Pobres mineros mexicanos, LFC y Pemex sobornados por empresa suiza

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Es ineludible la comparación de lo ocurrido en la mina “San José” en una provincia del norte de Chile el 15 de agosto del 2010, con lo ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la mina “Pasta de Conchos” en Sabinas Coahuila, México.               En Chile, 33 mineros atrapados durante 69 días a 622 metros de profundidad fueron salvados y reintegrados a su vida familiar. En México, de los 65 trabajadores que quedaron en el fondo de la mina a 150 metros (salvo dos, cuyos cadáveres se rescataron cerca de la boca de la mina) a la fecha después de casi cinco años, ni siquiera los huesos les han sido entregados a los deudos para un digno sepelio y último descanso donde los hijos puedan ir a rezar a su padre.               La abismal diferencia se advierte en que en Chile, desde el  mismo momento en que se tuvo conocimiento del derrumbe del túnel de la mina y de la duda de la suerte de los mineros en su interior, el propio Presidente de la República estuvo en el lugar de los hechos y, el ministro de minería se hizo cargo de la operación de salvamento sin escatimar recurso alguno y consiguiendo la inmediata perforación de dos pulgadas de diámetro para introducir una sonda por donde llegó el oxígeno, los primeros alimentos y la transmisión de imágenes desde el interior del túnel.               En México, Vicente Fox ignoró lo ocurrido en Sabinas Coahuila, el único que se acercó a los hechos fue el entonces Secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar quien no solo no colaboró en ninguna acción de emergencia para llegar a donde estaban los damnificados, sino obstruyó a los propios compañeros mineros de la región que pretendían introducirse por el túnel y que requerían apoyo de maquinaria y personal para hacerlo con rapidez. La actitud de Salazar fue siempre negativa hacia la perforación de un ducto para localizar la zona del siniestro y la posibilidad de suministrar oxígeno y comunicación con las víctimas. Una gran cantidad de mineros del lugar que conocían los dos kilómetros y medio del túnel sabían con precisión en que diagonal y donde se encontraban sus compañeros porque también conocían que no todo el túnel estaba ademado y protegido contra derrumbes por ahorros que el Grupo Minera México hacía para acrecentar sus utilidades. Desde luego les constaba que los trabajadores atrapados no contaban con los dispositivos de seguridad y sobrevivencia reglamentarios por lo que el tiempo era vital para abrirles un espacio para la entrada de aire que les permitieran sobrevivir. El tiempo transcurrió fatalmente. En Chile hoy hay fiesta y júbilo, el país se muestra unido y orgulloso de la hazaña de haber luchado por la vida de los mineros y la protección de sus familias. En México, a cinco años de distancia hay dolor, frustración, indignación y cinismo de un gobierno insensible que logra que sus cómplices de Grupo Minera México y las autoridades del Trabajo gocen de absoluta impunidad y se burlen del grupo “Familia Pasta de Conchos” que todavía reclama los restos de sus seres queridos.               La Procuraduría General de la República ha sepultado también la investigación del homicidio industrial. El expediente se encuentra archivado en “la reserva”, dentro de la Delegación de Piedras Negras. En el D.F., la Fiscalía de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la misma manera ha paralizado el procedimiento porque según versión de su titular Gerardo Arizaga “no hay condiciones para llegar a los 150 metros de profundidad donde yacen los obreros”. La ignominia en la procuración de justicia se hace patente.               Se encuentra en México, la Relatora de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la Doctora Gabriela Knaul. Ella sabe que en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conminó al gobierno de México para que concluyera la investigación sobre la responsabilidad del crimen industrial y el derecho de las familias a la obtención de los restos de sus seres queridos. Asimismo se le informó sobre la parálisis de la PGR en la indagatoria y la indolencia de los titulares sobre el asunto. Todo lo posible se ha hecho sin que haya la mínima reacción del gobierno de Calderón sobre lo que su antecesor dejó como consigna: silenciar y ocultar por siempre, para cubrir de impunidad a los criminales. De este cuadro comparativo solo podemos concluir en la solidaridad y alegría con los chilenos que recobraron a sus trabajadores y la tragedia de los mexicanos cuyas familias todavía esperan justicia. La medalla que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos entregó a Don Raúl Vera el pasado once de octubre por su defensa a la “Familia Pasta de Conchos” es señal inequívoca de que no podemos resignarnos a ser menos que nuestros hermanos chilenos y debemos reforzar la convicción de que la conciencia de la dignidad mueve las mejores voluntades para conseguir la vigencia de los derechos humanos.

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Nueva Rosita, Coahuila, México, 9 de octubre, 2010

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una indagatoria sobre posibles sobornos de la empresa suiza ABB a personal de Petróleos Mexicanos y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) para la obtención de contratos en los últimos ocho años. Implicada presuntamente en el caso de “compra” de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ABB obtuvo un total 556 contratos en la Administración Pública Federal desde el 2002 a la fecha por más de 3,400 millones de pesos. El titular de la SFP, Salvador Vega dijo en que la investigación parte del descubrimiento de que la firma tenía un sofisticado esquema para pagar los sobornos a los servidores públicos de la CFE, el cual implicaba triangulaciones mediante empresas, cuentas bancarias y tarjetas de crédito de terceros en el extranjero. “Es un esquema sofisticado, que eso te habla de toda una maquinación para cometer los actos de corrupción”, dijo. La mecánica para corromper hace sospechar a las autoridades de que no sólo habría sido utilizada en el caso de los contratos facilitados por el ex director de Operación de la CFE, Néstor Félix Moreno, quien recibió un yate, un Ferrari y 700 mil dólares. Vega aclaró que no serán sujetos a investigación todos los contratos logrados por ABB y sus filiales con las entidades del sector energético, porque algunos son por montos menores. “No es que tengamos una presunción específicamente de algunos contratos. Lo que queremos es tener mayores certezas de que no ocurrió esto en otras dependencias o con otros contratos. Nuestra obligación es asegurarnos o revisar, de tal manera que podamos, si es que esto sucedió, detectar mediante investigaciones, si es que hubo otros posibles actos de corrupción”, aseveró el funcionario. Sobre los contratos más redituables, el titular de la Función Pública explicó que se verificará cómo fueron obtenidos y si las sumas de dinero correspondieron al precio de competencia. “Significa hacer investigación de mercado para ver si los precios fueron efectivamente buenos y dentro del margen. Cuando esto no sucede profundizar en las investigaciones”, agregó. Vega mencionó que se trata de una indagatoria compleja, pero mediante la cual serán castigados servidores públicos, si se corroboran más casos de corrupción. “No nos queremos quedar solamente con lo que tenemos, es por eso que hemos abierto investigaciones en las otras dependencias. Nuestra obligación es agotar las investigaciones y ver si este modus de operación ha sido utilizado en otros casos”, reiteró. Homero Niño de Rivera, coordinador Ejecutivo de Pemex dijo que la paraestatal ofrecerá toda la colaboración y transparencia para revisar los contratos.

Con información de Reforma
12/10/2010

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