Para Enrique Peña Nieto fue un septiembre negro, de principio a fin. Comenzó con la impugnada presentación de algo denominado informe presidencial ante un Congreso de la Unión que comenzó a sesionar entre las presiones del pactismo reformista y la protesta en las calles, no solamente en la ciudad de México ni nada más por los profesores de la CNTE. A mitad de mes ocurrió el amargo triunfo del desalojo del Zócalo capitalino para cumplir de manera desangelada con el ritual de unas fiestas patrias que esta vez estuvieron enmarcadas en la tragedia derivada de lo meteorológico que pareció derrumbar las expectativas de crecimiento económico nacional, que sumió al gabinete federal en la fundada sospecha de que hubo negligencia criminal en la alerta del riesgo y en la toma de prevenciones adecuadas, y que ha dañado severamente a centenares de miles de mexicanos y a la infraestructura pública de varios estados.
Esos 30 días de dura prueba política mostraron a un Peña Nieto sin reflejos rápidos ni buen equipo de apoyo. No pudo destrabar ni superar ninguno de los retos que se le fueron presentando ni logró consolidarse más que en términos de discursos circunstanciales de poca miga y de un manejo obsesivo pero insustancial de lo mediático. A los profesores oaxaqueños parece irlos mellando más el desgaste natural, luego de tantas semanas viviendo en campamentos y desarrollando intensas jornadas diarias de movilización y protesta, que el oficio político de los negociadores gubernamentales.
Pero las batallas no se han constreñido a las calles de la ciudad de México: por todo el país se han realizado actos de oposición a la reforma laboral para los profesores, oficialmente etiquetada como reforma educativa. Y se han incorporado al movimiento disidente secciones del SNTE dominadas por la maquinaria oficialista, antes controlada por Elba Esther Gordillo y ahora apenas coordinadas por el frágil Juan Díaz de la Torre. Además, el placebo denominado Pacto por México ha entrado en una fase de estancamiento que parecería preludio de su extinción.
Pero viene octubre, el mes que el peñismo espera sea el de su revancha, particularmente en términos de aprobación de las reformas legislativas pendientes, a cuya consecución ha apostado la administración federal cuanto ha sido necesario, incluyendo la contención de los ánimos represivos que a no ser por esa suerte mayor, la reformista, ya se habrían desatado en varios lugares. ¿Octubre tricolor? Al menos eso prevén en Los Pinos, ya con los arreglos que permitirían sacar adelante la propuesta energética con el apoyo del PAN y la fiscal con el respaldo del PRD.
Frente a las estimaciones optimistas del poder federal se levanta una oposición de crecimiento imprevisible. Del lado izquierdo, contra la modificación en materia energética y el aumento de impuestos está el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), que a la par de esa protesta genérica desarrolla sus tareas específicas para convertirse en partido. El próximo 6 se realizará una marcha que tiene por destino final (ahora sí) el hasta ahora inasible Zócalo capitalino. Allí deberá AMLO decidir cuál será el estilo de resistencia civil pacífica que sostendrá ante la desatención peñista de su llamado a que el mexiquense impulse una consulta popular sobre energéticos antes de que el congreso resuelva sobre el asunto, lo que según el tabasqueño habrá de suceder el 15 de octubre a más tardar (por lo pronto, López Obrador dio ayer una semana de plazo a EPN para que conteste sobre la consulta solicitada).
Para multiplicar fuerzas, AMLO ha aceptado que se convoque a un frente en el que participará Cuauhtémoc Cárdenas y, con él, la vertiente perredista encabezada por los Chuchos. Era natural que así sucediera desde que el tabasqueño y el michoacano hicieron en días pasados un llamado a la unidad. En el flanco moreno había resistencia a verse nuevamente igualados con el chuchismo, así fuera solamente de manera visual en los templetes. Pero, si el dirigente de Morena dijo estar dispuesto a sentarse a dialogar con Peña Nieto difícilmente podría negarse a hacerlo con Zambrano y Ortega, o a compartir tribuna con ellos o específicamente con quien hoy preside el PRD.
Astillas
Jair García consigna en La Jornada Veracruz el despliegue de seguridad que acompañó a Sofía Castro Rivera en la presentación de la obra teatral El cartero, en el Teatro del Estado: 40 elementos del Estado Mayor Presidencial y otros tantos soldados, una docena de policías federales, una veintena de policías estatales y otro tanto de agentes de tránsito, así como un número indeterminado de policías auxiliares. La hija de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, y de José Alberto Castro, también requirió para su seguridad del uso de detectores de metales, en arcos a las entradas del teatro y de forma manual para la revisión directa de los asistentes a la obra. Desde días antes de la función se prohibió el estacionamiento de vehículos en los alrededores y sólo se vendió un máximo de cuatro boletos a cada solicitante, previa presentación de identificación oficial. El día del espectáculo fueron removidos con grúas los vehículos cercanos que parecieron sospechosos a los guardianes y fue conjurado cualquier riesgo para la visitante al levantar con camiones la basura y el escombro de la parte trasera del teatro. El reportero García señaló que las medidas de seguridad aumentaron por la tarde, pues Sofía Castro llegó resguardada por más miembros del Estado Mayor Presidencial, policías federales, soldados del Ejército, elementos de la SSP y en todo momento abriéndole paso agentes de tránsito (http://bit.ly/1eSnYpS)... Y, mientras el PAN aprieta en el tema del IVA y lo fiscal, con la vista puesta en su clientela de clase media, ¡hasta mañana, con el papa Francisco enviando 100 mil dolarucos a los mexicanos damnificados por las lluvias (hay ricos rancheros, exportadores de productos sin registro legal, que aportan más que eso de limosna al cura de su preferencia)!
Fuente: La Jornada| Julio Hernández López
