Reduce de 34 a seis el número de comunidades donde habrá consulta sobre transgénicos.
Labriegos mayas han luchado año y medio por ser escuchados; a la trasnacional le bastó un recurso de inconformidad para obtener fallo favorable. Afectados impugnan ante tribunal colegiado
Campeche, Camp. Campesinos mayas y representantes de organizaciones no gubernamentales acusaron al juez segundo de distrito de Campeche, Adrián Fernando Novelo Pérez, de favorecer a la trasnacional Monsanto al reducir de 34 a seis las comunidades donde se celebrará una consulta sobre siembra de soya transgénica.
Los integrantes del Colectivo Maya de Los Chenes protestaron a las puertas del juzgado y exigieron imparcialidad a las autoridades judiciales, así como respeto a la libre determinación de los pueblos para que sus comunidades estén libres de semillas genéticamente modificadas.
Encabezados por Leydi Aracely Pech Martín, habitantes de diversas comunidades del municipio de Hopelchén presentaron un escrito de inconformidad por la decisión del juez Novelo Pérez, a quien acusaron de
quebrar el proceso de consulta desde su raíz, emitiendo un acuerdo en favor de Monsanto para que la consulta sobre soya transgénica se lleve a cabo únicamente en seis comunidades, en lugar de las 34 acordadas, lo cual es a todas luces una decisión regresiva que afecta a los habitantes de las comunidades mayas.
Con pancartas que extendieron a lo largo de la fachada del juzgado segundo de distrito, en esta capital, y con megáfonos, demandaron la intervención del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para impedir que se consume
este acto de injusticia. Monsanto presenta un escrito de inconformidad y el juez falla en su favor; nosotros llevamos año y medio quejándonos de las violaciones a la consulta y no nos defienden, señalaron.
Apoyados por los asesores jurídicos Jorge Fernández Mendiburu y Nayeli Ramírez, y por representantes del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y MA OGM, recordaron que
Monsanto es una trasnacional con enorme poder económico y político en el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos.
Aseguraron que Monsanto presionó al juez de distrito para que emitiera acuerdos con fechas 19 y 20 de septiembre en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas a fin de dividirlas, ya que se han organizado para realizar la consulta sobre soya transgénica en Los Chenes.
El acuerdo del juez estipula que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas deben consultar únicamente a seis comunidades de las 34 que se han visto afectadas por la siembra de soya transgénica. Esos seis poblados serían San Francisco Suc-Tuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolochén Rejón.
Argumentaron que el acuerdo del juez
va en contra del trabajo de año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén; deja a un lado a las comunidades (del municipio) de Tenabo, además de que ejerce presión indebida sobre las comunidades, promoviendo división interna.
Añadieron que impugnaron la decisión del juez ante el tribunal colegiado, pues
es evidente la violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas.
Fuente: La Jornada
