La Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) pidió auditar la gestión de Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE, en especial, los contratos plurianuales que no pueden ser disueltos pese al incumplimiento de servicios y las transferencias para la organización del Bicentenario.
Uno de los integrantes de la federación y representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Bernardo Quezada, aseguró que hay más de 10 mil millones de pesos a fiscalizar de los contratos y decisiones que tomó Yunes al frente del ISSSTE, con el argumento de ser parte de la reforma estructural de 2007.
En entrevista, respondió a los dichos de Yunes en contra de la líder del magisterio, Elba Esther Gordillo. “A cuatro años de que se aprobó la reforma al ISSSTE, la ley nos otorga el derecho de opinar en torno a los alcances de la norma, qué beneficios hubo, qué se hizo y qué estrategia se estableció para cumplir con lo prometido.
“Y hoy es cuando encontramos malos manejos administrativos de ese entonces y por ello pedimos una auditoría, hoy resulta que ninguna delegación ni hospital puede comprar nada, que todo está centralizado y ello significa retraso y falta de fondos”, dijo.
Los líderes sindicales denunciaron que varios contratos, por arriba de 300 millones de pesos, fueron asignados por adjudicación directa y no por licitaciones como dice la ley.
“La explicación del ISSSTE es que los contratos son vía el Instituto Tecnológico de Sonora para el desarrollo de nuevos sistemas. Ese tema, el de sistemas en el ISSSTE, ha sido muy costoso y de muy bajos resultados. A la fecha, ninguno de los sistemas del área médica y de prestaciones funcionan correctamente o siquiera fueron desarrollados”, señaló.
La federación ha insistido en la necesidad de fiscalizar todas las áreas administrativas, pues hay empresas que han sido investigadas por el gobierno y a las que se le firman contratos millonarios.
Ya se pidió ayuda al Congreso de la Unión para ordenar las revisiones a la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Permanente agendó para la sesión de hoy un punto de acuerdo en el que pide a la secretaría de la Función Pública y la PGR intervengan.
Fuente: El Universal
Uno de los integrantes de la federación y representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Bernardo Quezada, aseguró que hay más de 10 mil millones de pesos a fiscalizar de los contratos y decisiones que tomó Yunes al frente del ISSSTE, con el argumento de ser parte de la reforma estructural de 2007.
En entrevista, respondió a los dichos de Yunes en contra de la líder del magisterio, Elba Esther Gordillo. “A cuatro años de que se aprobó la reforma al ISSSTE, la ley nos otorga el derecho de opinar en torno a los alcances de la norma, qué beneficios hubo, qué se hizo y qué estrategia se estableció para cumplir con lo prometido.
“Y hoy es cuando encontramos malos manejos administrativos de ese entonces y por ello pedimos una auditoría, hoy resulta que ninguna delegación ni hospital puede comprar nada, que todo está centralizado y ello significa retraso y falta de fondos”, dijo.
Los líderes sindicales denunciaron que varios contratos, por arriba de 300 millones de pesos, fueron asignados por adjudicación directa y no por licitaciones como dice la ley.
“La explicación del ISSSTE es que los contratos son vía el Instituto Tecnológico de Sonora para el desarrollo de nuevos sistemas. Ese tema, el de sistemas en el ISSSTE, ha sido muy costoso y de muy bajos resultados. A la fecha, ninguno de los sistemas del área médica y de prestaciones funcionan correctamente o siquiera fueron desarrollados”, señaló.
La federación ha insistido en la necesidad de fiscalizar todas las áreas administrativas, pues hay empresas que han sido investigadas por el gobierno y a las que se le firman contratos millonarios.
Ya se pidió ayuda al Congreso de la Unión para ordenar las revisiones a la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Permanente agendó para la sesión de hoy un punto de acuerdo en el que pide a la secretaría de la Función Pública y la PGR intervengan.
Fuente: El Universal