El dirigente del PRI, César Camacho, y el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Octavio Gómez
Se trata de una estrategia subdivida en cuatro ejes: Sociedad Segura, Inclusión Social, Prosperidad para Todos y Contribución “para que los jóvenes no sólo sean objeto de atención, sino sujetos en acción, conforme a una completa política de Estado.
“Reconstituir el tejido social donde se ha rasgado, en lo que nos asumimos corresponsables, y trabajar por la seguridad, la justicia y paz, es el firme compromiso del PRI”, dice el PRI en un comunicado.
El último punto plantea atender el reclamo manifestado en las calles por la sociedad y en particular por los jóvenes.
“Porque atendemos su protesta y entendemos su propuesta, formularemos el planteamiento que los haga actores de su presente y de su porvenir”, señala el PRI.
Para ello convoca a los jóvenes, instituciones de educación superior, a las fuerzas políticas, medios de comunicación, especialistas nacionales e internacionales y autoridades, a construir una política de Estado para la juventud, “orientada a generar oportunidades de desarrollo pleno en lo educativo, productivo, cultural y deportivo”.
Y como punto de partida anuncia la presentación –no especifica para cuándo– de los resultados de la investigación “Hacia un México de oportunidades para los jóvenes que no estudian y no trabajan”.
Para lograr el primer objetivo –una sociedad segura– propone “en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil”, lo siguiente:
Impulsar la legislación local para proteger a las víctimas, conforme a los parámetros internacionales; elaborar y consensuar la Carta de los Derechos de las Víctimas; promover en las legislaturas locales la incorporación de la figura del Asesor Victimológico; construir la iniciativa de ley sobre poblaciones desplazadas y llevar a cabo campañas, seminarios y cursos para fortalecer la cultura de la legalidad.
Asimismo, poner en funcionamiento 32 mesas ciudadanas de prevención social del delito y la violencia, “en los términos resueltos por el Parlamento Ciudadano”.
Los priistas también se comprometen a ser “intransigentes” al prevenir y controlar que desde la representación política, no se defraude la confianza de los ciudadanos.
Para ello, plantean “blindar” a precandidatos y candidatos de la delincuencia organizada y el uso de recursos de procedencia ilícita; valorar el prestigio y la solvencia moral de los candidatos, “considerando la opinión de la comunidad”, y “evaluar el desempeño de representantes populares y servidores públicos, surgidos del PRI”.
En este mismo punto el partido se compromete a “apurar” la aprobación de la Ley General de Transparencia que se discute en el Congreso y a “ampliar” la difusión de los derechos de los ciudadanos “incluyendo los beneficios derivados de las reformas transformadoras”.
Y subraya:
“Una sociedad segura depende del fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, que significa que la ley se aplique a todos por igual, empezando por las autoridades; la justicia permitirá lograr integración social y generar mayor prosperidad para todos”.
Respecto del segundo eje, Inclusión Social, el PRI plantea robustecer y extender sus alianzas con organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas.
Además, avanzar en el empoderamiento de la mujer, “para ir de la paridad electoral a la igualdad sustantiva entre géneros, porque es un imperativo ético”, por medio de seminarios y cursos; así como “rescatar” el sentido de identidad y pertenencia, mediante actividades culturales y contribuir con la cohesión social por medio de la práctica deportiva en la zona de Tierra Caliente.
En el tercer rubro –prosperidad para todos– el PRI propone contribuir al desarrollo integral del sureste a través de la Red de Política Industrial de la Fundación Colosio, integrada por empresarios, académicos, servidores públicos y ciudadanos de la región y difundir, por medio de seminarios y capacitaciones, “las mejores prácticas” de transparencia, rendición de cuentas y finanzas públicas, a fin de “fortalecer” institucionalmente a los municipios.
Fuente. Proceso| La Redacción
