Contratos de riesgo de Pemex: Antonio Gershenson
Después de la nacionalización del petróleo con Lázaro Cárdenas, y sobre todo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo importantes esfuerzos dentro y sobre todo fuera del país, para que regresaran las compañías petroleras extranjeras. Las llamadas siete hermanas, las afectadas directamente por la nacionalización, se negaban a regresar si no se echaba atrás el cambio de 1940 de la Constitución, en el artículo 27. Pero eso no lo podía hacer ni el entonces presidente Miguel Alemán. Entonces, se acordó que las beneficiadas serían las llamadas independientes, todas ellas de Estados Unidos. Aceptaban felices el regalito, pues las siete hermanas controlaban el petróleo del Medio Oriente, que era el más barato.
Aunque se hablaba de riesgo, no había tal. Las tierras que se les entregarían estaban perfectamente localizadas y probadas. Se les pagaría con petróleo el capital invertido y se les regalaba 15 por ciento de la producción del pozo por un periodo de 25 años. La premiadas fueron 16 compañías estadunidenses. Al escribir Natalio su primer artículo, varios pozos ya estaban produciendo. Esto se había mantenido en secreto, hasta que se empezaron a publicar los artículos mencionados.
Si a alguien esto recuerda gobiernos posteriores o al actual, no es mi culpa. Pemex tenía 66 equipos de perforación y medios para aprovecharlos. Natalio expresó, como diputado y presidente de aquella comisión legislativa: La administración actual de Petróleos Mexicanos está violando la Constitución General de la República, su propia ley orgánica y el espíritu de la nacionalización de la industria petrolera.
En la reglamentación oficial se hablaba de concesiones, prohibidas por el artículo 27, el cual ahora el gobierno quiere echar abajo. Había espacios en la ley reglamentaria que pretendían contradecir la norma mencionada.
En el escrito de Natalio se ponen varios ejemplos que muestran que se dan a las empresas estadunidenses terrenos ya trabajados. Se mencionan casos ya explorados y listos para la perforación. También enumera envíos de crudo hacia Estados Unidos. Varios de estos hechos se mencionan con la empresa o empresas extranjeras que los realizaron o los que se vieron beneficiadas.
Se muestra que, en los hechos, se llega a llevar la empresa extranjera hasta 41 por ciento del ingreso neto, porque se les hacen pagos adicionales a 15 por ciento del crudo que simplemente sacan y se llevan.
Natalio demandó, pero la autoridad calificadora, obviamente del mismo gobierno de Alemán, falló en su contra. Sin embargo, durante el siguiente gobierno –el de Ruiz Cortines– ya no siguieron nuevos contratos y al final de su sexenio se empezaron a cancelar.
Ya con López Mateos se cancelaron los demás contratos y se modificó el artículo 27 de la Constitución.
A la condición de que se prohíben, además de las concesiones que ya estaban, se agregaron los contratos, ahora prohibidos. No pudo durar mucho el entreguismo de Miguel Alemán.
El gobierno actual quiere incluso cambiar el artículo 27, y además el 28. Quiere mostrar que puede ir aún más a la derecha que aquel gobierno, que puede entregar todavía más el país. Vamos a ver si México, si la gente, incluso diferentes sectores, pueden tolerarlo.
Tomemos en cuenta que ese gobierno ocultó muchas cosas, hasta que Natalio se las descubrió. Y eso puede estar ocurriendo otra vez.
Reforma energética: la segunda: José Antonio Rojas Nieto
Dicen los especialistas petroleros que la mayor o menor capacidad de identificar reservas de hidrocarburos y de explotarlos es el motor fundamental de la industria aguas arriba. Sí del famoso upstream que tiene su apoyo básico en la posesión y control de las reservas de petróleo y gas natural. Y aseguran que es fundamental lograr el reconocimiento de dichas reservas como activos propios. Primordialmente –pero no sólo– por parte de los grupos financieros. Ahora bien, es claro que la mayor o menor fortaleza económica y financiera de esas reservas está en sus costos de producción y en su cercanía a los grandes centros de consumo. Cantarell fue sobresaliente en esto. Hoy en día, reconocimiento de reservas como activo propio, menores costos de producción y cercanía a los grandes centros de consumo, están en juego en la reforma constitucional que propone el gobierno.
No está de más recordar que el mundo ya casi consume 100 millones de barriles de crudo al día (se duplicó en 42 años). Y cerca de 350 mil millones de pies cúbicos de gas natural (se duplicó en sólo 26 años). Y que vive en tensión permanente en torno a la mayor o menor capacidad que se tenga para acrecentar las reservas probadas, disminuir sus costos de producción e incrementar los beneficios derivados de su explotación. Piense usted que difícilmente el precio del crudo bajará de 100 dólares por barril. Y que el del gas natural, difícilmente seguirá con la tremenda disparidad: 4 a 5 dólares por millar de pie cúbico en América del Norte; 12 a 14 dólares en Europa; 18 a 20 dólares en Asia.
