La tragedia juvenil de Santa María, la ciudad universitaria de Brasil donde se produjo un incendio que causó cuando menos unas 240 muertes, exige revisar el funcionamiento de los múltiples establecimientos mexicanos de diversión nocturna que suelen constituir trampas mortales sabidas y toleradas por la generalizada corrupción gubernamental y agravadas por el poderío y la agresividad crecientes de la delincuencia organizada.
Las noches juveniles de fin de semana están caracterizadas en México por el sometimiento a la arbitrariedad clasista en las formas de admisión a los locales de esparcimiento, a la adulteración de bebidas alcohólicas, al cobro abusivo y a veces violento de las cuentas de consumo (con la inclusión ilegal de propinas obligatorias, en muchísimos casos), al control irracional de los equipos de seguridad privada (que luego cierran las puertas de los sitios en emergencia para que los clientes no salgan sin pagar) y, peligrosamente, al diseño y operación de inmuebles sin adecuadas ni suficientes salidas, sin las medidas de seguridad correspondientes, con sobrecupo frecuente, convertidas en latentes escenarios mortales.
La corrupción e impunidad en esos antros pasa por las cuentas electorales secretas de muchos partidos. Las mafias empresariales suelen hacer contribuciones en efectivo y sin recibo a candidatos que a la hora de gobernar devuelven los favores permitiendo múltiples anomalías. La proclividad a hacer tratos redituables con esas mafias alcanza a todos los partidos. No se diga del priísmo que en todos los niveles (federal, estatal y municipal) fomenta esas alianzas criminales. También el PAN (basta ver el caso de los permisos para casinos). Y en el PRD, como pudo verse en los casos del Lobohombo y el News Divine (recuérdese que Joel Ortega, ex secretario de seguridad pública, ha sido nombrado director del Metro). Viéndose en los recientes espejos dramáticos del Madrid Arena, en España, y del Kiss de Santa María, en Brasil, bien harían los políticos mexicanos en el poder, y la sociedad en general, en atender con oportunidad y firmeza el caso de las noches juveniles mexicanas también en constante peligro.
Un antro nayarita playero tuvo un significativo invitado de honor: el cantante Joan Sebastian fue llevado por el gobernador Roberto Sandoval para que departiera con diputados y senadores que realizaban en Bahía de Banderas una gozosa sesión plenaria para definir su agenda legislativa del presente año. Así fue que el llamado Rey del Jaripeo apareció en fotografías junto a Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, los coordinadores de las bancadas del partido de tres colores, en una insólita cercanía que remarcó el amiguismo, pues el gobernador Sandoval dijo que el cantor de Tatuajes y de Secreto de amor es su amigo desde hace años, y que acercó de manera innecesaria a los congresistas federales del PRI al tema del narcotráfico pues, como podría haberse enterado cualquiera de los mandamases priístas en alguna de las publicaciones culturales y académicas apropiadas para este sexenio, como el TV Notas (http://bit.ly/WqqycC), a Joan Sebastian (dos de cuyos hijos adultos fueron asesinados) lo persiguen las versiones de involucramiento con el narcotráfico y se le ha acusado de violaciones a derechos laborales y de apropiación de tierras. Como diría otro cantautor famoso: ¿Pero qué necesidad?
Otros músicos, en Nuevo León, desaparecían como en los mejores tiempos del calderonismo. El Kombo Kolombia fue a tocar en una fiesta particular al municipio de Hidalgo y desde entonces nada se sabe de alrededor de veinte personas, entre ejecutantes y miembros de su equipo de trabajo. Ese y otros incidentes graves poca difusión tendrán si avanza el deseo del peñanietismo de establecer una política informativa que no haga apología del delito. A diferencia de lo que sucedía durante el felipismo, cuando la turbia personalidad gobernante parecía disfrutar de la difusión intensa de detenciones y logros (recuérdense las cápsulas radiofónicas y televisivas con voces cavernosas hablando de capos, alias y demás detalles de las aprehensiones gloriosas), ahora el priísmo pinolero intenta disimular la continuidad del baño nacional sangriento con una especie de disimulada ley mordaza que considera que no hablando de la criminalidad desatada ésta será menos percibida por la sociedad y que entonces será posible instalar estadísticas y declaraciones triunfalistas.
Retorcimientos mediáticos en busca de hacer pasar como naturales lo que son aberraciones, en el table dance de la política mexicana. Peña Nieto se hizo del poder con base en un programa que a pesar de la clásica ambigüedad doctrinal del PRI le comprometía a rechazar más formas de privatización en materia de energéticos y a no establecer cargas fiscales a la población en alimentos y medicinas. Tan sencillo como cambiar tales principios doctrinales, de tal manera que ya se alista la reforma a los documentos básicos del Revolucionario Institucional para ajustar su letra a los compromisos de Peña Nieto con inversionistas nacionales y trasnacionales. Calderón desató una guerra contra el narcotráfico de la que nunca habló en campaña; Peña Nieto desnacionalizará Pemex e impondrá IVA a alimentos y medicinas contra lo que había esbozado como compromisos de gobierno.
Y, mientras se sabe cómo va la demanda contra Arturo Montiel, el Primer Tío del país que se quedó con los hijos que tuvo con otra francesa, que fue su esposa (¿o el arreglo con François Hollande fue de espectacular entrega de Florence Cassez y silencio respecto a Maude Versini?), ¡hasta mañana, viendo la jugada priísta de descalificar al calderonista Gerardo Laveaga en su toma de posesión como nuevo presidente del Ifai (acusándolo con escándalo de hechos y dichos que probablemente son ciertos pero que no se habían denunciado así sino hasta ahora) para que los legisladores de tres colores tengan motivo para remover a consejeros y a Laveaga, en un transparente reacomodo de última hora a las conveniencias de Los Pinos!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
