La primera razón por la que ha de someterse a juicio a Felipe Calderón es por haber impuesto, sin necesidad, la guerra a México. El combate al crimen organizado, urgente y necesario, debió haberse llevado a cabo con energía, firmeza y eficacia, pero sin exponer a la nación a un baño de sangre que no tiene todavía visos de terminar, en virtud de que no hay cambio ni de perspectiva ni de estrategia con el nuevo gobierno.
En un Estado moderno, en una democracia, no puede ni debe ese que ocupa la jefatura del Estado y está a cargo de la comandancia general de las fuerzas armadas desatar una guerra sin consultar a su pueblo y sin la autorización del Poder Legislativo. Quien de esa manera actúa, quien así violenta las formas de vida democrática, y en la medida en que es solo suya la responsabilidad ha de asumir las consecuencias políticas y judiciales de sus actos.
A nadie consultó Calderón. A nadie pidió permiso. Sin un diagnóstico preciso de la situación, sin una estrategia definida, sin objetivos claros. Sin prever tampoco las consecuencias fatales de embarcarse en una cruzada sangrienta, ordenó, apenas iniciada su gestión, el despliegue de decenas de miles de efectivos militares en el territorio nacional.
Lo hizo sin considerar el principio jurídico y estratégico de la necesidad y la proporcionalidad. Solo ha de irse a la guerra agotadas todas las instancias y cuando la sobrevivencia misma de la nación está en juego. Cuando es absoluta y totalmente necesario.
Solo ha de irse a la guerra cuando se ha medido, con precisión y responsabilidad, la capacidad de respuesta del enemigo y se está preparado para la misma. Solo ha de aplicarse la fuerza necesaria y con la contundencia debida para que el enemigo no reaccione proporcionalmente, como está obligado a hacerlo y el conflicto se perpetúe.
Calderón, en la comodidad de sus oficinas blindadas, sin pisar jamás el terreno de combate, no se detuvo a pensar en esto. Actuó movido por intereses mezquinos y facciosos que nos toca descubrir y exponer. Convirtió un asunto estrictamente policiaco en la más grave amenaza que ha enfrentado y enfrenta la seguridad nacional y las ciudadanas y los ciudadanos en la historia reciente. A los criminales los volvió enemigos y regido por la lógica de la guerra decidió su exterminio y no su presentación ante la justicia.
Presentación que, por otra parte, era imposible dado que, al desatar la guerra, Calderón precipitó el colapso de los cuerpos policiacos, los ministerios públicos, el sistema penitenciario y el sistema judicial mexicano, ya de por sí sometidos a la acción corrosiva de la corrupción. Como un juego de naipes todo terminó de venirse abajo al sacar la tropa a la calle y suponer que podría, sin tener preparación ni atribuciones, cumplir con labores policiacas.
El despliegue masivo de tropas con el aparente propósito de brindar seguridad a la población no hizo sino exponerla a más peligros. Por un lado la dejó más vulnerable todavía a las represalias de los criminales y, por el otro, la volvió blanco fácil de una tropa que, sin preparación ni protocolos y con miedo, se comportó como elefante en cristalería.
El enorme poder de fuego del Ejército que produjo el inmediato y proporcional escalamiento del poder del fuego del narco hizo crecer exponencialmente las llamadas bajas colaterales. Los civiles asesinados por unos y otros fueron en aumento, igual que la cantidad de desaparecidos. Por estas muertes, en tanto que decidió y condujo la guerra, ha de ser enjuiciado también Calderón.
Y la condujo, y esta es la tercera razón por la que debe llevársele a juicio, con criminal ineficiencia sometiendo las operaciones militares a sus intereses propagandísticos y políticos. Hizo Calderón la guerra con brutal ineptitud sometiendo a los mandos militares a una presión por resultados que los hizo primero cometer trágicos errores y después, con tal de anotarse éxitos, optar por la creación de cuerpos paramilitares y escuadrones de la muerte libres de toda atadura institucional.
Este tipo de acciones, el hecho de que, por ejemplo, la Marina comenzó a operar con el principio de no hacer prisioneros, radicalizó la posición del crimen organizado sabedor de que rendirse ya no era opción y sembró en el seno de las mismas fuerzas federales el germen de una profunda descomposición. La que pagó con sangre fue, como siempre en estos casos, la población civil.
Desde el punto de vista táctico, por otro lado, los golpes de mano, las ejecuciones extrajudiciales, la acción de la tropa lenta, ineficiente y previsible provocaron la dispersión de las grandes organizaciones y la creación de centenares de bandas aún más violentas y despiadadas que los carteles tradicionales.
Por el fortalecimiento del crimen, resultado de su guerra fallida, ha de juzgarse también a Calderón. Fueron las suyas solo victorias pírricas; buenas solo para spots y entrevistas a modo, para el obsceno lucimiento, en su espejo de la tv, de un megalómano que, por el bien de la nación y para que esto no vuelva a ocurrir, ha de sentarse en el banquillo de los acusados.
Fuente: Milenio | Epigmenio Ibarra
