La historia se repite en prácticamente toda la agujereada República. Sin ton ni son, el gobierno federal otorga generosas concesiones mineras a empresas autóctonas y foráneas para que se embolsen la riqueza que se presume del Estado mexicano y arrasen con las comunidades en donde se localizan las áreas explotables. A estas alturas, más del 26 por ciento del territorio nacional se ha concesionado a dichos corporativos, entre los que destacan los canadienses, para que, sin más, se conviertan en propietarios de los metales preciosos.
En el cuento de nunca acabar, el estado de Morelos forma parte de este latrocinio, concretamente la mina de tajo abierto en Tetlama, municipio deTemixco, ubicada a sólo doce kilómetros de Cuernavaca e instalada en medio de dieciséis pueblos que se ven severamente afectados por los trabajos de extracción. La empresa canadiense Esperanza Silver Corporation aparece como propietaria, y explica así su proyecto: anteriormente conocido como Cerro Jumil, es un depósito de oro con recursos por 1.5 millones de onzas de oro y 16 millones de onzas de plata. Con su atractivo bajo costo, se espera que produzca más de 100 mil onzas de oro anuales (a partir de 2015). Esperanza es liderado por el equipo directivo anterior de Minefinders Corporation (subsidiaria de la también canadiense Pan American Silver). Lo mejor del caso es que este corporativo presume que existe un fuerte apoyo comunitario para el proyecto...
Pues bien, como parte de ese fuerte apoyo comunitario, el próximo 10 de abril se realizará la caravana por las comunidades afectadas, porque, advierten sus organizadores, la vida, el agua y la tierra valen más que el oro, y por eso los pueblos de Morelos decimos ¡No! A la mina propiedad del citado consorcio canadiense. Las comunidades afectadas advierten que nuestros sagrados cerros serán destruidos con explosiones diarias para pulverizar la roca, que después será lavada con cianuro de sodio (para extraer el oro) y con mercurio (para obtener plata)
La primera etapa del proyecto explotará el cerro El Jumil, advierten, pero la minera tiene proyectadas diez áreas adicionales de exploración y explotación, incluida la zona arqueológica de Xochicalco. Una vez más volvemos a ser el blanco de gobiernos criminales y ladrones. El gobierno actual ha concesionado más de 15 mil hectáreas de nuestro territorio a la empresa minera Esperanza para la extracción de oro, plata y otros metales. Las comunidades que nos encontramos dentro del polígono de la concesión pertenecemos a los municipios de Temixco, Niacatlán y Xochitepec.
El cianuro que se utiliza para extraer oro, explican los organizadores de la caravana, puede provocar enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos, estado de coma e incluso la muerte. Los trabajadores que se expongan a niveles bajos de cianuro por varios años, pueden presentar problemas respiratorios, dolores de pecho, vómito, alteraciones en la sangre y un sinnúmero de padecimientos de esta naturaleza. Asimismo, la exposición a altos niveles de mercurio (utilizado para extraer la plata) puede dañar de forma permanente riñones y cerebro, y al producto en el caso de las mujeres embarazadas. En este sentido, la empresa utilizará una solución de cianuro de sodio a una tasa de 12 litro por metro cuadrado por hora.
También nos quitará el agua, subrayan, ya que la mina requiere de grandes cantidades del líquido para llevar a cabo el proceso de lixiviación con cianuro. Tan sólo en el proyecto El Jumil, la empresa realizará de tres a cinco pozos de 200 metros de profundidad para extraer el agua, cuyo consumo promedio rondará los 20 litros por segundo (72 mil litros por hora). El agua de los ríos también será captada para el lavado de las rocas. Así los pueblos se quedarán sin aguas superficiales y subterráneas, además de que éstas serán contaminadas por los desechos tóxicos.
Estiman que la empresa obtendrá una ganancia cercana a 2 mil millones de dólares, de los que, advierten, no veremos ni la sombra. He allí el fuerte apoyo comunitario que tiene este proyecto minero.
Las rebanadas del pastel
Si de Morelos se trata, al de por sí crispado ambiente que por la inseguridad priva en el estado, Graco Ramírez permite el perverso desbarajuste que impera en el área de procuración de justicia, en donde resulta más que evidente el jaloneo por el mando, en medio de dádivas y tráfico de influencias. Desde Cuernavaca, el colega Jesús Castillo García documenta uno de los más recientes casos: “la Visitaduría de la Procuraduría de Justicia inició una investigación ante la posibilidad de que existan irregularidades graves en una carpeta o expediente relacionado con representantes vecinales del Fraccionamiento Granjas Mérida, en el municipio de Temixco. Y es que un grupo de vecinos inconformes interpusieron una denuncia por despojo en contra de quienes se ostentan como dirigentes de la Asociación de Condóminos, pero en lugar de aplicar la ley la subprocuradora Nora Rebeca Romero Velázquez y la fiscal especial contra delitos patrimoniales, Irma Nayeli Hernández Mora, hicieron todo lo necesario para emitir un auto de no ejercicio de la acción penal, garantizando así impunidad para esas personas que también enfrentan otra denuncia por fraude. Inexplicablemente el expediente o carpeta de investigación fue sustraído del Ministerio Público de Temixco y llevado a la Fiscalía contra delitos patrimoniales, en el sector central de la Procuraduría, en Cuernavaca, donde lo mantuvieron escondido hasta que el veredicto favorable a los denunciados estuvo terminado. Incluso, uno de los abogados de los denunciantes se entrevistó con la mencionada fiscal explicándole su intención de conocer los avances dentro de la averiguación, recibiendo en respuesta un ´véngase la próxima semana y lo analizamos´, cuando en realidad se estaba firmando ya el no ejercicio de la acción penal. De esta manera, cuando los vecinos pidieron hablar con el procurador Rodrigo Dorantes Salgado, se encontraron con que ya no había nada qué hacer porque la subprocuradora Nora Rebeca y su subordinada Irma Nayeli, ya habían exonerado a los acusados. Ahora la Visitaduría analizará el expediente para ver si la resolución estuvo apegada a derecho y se cumplieron todos los requisitos del debido proceso, así como irregularidades de tipo administrativo. Ahora que se dé la reestructuración de la Procuraduría de Justicia, si es que se da, sería conveniente que se pusiera especial atención a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, pues es ahí donde los expedientes ‘duermen el sueño de los justos’”.
Fuente: La Jornada | Carlos Fernández-Vega
