Operan con métodos obsoletos y se han convertido en un foco de contaminación delictiva
Tras los incidentes violentos en el penal de Altamira, Tamaulipas, legisladores del PRI, PAN, PRD y PVEM advirtieron que el sistema penitenciario nacional está al borde del colapso, debido al hacinamiento, la lucha entre las bandas por el control de los penales y la corrupción, lo que ha generado violencia y muertes.
Urgieron al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a emprender una revisión del actual modelo de los centros penitenciarios para que dejen de ser "universidades del crimen" y retomen el papel de verdaderos centros de readaptación social, así como evitar mezclar reos de alta peligrosidad con primodelincuentes.
El coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, subrayó que debido a las riñas en los centros penitenciarios del país, es urgente revisar el modelo penitenciario por la sobrepoblación, corrupción y actividades ilícitas, que evidencian "que el sistema está carcomido por la corrupción y de que se ha colapsado en muchos territorios del país".
Manifestó su preocupación por la situación del sistema penitenciario y dijo que es necesario que se tomen medidas para atender el problema de corrupción, por lo que el Poder Legislativo debe hacer una revisión a fondo del sistema penitenciario por las actividades ilícitas que se realizan desde los centros de reclusión.
"En los centros penitenciarios no solamente se están llevando a cabo actividades ilícitas que tienen incidencia en la ciudadanía, como las extorsiones o los secuestros, que ocurren desde adentro de los centros penitenciarios; por ello es indispensable hacer, por parte del Legislativo, una revisión a fondo para que se pueda garantizar la gobernabilidad de éstos", señaló.
En tanto, el vicecoordinador jurídico del PRI, Arturo Zamora Jiménez, consideró necesaria una transformación completa del sistema criminológico, la seguridad y justicia penal y no sólo de los centros penitenciarios, porque el principal problema que enfrentan es la "corrupción, autogobierno y abandono de las autoridades federales".
Comentó que lejos de ser centros de readaptación social, se vuelven "universidades del crimen" por la "contaminación" de reos que cometen delitos federales y que están recluidos en cárceles estatales, aunado a la corrupción que en los últimos cinco años se ha duplicado en el país, según informes de la Organización de la Naciones Unidas.
Lamentó que en el sistema penitenciario no se ha dado respuesta al objetivo de los centros, en donde muchos delitos que se cometen se dirigen por los mismos presos. "Tenemos un gravísimo problema que no ha sido atendido por criterios adecuados en la política criminal".
Por su parte, el vicecoordinador jurídico del PAN, Óscar Martín Arce Paniagua, se pronunció por hacer una revisión del modelo penitenciario, ya que este tipo de sucesos se presentan en diversos centros en los estados del país, por lo que debe haber responsabilidad de las autoridades encargadas de la seguridad en los penales.
Agregó que dado los problemas de corrupción, hacinamiento, de infraestructura y falta de control, es necesario que este año se revise de manera frontal el tema para redefinir el modelo penitenciario y destinar mayores recursos entre autoridades federales y locales, para que retomen el objetivo de integrar a la sociedad a los presos.
"En todos los estados tenemos bastante desorden y no se pone orden. Tenemos que revisar este año la asignación a los nuevos penales, es un tema pendiente, pero la responsabilidad es también de los gobernadores y deben enfrentar el problema con decisión", comentó.
A su vez, el senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), urgió a las autoridades federales y estatales a reestructurar de manera integral el sistema penitenciario del país, pues éste es obsoleto, ya no funciona y sólo demuestra ser un foco de contaminación delictiva.
El enfrentamiento en el penal de Altamira evidenció que las cárceles en nuestro país están completamente colapsadas y que las autoridades municipales, estatales y federales no pueden mantener esos centros penitenciarios con las condiciones mínimas indispensables.
Reiteró que el hacinamiento que se registra en las cárceles del país, las precarias condiciones en las que viven los internos y la mezcla de reclusos de alta y baja peligrosidad han provocado que se incrementen los motines, las fugas, el narcomenudeo y la prostitución.
Recordó que para lograr una infraestructura carcelaria que responda a la ejecución de sanciones y reformas legales al sistema penitenciario, presentó una Iniciativa de Ley que propone, entre otras cosas, la construcción de cárceles de máxima seguridad para criminales peligrosos, y cadena perpetua para asesinos y secuestradores que mutilen a sus víctimas.
Explicó que en las nuevas prisiones se establecería la educación y trabajo obligatorios para los reclusos, quienes recibirían un salario, lo que permitiría crear una cadena de beneficios entre los internos y sacar adelante la premisa de readaptación mediante educación y retribución.
Fuente: oem
