Guerrero vive el caso más reciente de una anomalía social: pueblos que, hartos de la ineficacia de la autoridad formal, implantan su propia ley
A últimas fechas, comunidades rurales y urbanas se han visto obligadas a tomar la seguridad en sus manos, lo que evidencia una ausencia del Gobierno, afirmaron especialistas.
Los casos más recientes de este fenómeno son, en Guerrero, los grupos de autodefensa que han montado retenes a la entrada de sus poblados con el fin de enfrentar a la delincuencia.
Pero no es el único lugar: otras comunidades se han organizado para tomar las riendas de la seguridad, como la zona indígena del Valle del Mezquital, en Hidalgo; el Municipio de Cherán, Michoacán, e incluso municipios del oriente del Edomex y algunas delegaciones del DF.
"Estamos frente a un problema en el que el Estado está ausente, donde las normas gubernamentales no operan, donde la ley y la Policía están desmontadas, están en retroceso o existen poderes paralelos", advirtió el sociólogo y antropólogo Roger Bartra.
"Es un fenómeno propio del atraso y la miseria que han desencadenado decenios de corrupción estatal y mal Gobierno".
Las "Policías comunitarias", la organización vecinal para colgar mantas en las que se amenaza a la delincuencia, los linchamientos y el surgimiento de municipios autónomos dejan ver, según los especialistas, el colapso de las instituciones del Estado en muchas regiones del País.
"La justicia por propia mano es un fenómeno que denota insuficiencia de respuestas institucionales eficaces ante el delito y muestra la exasperación de diversos sectores de la población.
Cuando el Estado falla en lo elemental, propicia fenómenos de autodefensa", señaló el jurista Diego Valadés.
En tanto, el politólogo Luis Rubio dijo que, cuando la comunidad tiene que organizarse para protegerse, es evidente que la autoridad es sólo formal, no real.
Autodefensa: suplantar al Estado
Al menos 100 comunidades de 20 municipios de Guerrero han decidido hacer justicia por su propia mano, en una estrategia de autodefensa que la semana pasada provocó la muerte de un presunto delincuente.
Ante la ascendente ola de violencia en la región, cada vez más comunidades se declaran en autodefensa y, armados, impiden el acceso a sus localidades para protegerse de la delincuencia organizada.
El fenómeno no es nuevo en Guerrero: en el marco de las campañas electorales de 2012, los habitantes de los municipios de Huamuxtitlán, Cualác y Xochihuehuetlán rescataron a 18 personas que habían sido plagiadas casi de forma simultánea, uno de ellos candidato priista a presidente municipal. Los pobladores retuvieron al alcalde de Huamaxtitlán, acusado de tener nexos con el crimen organizado, desarmaron a los cuerpos policiacos e incendiaron patrullas. Tres de los presuntos plagiarios fueron salvados por elementos del Ejército cuando la comunidad los iba a linchar.
En diciembre, 30 comunidades del municipio de Olinalá constituyeron un cuerpo policiaco para defenderse de las bandas de delincuentes y se integraron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), cuyo sistema de justicia emplea el concepto de "reeducación" de los delincuentes.
La toma de protesta de los nuevos policías se realizó en el marco de la ceremonia por el 38 aniversario de la muerte del guerrillero Lucio Cabañas.
En 1995 habitantes de la Costa Chica y la Montaña fundaron la Policía Comunitaria que protege hoy a 77 comunidades de 12 municipios.
Este año el fenómeno se ha agudizado: el 5 de enero, pobladores de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, en la Costa Chica, montaron retenes en las vías de acceso a sus pueblos y se presentaron como policías comunitarios que ejercían esta acción ante la falta de garantías de protección por parte del gobierno estatal.
Desde ese día los vigilantes auspiciados por la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) han montado operativos contra la delincuencia, establecieron un toque de queda y suspendieron las clases en más de 30 escuelas, advirtiendo que regresarán a la normalidad hasta que se erradique la presencia del crimen organizado. Han detenido a más de 40 supuestos delincuentes.
Al menos 300 elementos del Ejército y de la Policía Federal y estatal arribaron al municipio para vigilar de manera conjunta con los pobladores armados.
Habitantes de Tonalapa, Coatepec, Tixtla y Ahuehuepan también instalaron retenes en la región. En este último ya surgió un grupo autodenominado Movimiento Revolucionario de Pueblos Unidos.
