En el operativo que se realizó en Nochixtlán y otras comunidades de Oaxaca el 19 de junio de 2016, policías federales y estatales cometieron violaciones graves a los derechos humanos contra la población.
Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación por estos hechos, en la que acreditó que policías federales y estatales dispararon contra los civiles, y pudieron ser los causantes de la muerte de al menos cuatro de las siete personas que fallecieron por impactos de armas de fuego.
Agregó que en los sucesos los uniformados vulneraron entre otros los derechos a la vida (fueron asesinados siete civiles); a la libertad, la integridad y a la seguridad personal; al principio del interés superior de la niñez; a una vida libre de violencia; al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo.
Esto se dio como consecuencia “de un operativo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, en el que no se observaron plenamente los protocolos de actuación, en particular por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas, antes de emplear la fuerza contra la población”.
Al presentar ante medios de comunicación esta recomendación dirigida a autoridades estatales y federales, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que por un periodo aproximado de 12 horas se efectuó un operativo “que bien podría considerarse como ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole, en tres comunidades de Oaxaca.
La CNDH acreditó que el operativo fue solicitado por el gobierna de Oaxaca a fin de liberar un bloqueo policiaco, pero fue coordinado por la Policía Federal.
Advirtió que existió mala coordinación entre las corporaciones policiales participantes y una inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones.
Además, falto un análisis de inteligencia en el que se considerara el día que se iba a llevar a cabo el operativo, los posibles escenarios de respuesta de los pobladores, las posibles afectaciones a terceros ajenos a los hechos, así como la ubicación de instalaciones hospitalarias y escolares, entre otros aspectos.
Fuente: La Jornada
