CFE. En los documentos, Velasco Oliva advertía entonces los hechos de corrupción que hoy han salido a la luz pública a través de investigaciones judiciales en Estados Unidos y lo ocurrido en Sinaloa.
Fuente: El Punto Crítico