A la estrategia implementada por la Policía comunitaria se han unido en los últimos días pobladores de las cabeceras municipales de San Marcos, Florencio Villarreal, Copala, Cualác y Cuautepec.
En Atliaca, municipio de Tixtla, en la madrugada del 22 de enero, un presunto delincuente fue muerto a tiros por el grupo de pobladores que asumió su autodefensa.
El 21 de enero el gobierno de Guerrero entregó patrullas, uniformes y dinero para balas a un representante de la CRAC. El coordinador regional de la organización, Pablo Guzmán Hernández, señaló que a algunos de sus miembros nos les agrada la legitimación del gobierno.
Linchamientos
La estrategia de autodefensa no es nueva en el país ni exclusiva de Guerrero.
Tan sólo en los últimos cinco años, expresiones de esta naturaleza se han dado en Hidalgo, Puebla, Jalisco e incluso en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
En Hidalgo, a finales de 2008, los indígenas del Valle del Mezquital asumieron su propio resguardo y crearon una policía comunitaria en Ixmiquilpan, con la que además de perseguir a los presuntos delincuentes, determinan el castigo y la forma de reparación del daño.
Un caso emblemático es Cherán, Michoacán, donde sus habitantes sufrieron durante años el acoso de los talamontes hasta que, en abril de 2011, un grupo de mujeres decidió enfrentarlos. La comunidad echó al presidente municipal, prohibió hacer propaganda política de cualquier partido de cara a las elecciones de noviembre, y en enero del 2012 eligieron un consejo municipal autónomo.
En el mismo estado, pero en la comunidad de Urapicho, en el municipio de Paracho, un grupo de comuneros armados y encapuchados difundió en octubre de 2011 un video para denunciar el acoso del crimen organizado y la omisión de las autoridades locales. La comunidad colocó retenes en los ingresos al poblado y solicitó apoyo al gobierno federal.
Durante el 2012, en el Valle de México y Puebla se sucedieron linchamientos y amenazas vecinales a la delincuencia.
Cinco personas fueron linchadas por vecinos de Chalco y Texcoco, y 17 más lograron ser rescatados por cuerpos policiacos. En Puebla dos presuntos delincuentes fueron linchados y tres más pudieron ser rescatados por los elementos policiacos.
Los mensajes que advierten que los delincuentes que sean sorprendidos no serán remitidos al Ministerio Público sino que serán linchados por la población se han multiplicado en municipios como Coacalco, Melchor Ocampo y San Mateo Atenco, y en delegaciones como Venustiano Carranza, Xochimilco e Iztapalapa.
Grupos armados
Otro caso destacado de comunidades organizadas al margen del Estado mexicano para cubrir sus necesidades básicas es el de los 38 municipios autónomos conformados por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde finales de 1994 en Chiapas.
Las comunidades están agrupadas por un Consejo Autónomo Municipal, cuyos representantes integran a su vez uno de los cinco Caracoles, vigilados por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN.
El 21 de diciembre de 2012, ante los reflectores internacionales que otorgaba el supuesto "fin del mundo", más de 40 mil miembros y bases de apoyo del EZLN caminaron por cinco municipios en silencio para evidenciar su permanencia 19 años después del levantamiento armado.
Otro caso es el de San Juan Copala, Oaxaca: una parte de la comunidad triqui se declaró a partir de 2007 municipio autónomo, pero los conflictos entre las distintas organizaciones –Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), señalada como un grupo paramilitar– han generado un ambiente de violencia que ha obligado a comunidades completas a dejar su territorio desde 2010.
Santa María Ostula, Michoacán, es un ejemplo más: sus comuneros recuperaron alrededor de mil 300 hectáreas que estaban en manos de pequeños propietarios del poblado La Placita, lo que ocasionó el asedio de grupos paramilitares y que la comunidad de Ostula organizara su policía comunitaria tradicional y nombrara una guardia comunal. Hasta 2011, 27 activistas fueron asesinados y cinco más fueron desaparecidos en un periodo de dos años.
En paralelo surgen esporádicamente grupos rebeldes. En los últimos cinco años, el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) ha registrado comunicados emitidos por al menos 17 grupos levantados en armas.
Uno de los más activos es el EPR, que desde el 2 de diciembre repudió la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
"¡A impulsar la resistencia popular y la autodefensa del pueblo!", exhortaban en su comunicado.
Fuente: Reforma | Andro Aguilar
