Nos paga $1 por metro cuadrado de daños en el terreno por las obras; en La Venta les dan 10
En España ofrecen a los dueños 6 por ciento por la producción bruta, aquí sólo 1.5, denuncian
Unión Hidalgo, Oax. Nosotros primero queríamos negociar con la empresa Demex mejores condiciones de contrato, pero ahora lo que queremos es anularlo, salirnos, no queremos nada con ellos ni con la construcción del parque eólico Piedra Larga (PEPL), comentó una decena de posesionarios de predios comunales de este poblado, ubicado a unos 20 kilómetros de Juchitán.
Señalaron que están hartos de la prepotencia, agresiones y amenazas de la filial mexicana de la trasnacional española Renovalia Energy, a la que arrendaron sus tierras. Por pretender anular dicho contrato y tratar de impedir que sigan los trabajos, Demex los demandó por despojo.
Durante un recorrido por sus tierras, Guadalupe Rodríguez, Jesús Aquino, Juan Regalado, Míriam Zárate, Esteban y Roberto López Sánchez, entre otros, explicaron que la empresa ofreció que al cabo de un año se revisaría el contrato, pero no cumplió. Nos dimos cuenta de que nos pagaban un peso por metro cuadrado de afectación (daños en el terreno por las obras), cuando en La Venta les pagan 10. Hablamos con Demex y lo más que ofrecía eran ocho pesos.
Además, afirmó Regalado, averiguaron que en España a los propietarios de terrenos les están pagando 6 por ciento de la producción bruta, y acá ofrecen 1.5 por ciento.
El PEPL, que construye en este poblado Desarrollos Eólicos, SA de CV, comprende en su primera fase la instalación de 45 aerogeneradores de 100 metros de altura, y 68 en la segunda, con una potencia de dos megavatios cada uno, con una inversión de aproximadamente 405 millones de dólares. Con un factor de planta de 0.45, se calcula que cada molino de viento produciría un ingreso estimado de 15.5 millones de pesos al año, afirmó Aquino.
Así, estimó, la primera fase del proyecto producirá unos 697.5 millones de pesos anualmente, y ya con la segunda funcionando la cifra ascendería a alrededor de mil 751.5 millones de pesos anuales.
Comentó que Piedra Larga abastecerá 18 plantas productivas y otros centros de operación del grupo Bimbo, el cual informó que con ello se evitará liberar a la atmósfera 250 mil toneladas de bióxido de carbono al año (CO2), lo que se paga en los mercados de carbono a entre 20 y 25 euros la tonelada, es decir, que habría una ganancia extra de 5 a 6.25 millones de euros para Bimbo-Demex.
Aquino mencionó algunas de las afectaciones que le ha ocasionado Demex: por la construcción de un camino que obstruyó el paso de la corriente de agua se le inundaron 1.5 hectáreas, con lo que se pudrieron 235 postes de madera y 125 arbolitos de cedro; su pozo rústico se inundó de lodo; le destruyeron mil 100 metros de alambre de púas. Nunca obtuvo respuesta a la demanda de pago por estos daños, afirmó.
Otras personas señalaron que con esos contratos prácticamente han perdido su tierra y que muchos de los ejidatarios y comuneros involucrados obtienen ingresos incluso inferiores a los que percibían con la siembra de sorgo, maíz y/o la ganadería.
Por ahora, los más afectados son Míriam Zarate y su esposo, Omar Pineda, en cuyas tierras ya están casi terminadas las bases de dos aerogeneradores, con un diámetro –indicaron– de unos 30 metros y unos 40 de profundidad. También en su tierra, Demex desvió el cauce del río Espíritu Santo para construir un puente. Tiraron 200 árboles de guanacastle de la cortina cortavientos que protegía el sorgo y rompieron 300 metros de alambre, denunció Pineda.
