Funcionario de Gobernación alertó a Ángeles Mondragón y le pidió extremar precauciones
Están a punto de resolverse 15 juicios y si los fallos nos favorecen deberán restituirnos los terrenos, dice la
activista, quien en abril recibió premio de derechos
En 2010 mataron a su marido e hirieron a su hija
Chihuahua, Chih. ¡Échense a esa pinche vieja!, no va entender de otra manera, ya le balearon a la hija, ya le mataron al marido (...) Esa es la única manera. Estas palabras son parte de las amenazas que comentaron en público ganaderos del municipio de Carichic y funcionarios públicos en esa zona del estado, donde desde hace años los ejidatarios indígenas de Baqueachi, apoyados por la abogada Estela Ángeles Mondragón, luchan por la recuperación de sus tierras invadidas.
Amigos de Ángeles Mondragón, quien hace menos de un mes recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, que escucharon las amenazas hechas en forma abierta en la cabecera municipal de Carichic, le hablaron de inmediato y la pusieron sobre aviso.
Lo mismo le fue confirmado apenas el martes por el director de Gobernación del estado, Wilfrido Campbell, quien le advirtió que debía extremar precauciones, en la medida en que se están desahogando una serie de juicios contra los ganaderos invasores, tanto en materia agraria –para que entreguen los predios– como de tipo penal, por delito de despojo, dado que volvieron a ocupar las tierras que un tribunal agrario restituyó al ejido indígena en noviembre de 2011.
El miedo y la tensión con que viven los dirigentes indígenas del ejido Baqueachi, Valentín Chávez, Pedro Chávez y el primer gobernador tradicional Patricio Chávez, se incrementó en estos días, debido a que el Ministerio Público citó en audiencia al ganadero José María Sandoval Espino para que responda por las acusaciones de despojo de tierras.
El ganadero metió más de cien reses en el predio El Divisadero, que ya había sido restituido al ejido indígena por el Tribunal Agrario, y actuarios del mismo les dieron posesión de las tierras.
Durante un año los ejidatarios hicieron trabajos de recuperación de suelos en las más de 300 hectáreas del predio El Divisadero, plantaron pinos y construyeron una cerca para protegerlos del ganado, todo apoyado por un programa oficial de reforestación que les liberó 3 millones de pesos para ese proyecto.
Sin embargo, en abril del 2012, el ganadero José María Sandoval Espino metió al terreno más de cien vacas, colocó cadenas y candados, que según la ley ganadera impiden a los dueños del predio sacar las reses, porque incurrirían en delito de abigeato.
Desde entonces, el comisariado del ejido indígena demandó al ganadero por despojo de tierras. El jueves pasado sostuvieron audiencia, a la que Sandoval Espino no acudió, y dos días antes, la abogada Estela Ángeles Mondragón recibió la llamada de las autoridades de Gobernación estatal para que extreme precauciones ante las nuevas amenazas de muerte que algunos rancheros afectados lanzaron en su contra.
Medidas cautelares
Por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la abogada Estela Ángeles Mondragón es una de 10 activistas sociales y defensores de derechos humanos de Chihuahua que gozan de medidas cautelares.
Quizá a eso se deba la intervención del director de Gobernación para que tengamos cuidado; también están a punto de resolverse otros 15 juicios pendientes, y si los fallos nos son favorables, nos deberán entregar las tierras. Cuando ganamos los primeros juicios asesinaron a Ernesto, dijo la apoderada legal del ejido, en referencia al asesinato de su marido, Ernesto Rábago Martínez, ocurrido el primero de marzo de 2010.
Rábago Martínez fue asesinado en el despacho que compartía en la capital del estado con su esposa, la abogada Estela Ángeles. El 18 de febrero también de 2010, Denny Loya Ángeles, hija de la jurista, recibió un balazo en un brazo cuando estaba en la cochera de su vivienda. El 18 de marzo de 2009 desconocidos incendiaron su despacho con dos bombas molotov.
Fuente: La Jornada | Miroslava Breach Velducea