En este contexto, la cuantificación de reservas y su explotación eficiente adquieren enorme relevancia. Por eso, es fácil entender que los planes de inversión de las compañías se fundan en las estimaciones de sus recursos de crudo y gas natural. Y que para las decisiones de los financieros lo más relevante es la existencia de yacimientos, campos y pozos con muy alta probabilidad no sólo de éxito en la extracción del recurso, sino del más bajo costo posible. Y cerca de los centros de consumo.
Pero, además, están los países propietarios, siempre interesados en lograr altos ingresos fiscales de los excedentes petroleros. Tanto de compañías propias (estatales como Petrobras, Statoil y Pemex, para sólo citar a Brasil, Noruega y México), como ajenas con las que se han firmado acuerdos. En este último caso sobresalen las concesiones. Muy usadas desde finales del siglo XIX, poco a poco fueron sustituidas por un sistema de contratos que se ha desarrollado en torno a tres variantes: 1) contratos de adquisición; 2) contratos de producción compartida; 3) contratos de servicios. Éstos, a su vez, se han ido clasificando en: I) contratos de préstamos y se pagan con los intereses; II) contratos estrictos de servicios, que se pagan con cotizaciones dadas; III) contratos de servicios de riesgo, que también se pagan con cotizaciones establecidas; IV) contratos de utilidad compartida, en los que se comparten beneficios una vez deducidos los costos de producción. Son los que ya publicita el gobierno como resultado de la reforma constitucional que impulsa. En estas siete variantes siempre hay una atención a las dos dimensiones que preocupan, tanto a los gobiernos como a las compañías petroleras.
Por una parte la capacidad del reconocimiento de las reservas como parte de los activos de las empresas contratistas, lo que resulta fundamental para ellas en la medida que le da soporte y sustento a su capacidad financiera. Por otro la mayor o menor fiscalidad que se desprende de cada una de las variantes. A este respecto hay muchos materiales de consulta obligada. Por ejemplo, el de International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economic and Policy Aspects, de Claude Duval, Honore Le Leuch, Andre Pertuzio y Jacqueline Lang Weaver, abogados y consultores legales especializados en este delicado tema. Asimismo Guidelines for the Evaluation of Petroleum Reserves and Resources de la Sociedad de Ingenieros Petroleros de Estados Unidos. En este marco, conviene leer y releer a Miriam Grunstein –investigadora del CIDE, especializada en contratación petrolera– que en su libro De la Caverna al Mercado toca los avatares –fobias y filias– de las negociaciones y de los acuerdo entre gobiernos y compañías petroleras. Además del expertis de Miriam, sobresale su análisis sobre la famosa controversia de Rogelio Gasa Neri frente al famoso pero debatido modelo genérico de contrato integral de exploración y producción. Aprobado por mayoría en noviembre de 2010 por el consejo de administración de Pemex, Gasca lo rechazó. Y presentó un impecable razonamiento en tres líneas fundamentales: técnica, económica y jurídica, entre los que incluía, precisamente, la constitucionalidad de dicho modelo.
Otro texto que no conviene dejar de consultar es el de Juan Carlos Boué: A question of Rigs, of Rules, or of Rigging the Rules?, donde aborda con claridad el asunto del juego de ganancias e impuestos para el caso de los proyectos del Golfo de México en Estados Unidos. Mucho ilustra el nivel tan severo de las disputas petroleras. Lo cierto es que a decir de éstos y otros especialistas en contratación petrolera –algunos a favor y otros en contra, con matices y sin matices– los diversos acuerdos y contratos tienden a precisar con muchísimo detalle –cada vez más, dicen– los términos de control y posesión del petróleo o gas natural producido, los costos de producción que se reconocerán, las participaciones en el recurso producido o en las utilidades, las participaciones en los excedentes obtenidos y el pago de impuestos.
Y hay opiniones que indican una marcada tendencia de los gobiernos a redefinir los términos precisos de sus acuerdos con las compañías petroleras internacionales. Entre otras cosas porque lo que podemos llamar primas de riesgo que reivindican para sí las empresas petroleras internacionales, se han tenido que revisar por los países propietarios, que razonablemente desean incrementar su ingreso fiscal y –por curioso que parezca– el control sobre su petróleo. ¿Y nosotros? Bueno pues con un gobierno que no sólo no ha analizado con cuidado la situación, sino que trivializa las cosas, en asuntos que son más –mucho más– que simples contratos. Lamentablemente.
NB Siempre de los siempres vivo agradecido con Raúl Álvarez Garín. Con todos y por todo.
Fuente: La Jornada
