España declaró la inconstitucionalidad de la ley del referendo de independencia en Cataluña.
El Tribunal Constitucional había suspendido cautelarmente la medida, aprobada por el Parlamento regional desde el pasado 6 de septiembre, mientras estudiaba su legalidad.
Sin embargo, el Gobierno regional de Cataluña siguió adelante con la votación el pasado 1 de octubre, que España buscó desmantelar usando la fuerza pública.
“(Es una) de las mayores afrentas de la Constitución española que por parte de un Parlamento autonómico se puede concebir en un Estado democrático y de derecho”, señala el recurso del Tribunal , de acuerdo con el diario catalán La Vanguardia.
La decisión llega un día después de que la Audiencia Nacional española ordenara la detención de dos líderes de organizaciones proindependentistas, acusados de convocar manifestaciones para complicar el trabajo de la Guardia Nacional en los días previos al referendo.
Este martes, en Cataluña, también se reportaron marchas para exigir la liberación de los activistas Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, de Omnium Cultural.
La semana pasada, el Presidente catalán, Carles Puigdemont, dijo que asumía el mandato de independencia tras el triunfo separatista en el referendo, pero suspendió sus efectos.
Este jueves se cumple el plazo impuesto por el Gobierno español para que defina si declaró o no la independencia, con lo que España podría intervenir en la autonomía de la región catalana.
Protestas en Cataluña por detención de líderes independentistas
Madrid. Concentraciones de protesta en todos los ayuntamientos catalanes, caceroladas por la noche que duraron más de 15 minutos, paros laborales, cierre de calles y carreteras y la proliferación de pintadas en las calles, son hasta ahora las principales consecuencias del encarcelamiento de los dos principales líderes del movimiento independentista, Jordi García y Jordi Cruixat.
“Los Jordis”, como se les llama de forma coloquial, pasaron la noche en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real y ahí permanecerán en las próximas semanas hasta que se avance en el proceso judicial abierto en su contra por el delito de “sedición”.
Ayer, cerca de las diez de la noche, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó el envío a prisión sin derecho a fianza de los dos dirigentes separatistas, a los que consideró “corresponsables” de los ataques y asedio a unas patrullas de la Guardia Civil y de representantes de la judicatura en una intervención realizada el pasado 20 de septiembre, en la Consejería de Economía de la Generalitat, donde se incautaron de documentación relacionada con el proceso de secesión y se detuvo a un alto dirigente de la entidad, Josep María Jové, mano derecha del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
Por estos hechos fueron acusados de “sedición” cuatro destacados representantes de Cataluña, además de “los Jordis”, el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, y su intendente, Teresa Laplana, a quienes no se les detuvo pero sí se les retiró el pasaporte, se les prohibió salir del país y tendrán que comparecer ante la justicia cada 15 días.
La detención de “los Jordis” sentó como un jarro de agua fría en Cataluña, donde se vivió con especial malestar al tratarse de dos de las figuras más destacadas del movimiento secesionista y que han estado detrás de las manifestaciones de los últimos años y de la organización de las campañas internas y externas a favor del derecho a decidir.
Por eso su ingreso en prisión provocó la indignación de la mayoría de la sociedad catalana, incluidos partidos políticos que están en contra de la independencia o que mantienen una postura ambigua sobre el asunto, como es el caso del Partido Socialista de Cataluña (PSC) y la marca electoral de Unidos Podemos (UP) en la región.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pertenece a un movimiento político propio pero con vínculos a UP y la izquierda catalanista, anunció la suspensión de las actividades del consistorio en los próximo dos días como señal de protesta por las detención, que calificó de “vergüenza democrática”.
La propia Colau presidió la concentración que se llevó a cabo en la sede del Ayuntamiento, junto con otros miembros de su gobierno y del gobierno de la Generalitat de Cataluña, quienes, por cierto, dieron por roto el diálogo con el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, al considerar que las detenciones son un “acto de agresión en toda regla”.
Su consejero de Exteriores, Raül Romeva, acusó al gobierno español de crear “inseguridad jurídica” y de haber perpetrado hasta ocho delitos graves en el referendo del pasado 1 de octubre.
“No estamos ante un asunto interno de España, sino que por todas sus dimensiones tiene transcendencia más allá de las fronteras del Estado y que afecta al conjunto de la Unión Europea”, señaló, en un nuevo intento porque las instituciones comunitarias se involucren en un proceso de diálogo, que hasta ahora han rechazado al menos como mediadores. “Hay un problema sobre la mesa que se tiene que abordar. Negar la realidad no hará que esta desaparezca, por mucho que a alguien le incomode. Abordar la realidad solo se puede hacer reconociéndola”, añadió Romeva.
Fuente: Reuters, Reforma y La Jornada
