El director Ernesto Gurrola Valenzuela.
Foto: Milton Martínez
El mismo directivo fue capturado en mayo de 2013 por agentes municipales de San Luis Río Colorado, a 700 kilómetros al noroeste de la capital sonorense, cuando se le encontró desnudo en el interior de un automóvil con un menor de 14 años que padece discapacidad motriz y era alumno de la escuela ‘Esther Miranda’.
La detención se logró luego que la madre del niño afectado se percató de que su hijo salía constantemente por las noches y volvía con dinero.
De acuerdo con la prensa local, el agresor sexual, detenido en flagrancia, salió bajo fianza cinco días después de ser aprehendido en aquella ocasión.
Pasado un tiempo, Gurrola Valenzuela volvió a abusar de otros niños en este municipio ribereño ubicado a 132 kilómetros de Hermosillo, hasta que un grupo de padres de familia organizó una reunión general para exigirle una explicación por la conducta mostrada con cinco alumnos de sexto grado llamados “especiales” por el director.
Estos niños “especiales” recibían diariamente 30 pesos por parte del director, además de que tenían “cuenta abierta” en la tienda escolar y también acompañaban al directivo a las diligencias fuera del plantel, pese a que el reglamento lo prohíbe.
A cambio de recibir esas “prebendas”, los niños “especiales” tenían que besar en la boca al docente y dejarse acariciar.
Una de las madres de esos menores, quien pidió omitir su nombre, relató que en los primeros días de enero su hijo le confesó que el director tenía cuidados “especiales” con él y otros cuatro compañeros de entre los 11 y 12 años de edad.
“Mi hijo dejó de desayunar por mucho tiempo, porque si comía por la mañana, tendría que ir al baño de la escuela por donde se encuentra la dirección, y al pasar por ahí este señor les pedía como premio un beso”, relató.
También los mandaba llamar a su oficina, supuestamente para revisar que llevaran el cinturón del uniforme, y aprovechaba para acariciarlos.
“Ahora ya no sé qué decir a mi hijo porque siempre lo mandaba a la escuela con la orden de que hiciera caso a los maestros y al director, y resulta que este último lo ofendió”, solloza la madre de familia.
Esa misma versión fue confirmada por cinco padres de familia, pero sólo tres interpusieron las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Aconchi, donde los menores hicieron la declaración de los hechos que quedó asentada en la averiguación previa CI33/15.
Los padres, mientras tanto, se dicen desesperados porque la Procuraduría Estatal para la Defensa del Menor se ha acercado a ellos para ofrecerles apoyo, pero de manera frecuente reciben amenazas del gobierno de Sonora para que no ventilen el caso a los medios de comunicación.
Ese sigilo institucional se evidenció cuando el supervisor de la zona 11, Rafael Páez Castelo, responsable de las primarias estatales en el río Sonora, pidió que esa información no se difundiera más allá del “campo educativo”, para no provocar en la sociedad “un estado de preocupación”.
El inspector informó que el acusado fue removido oficialmente de su cargo el pasado martes 3 y un día después se designó a un suplente.
“Mientras el maestro no responda a la acusación, jurídicamente es imposible que se le despida, pero por supuesto que ya no está al frente de los alumnos y de esta manera se evitará cualquier preocupación de la sociedad”, justificó.
De acuerdo con Páez Castelo, hasta el momento se desconocen los términos legales de la demanda contra el maestro abusador, por lo que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 54, esperan los detalles del expediente.
“(El docente) Tiene derecho a su trabajo, pero el hecho que se haya publicitado en la prensa el incidente donde se le acusa de faltarle el respeto a una criatura (en San Luis), por supuesto que genera falta de confianza y sus acciones no serán consideradas adecuadas”, sostuvo el inspector.
Por separado, Ernesto Gurrola Valenzuela, de 53 años de edad, negó cada una de las acusaciones en su contra, pese a que seis niños que no se conocen entre sí lo acusaron de abuso sexual.
“Los padres de familia y alumnos me miraron con otros ojos desde que unas muchachitas de sexto grado buscaron mi nombre en Google y supieron de mi asunto en San Luis”, apuntó.
El sujeto señaló que “esa falsa acusación” del 28 mayo de 2013 trajo consigo la orden de alejamiento de parte de la SEC y la decisión personal de solicitar licencia sindical, sin goce de sueldo, desde el 1 de marzo de este año.
Gurrola aseguró que los cuidados “especiales” hacia los niños se debía a que necesitaban “un poquito” de mayor atención debido a la indisciplina de los pequeños, y dejó la cuenta abierta porque algunos de ellos no desayunaban antes de asistir a clases.
“Algunos de ellos ocasionalmente me acompañaban a la tienda; a uno de ellos se le trozó el pantalón y lo llevé con su mamá; uno más se enfermó y lo llevé al doctor, y a otro le regalé un celular para que mejorara calificaciones”, confesó.
En la entrevista, que se prolongó por más de una hora, también denunció que Manuel Andrade, maestro de sexto grado, fue sorprendido observando material pornográfico en una tableta electrónica del programa “Micompu.mx”.
“El maestro señalado negó los hechos con el pretexto de que las tabletas están encriptadas o bloqueadas para mirar estos contenidos, sin embargo tres alumnas lo denunciaron por esta causa en el presente ciclo escolar”, manifestó.
Y más: dijo que tiene la calidad moral para estar al frente de otra primaria “en donde no despierte suspicacias”. A Gurrola aún le faltan dos años para jubilarse y asegura sentirse tranquilo porque su familia, radicada en San Luis, no se ha enterado de este nuevo incidente en Baviácora.
“Sigo en el municipio para aclarar las cosas, porque si estuviera mal yo me hubiera ido porque sé que es algo delicado, y si alguien se siente afectado o lesionado por esta mal interpretación ofrezco una disculpa”, subrayó.
Finalmente se le preguntó si se sentía atraído por los menores de edad y respondió con un vacilante “no”.
Fuente: Proceso| MILTON MARTÍNEZ
