El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hoy que a nivel federal sea posible una reforma como la que se aprobó en Baja California para ampliar el mandato del gobernador, y expresó respeto a la inconformidad de Cuauhtémoc Cárdenas por dicha decisión.
Gobernador de Baja California no publicará reforma de ampliación de mandato
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que antes ese tipo de reformas se ordenaban desde la Presidencia de la República, pero ahora “son otras circunstacias, la gente ya no se deja, los legisladores ya no son empleados del Ejecutivo, antes acuérdense cómo era”.
En el caso de Baja California, López Obrador dijo que se trata de asuntos internos de ese estado y “hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos e independientes”.
Acerca de la inconformidad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, señaló que “está en todo su derecho, el ingeniero siempre expresa con libertad sus puntos de vista, es una característica del ingeniero. Siempre va a tener nuestro respeto, es el precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo”.
El Congreso de Baja California aprobó esta semana ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez, quien asumirá en noviembre próximo.
Cuauhtémoc Cárdenas Sólorzano llamó a protestar contra la decisión del Congreso de Baja California de aumentar de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador y aseguró que ello “abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República”.
“El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo”, escribió el tres veces candidato a la Presidencia de la República en su cuenta de Twitter @c_cardenas_s.
“Bajacalifornianos y todo aquel con capacidad para protestar legalmente debe hacerlo y demandar a las autoridades, y al Congreso federal, sanción para diputados locales que votaron por la prolongación de mandato, así como la desaparición del Congreso local de Baja California”, indicó.
El también fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) subrayó que “aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República”.
Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y MC estudian ya presentar, en bloque, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, en contra de la reforma constitucional en el estado de Baja California, para prorrogar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla, de Morena, de dos a cinco años.
Los partidos anticiparon también que ya preparan la expulsión, y hasta juicios políticos, en contra de alrededor de 17 de sus diputados locales que aprobaron la iniciativa propuesta por Morena, partido que, con sólo tres curules de las 25 que conforman el Congreso del estado, impuso su voluntad.
De los 12 legisladores de la mayoría del PAN en la Cámara de Diputados en la entidad, 11 apoyaron la reforma, cinco del PRI y uno de Movimiento Ciudadano. Éste último –el único que este partido tiene en el Congreso local– ya está en proceso de expulsión, anunció el dirigente nacional del partido, Clemente Castañeda.
Con 21 votos a favor y un voto nulo –en una votación secreta, por cédula y en una urna– el Congreso del estado reformó el Artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución estatal, a fin de que la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla, abarque de noviembre de 2019 a octubre de 2024, y no sólo hasta octubre de 2021, como se había establecido en la reforma constitucional de 2014.
“Se enviarán a la Comisión de Orden para su expulsión a los panistas que votaron a favor de esta resolución, ya que actuaron ilegalmente, en traición al partido, a sus principios y su doctrina”, adelantó el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, y comentó que el PAN y otros partidos presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para “echar atrás esta resolución del Congreso del estado”.
Aunque explicaron que aún revisan si presentarán un solo recurso o cada quien el suyo, pero todos el mismo día, en las dirigencias coincidieron en que “la idea es hacer presión juntos”.
En el CEN del PRI se indicó que “se rechaza la actuación de los diputados locales del PRI en la aprobación de esta reforma”, por lo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y la Comisión Nacional de Ética “revisarán el tema y determinarán las sanciones correspondientes”.
Ángel Ávila, de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD –partido con una sola diputada en el Congreso local, que votó en contra– indicó que “iremos juntos, porque los diputados de Morena sólo buscan beneficiar al candidato electo, Jaime Bonilla”, y afirmó que solicitarán “juicio político contra todos los diputados que aprobaron las reformas”.
“Es una vergüenza que se digan representantes ciudadanos, cuando son los primeros en infringir la Constitución y sólo buscan beneficiar a Jaime Bonilla, a pesar de que tiene antecedentes de privatizar el agua en Baja California, beneficiando los intereses particulares de Estados Unidos”.
El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que “aunque buscaremos ir todos los partidos, en MC ya iniciamos el proceso de expulsión del diputado que usó nuestro nombre” (Job Montoya Gaxiola).
“En nuestro partido no va a haber tolerancia para quienes traicionen nuestras convicciones, ni para quienes incurran en complicidades con el régimen, sea del color que sea. Es inaceptable el nivel de complicidad que se observó de parte de prácticamente todos los diputados locales”, sostuvo.
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“El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo”, escribió el tres veces candidato a la Presidencia de la República en su cuenta de Twitter @c_cardenas_s.
“Bajacalifornianos y todo aquel con capacidad para protestar legalmente debe hacerlo y demandar a las autoridades, y al Congreso federal, sanción para diputados locales que votaron por la prolongación de mandato, así como la desaparición del Congreso local de Baja California”, indicó.
El también fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) subrayó que “aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República”.
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Los partidos anticiparon también que ya preparan la expulsión, y hasta juicios políticos, en contra de alrededor de 17 de sus diputados locales que aprobaron la iniciativa propuesta por Morena, partido que, con sólo tres curules de las 25 que conforman el Congreso del estado, impuso su voluntad.
De los 12 legisladores de la mayoría del PAN en la Cámara de Diputados en la entidad, 11 apoyaron la reforma, cinco del PRI y uno de Movimiento Ciudadano. Éste último –el único que este partido tiene en el Congreso local– ya está en proceso de expulsión, anunció el dirigente nacional del partido, Clemente Castañeda.
Con 21 votos a favor y un voto nulo –en una votación secreta, por cédula y en una urna– el Congreso del estado reformó el Artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución estatal, a fin de que la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla, abarque de noviembre de 2019 a octubre de 2024, y no sólo hasta octubre de 2021, como se había establecido en la reforma constitucional de 2014.
“Se enviarán a la Comisión de Orden para su expulsión a los panistas que votaron a favor de esta resolución, ya que actuaron ilegalmente, en traición al partido, a sus principios y su doctrina”, adelantó el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, y comentó que el PAN y otros partidos presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para “echar atrás esta resolución del Congreso del estado”.
Aunque explicaron que aún revisan si presentarán un solo recurso o cada quien el suyo, pero todos el mismo día, en las dirigencias coincidieron en que “la idea es hacer presión juntos”.
En el CEN del PRI se indicó que “se rechaza la actuación de los diputados locales del PRI en la aprobación de esta reforma”, por lo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y la Comisión Nacional de Ética “revisarán el tema y determinarán las sanciones correspondientes”.
Ángel Ávila, de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD –partido con una sola diputada en el Congreso local, que votó en contra– indicó que “iremos juntos, porque los diputados de Morena sólo buscan beneficiar al candidato electo, Jaime Bonilla”, y afirmó que solicitarán “juicio político contra todos los diputados que aprobaron las reformas”.
“Es una vergüenza que se digan representantes ciudadanos, cuando son los primeros en infringir la Constitución y sólo buscan beneficiar a Jaime Bonilla, a pesar de que tiene antecedentes de privatizar el agua en Baja California, beneficiando los intereses particulares de Estados Unidos”.
El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que “aunque buscaremos ir todos los partidos, en MC ya iniciamos el proceso de expulsión del diputado que usó nuestro nombre” (Job Montoya Gaxiola).
“En nuestro partido no va a haber tolerancia para quienes traicionen nuestras convicciones, ni para quienes incurran en complicidades con el régimen, sea del color que sea. Es inaceptable el nivel de complicidad que se observó de parte de prácticamente todos los diputados locales”, sostuvo.
Fuente: El Financiero, Notimex, Milenio