Durante el recorrido nos cruzamos con trabajadores y/o contratistas de Demex. Hubo un momento en que un hombre gritó algo en zapoteco a unos trabajadores: dice que nos paren, se alarmaron las mujeres. El hombre sacó una cámara fotográfica y nos tomó fotos, pero el incidente no pasó a mayores.
La alarma era justificada. El 21 de octubre pasado, como se denunció en su momento, trabajadores de Demex, dirigidos por Jaime de la Cruz Gómez y Juan Wendolain, actuando como portavoces de Demex amenazaron de muerte a los propietarios y a las defensoras de derechos humanos, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiitdtt), Bettina Cruz y Maribel González, si no los dejaban entrar a las tierras arrendadas por Demex. En el lugar estaban representantes de Gamesa y otras empresas eólicas, así como el notario público 41 de Juchitán, y ninguno hizo nada para detener las amenazas, destacó González.
Posteriormente –el 28 de octubre–, 20 de los propietarios e integrantes de la Apiitdtt fueron desalojados a patadas y golpes –con la cacha de su pistola– por Ventura Ordaz Santiago, cacique de La Venta, y una cincuentena de hombres armados con machetes y armas de fuego, de la carretera Panamericana –donde repartían volantes para informar a la comunidad de la problemática del PEPL. Los manifestantes escaparon y a los 15 minutos se reportó que uno de los agresores había muerto, aparentemente de un disparo.
De ese deceso han acusado falsamente a Juan Regalado y a Rodrigo Flores, este último miembro de la Apiitdtt y de la comisión política de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien se encontraba en la ciudad de Oaxaca, lejos del lugar de los hechos.
Regalado explicó que en la fase I del PEPL, los 31 inconformes que quieren anular el contrato con Demex poseen 460 de las 800 hectáreas que abarcaría. De la segunda fase hay 25 ejidatarios inconformes, que poseen 450 hectáreas de un total de 900 contratadas, afirmó.
Por las agresiones a los activistas de Unión Hidalgo y la Apiitdtt, incluso Amnistía Internacional solicitó a los gobiernos federal y de Oaxaca que se les otorgue protección adecuada, instándolos a garantizar que se obtendrá el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, basado en información fiable y exacta sobre el impacto del proyecto.
Pues que sigan los cauces legales, dice representante de la empresa
Entrevistado vía telefónica sobre la posibilidad de anulación de los contratos de los propietarios inconformes con dicho proyecto eólico, Fernando Ballester, director de Demex, dijo que siempre cabe una posible terminación, porque tampoco van a hacer un proyecto con gente que no lo quiere, pero para que se dé nulidad legalmente, el contrato debe ser nulo, lo cual creo que no corresponde a la realidad.
Respecto de los alegatos de que la nulidad debe darse porque no hubo consulta previa en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, contestó: creo que no es así, pero en cualquier caso, si esta gente opina que el contrato debe ser nulo por esas causas, pues no tenemos más que decirles que se sigan los cauces legales establecidos...
Sobre el monto de los pagos, dijo que Demex está pagando en forma muy similar a otras empresas, y aun así, de 70 propietarios, tenemos como 65 en favor; estamos hablando de sólo cinco o seis personas inconformes que luego dicen hablar en nombre de otras tantas que cuando se dirigen a nosotros lo que nos dicen es que sí quieren estar en el proyecto.
Subrayó que donde ya está prácticamente acabada la parte de obra civil y hay una inversión muy fuerte ya hecha, eso no lo podemos deshacer ni podemos dejar de tenerlo incluido en la obra..., y que se ha estado buscando dialogar con los inconformes por conducto del gobierno oaxaqueño.
Sobre la acusación de que Demex contrató golpeadores, Ballester aseveró que es totalmente falso; la empresa lo desmiente categóricamente, no son más que afirmaciones sin ningún fundamento, ni prueba ni hecho que lo evidencie (...) me parecen gratuitas, arbitrarias y tendenciosas estas afirmaciones.
Fuente: La Jornada
