11 de octubre de 2010
A 12 meses de la ocupación militar de nuestros centros laborales, de la emisión del inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y del ilegal despido de 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la destrucción de nuestra organización sindical, decidida por la oligarquía y operada por sus sicarios gubernamentales, resultó un rotundo fracaso.
Ante la falta de legitimidad y la ausencia de resultados favorables para millones de mexicanos, Felipe Calderón decide emprender “una guerra al crimen organizado”, cuyos resultados están a la vista: 30 mil muertos, muchos de ellos civiles sin relación con la delincuencia; el Ejército y la Marina realizando labores policiacas sin respaldo constitucional o legal, violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de cientos de miles de mexicanos.
Nada les importó a Calderón y sus palafreneros en la tarea de acabar con una empresa propiedad de la nación, cuyo fin verdadero es la privatización de la industria eléctrica nacionalizada, y entregar de paso la red nacional de fibra óptica construida mediante fondos públicos a las grandes empresas de telecomunicaciones.
El conjunto de violaciones al estado de derecho no tiene paralelo en la historia reciente del país. El gobierno federal pisoteó el derecho de audiencia de los electricistas, establecido en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna, al no ser oídos y vencidos en juicio. Calderón violó los artículos 71 y 89 al extralimitarse en sus funciones, puesto que carece de facultades para extinguir un organismo descentralizado como lo es LFC.
Felipe Calderón y Javier Lozano han pisoteado la ley al negarse a aplicar los artículos 39 y 41 de la Ley Federal del Trabajo y el 290 de la Ley del Seguro Social, referentes al reconocimiento de la figura de patrón sustituto. Calderón violó el 4° transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en tanto que la creación de LFC fue un acto de naturaleza legislativa, puesto que este poder es el que reformó el transitorio referido en 1989. Para extinguir a Luz y Fuerza del Centro se requería que el Congreso aprobara modificar esa ley, o que el titular del Ejecutivo presentara iniciativa al Congreso para que éste emitiera el decreto de extinción de LFC. Y finalmente se pisoteó el artículo 15 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual establece que: Los organismos descentralizados deben ser extinguidos de la misma manera como fueron creados.
En su perverso afán apátrida, los guió la delirante “misión” de destruir al SME, cuyo único “delito” ha sido estar “…atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo”. Y para “ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo”.
Haciendo uso de todo el poder del Estado, de la mayoría de los medios de comunicación electrónica y escrita, de su clase política, de sus magistrados y jueces, de diputados y senadores, de la policía y del Ejército federales, todo para aplastar a un pequeño pero indómito sindicato. Y aun así, todo fue en vano. La resistencia del SME ha permitido hacer evidente la fragilidad de un gobierno en bancarrota política, ideológica y moral. Calderón y Lozano jamás imaginaron que para estas fechas el SME siguiera firme, digno y en lucha.
Comenzó nuestra resistencia en condiciones complejas, rodeados y sometidos al fuego intenso de nuestros enemigos de fuera y dentro, echando mano de nuestra inagotable imaginación para impulsar las más diversas formas de lucha, yendo de las marchas y mítines a las caravanas y recorridos nacionales, de las conferencias y foros a los plantones y huelgas de hambre, de la solidaridad económica y alimenticia al boteo y organización de microempresas autogestionarias, del brigadeo y volanteo al paro cívico y la huelga política; en síntesis, de la resistencia obrera a la desobediencia y la insurrección política de masas en contra del mal gobierno.
En el camino, muchos fueron presa de la propaganda enemiga y recurrieron a la liquidación ofrecida como panacea económica. Pero también otra gran cantidad de camaradas se abrazó a la larga trayectoria de lucha proletaria del sindicato, a nuestras sólidas convicciones en la defensa de nuestra soberanía nacional, a nuestro incuestionable saber obrero en la industria eléctrica, en suma, al profundo amor y compromiso con la patria.
Hoy, a un año del golpe de Estado realizado contra LFC y el SME, los hechos y las mentiras aparecen a plena luz: los “argumentos” sobre el supuesto “interés nacional” resultaron una vacilada, la reserva por 12 años del “diagnóstico gubernamental” para extinguirnos así lo demuestran; el servicio eléctrico ha empeorado y está a punto del colapso, las tarifas eléctricas se han elevado severamente debido al retiro de los subsidios, la corrupción de los funcionarios de la CFE solapada por el Ejecutivo es ya una vergüenza nacional. El gobierno federal sólo ha provocado caos y crisis, usurpando las funciones del Congreso, subordinando a la Suprema Corte de Justicia y secuestrando a las instituciones públicas.
A los actores de la vida política nacional que coinciden con la necesidad de restablecer el Estado de derecho en México, ante un desquiciante y autoritario ejercicio de poder que pone en riesgo la democracia del país y atenta contra las libertades y derechos sociales de los mexicanos, los llamamos a respaldar con acciones políticas, sociales y legislativas las iniciativas del SME. A los diputados y senadores les exhortamos a impulsar una reforma legislativa a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que garantice el carácter público de la prestación del servicio eléctrico, resuelva las demandas de los usuarios en la zona centro del país, restituya los derechos laborales de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y mantenga la vigencia de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
El gobierno federal debe cumplir con los compromisos firmados en las minutas de la mesa de gobernación, que el señor Lozano deponga su destructiva labor de zapa a favor de una salida represiva al conflicto. No somos criminales, somos trabajadores. Convocamos al pueblo mexicano a continuar en esta brega, que es la lucha en defensa de la industria eléctrica nacionalizada por la soberanía nacional y por los derechos de la clase trabajadora. Juntos todos, por México y con el pueblo, VAMOS A GANAR.
Secretario general del SME
